Caseta de peaje México-Toluca, las filas de carros alcanzaban medio kilómetro, pero Atanasio estaba tranquilo porque con su tag cruzaría por la línea rápida. Bajó la velocidad y listo para continuar sucedió lo impensado: la pluma no se abrió. “Debe ser error de lectura”, pensó. Malhumorado, un empleado se acercó a leer manualmente el tag. “No tiene saldo”, le dijo. “Tengo 195 pesos y el peaje cuesta 97”, espetó Atanasio. Indolente, el empleado respondió: “sí, pero ayer nos informaron que debe tener al menos 230 pesos. Libere el carril y pague en efectivo o puede dejar un objeto de valor, como su computadora”. “No tengo efectivo ni computadora, ¿aceptan tarjeta? O me regreso y tomo la carretera libre”, sugirió Atanasio. “No se puede regresar y no aceptamos tarjeta. Otra es que llame a alguien con tag y de ahí nos cobramos”. Angustiado, Atanasio preguntó como último recurso: “señor, ¿y si cargo el tag desde mi tarjeta?” Agresivo, el dependiente respondió: “sí puede, pero tarda una hora en abonarse. Estaciónese y en una hora pasa”. Analicemos las opciones, porque esta conversación surrealista es real y sucede en 2022 en una de las 20 economías supuestamente más desarrolladas del mundo.
Opción 1: tener 230 pesos de saldo para pagar 97. ¿Es esto legal cuando no está ni siquiera anunciado a la entrada de la autopista o en la caseta misma? Por supuesto se comunica verbalmente por ser claramente anticonstitucional. La segunda pregunta sería: ¿qué tasa de interés pagará la empresa prestadora del servicio por el saldo no utilizado y que obligan al usuario a tener detenido en el famoso tag?
Opción 2: pagar en efectivo o dejar una computadora. ¿En dónde estamos que un servicio público concesionado no es obligado a aceptar tarjetas, en tiempos de extinción del efectivo y con todos los opacos manejos fiscales a los que se presta ese efectivo? ¿Dejar una computadora? Ya ni en las peores cantinas aceptan bienes en prenda. Esto es algo absurdo, que debe regularse.
Opción 3: regresarse y tomar la carretera libre. Ante una medida no anunciada previamente, la opción de devolverse debería ser un derecho básico de la prestación del servicio. No es así: es pagar o pagar; una extorsión legalizada, vaya.
Opción 4: Llamar a un conocido con tag para cobrarse. De la extorsión pasamos entonces al secuestro legalizado. ¿Quién norma esto y cómo puede permitirse?
Opción 5: Recargar el tag y esperar una hora. Aquí sí voy a hacer negocio y ofreceré a estos miserables los servicios de una de mis empresas, que con dos líneas de código haría que los pagos se reflejen en tiempo real. Esto es ridículo.
Ante lo absurdo, Atanasio tomó dos decisiones: acelerar para romper la pluma e iniciar después una acción colectiva en contra de estos bandidos. Lo primero ilegal, lo segundo legal, pero todo racional frente a la oprobiosa injusticia. Este es el Macondo nacional de tu Sala de Consejo semanal.
Arnulfo Valdivia Machuca
@arnulfovaldivia
