Los litigantes de la vieja –y buena– guardia dicen que el Derecho se sostiene con documentos, pero en Puebla hay quienes insisten en litigar con ocurrencias. El conflicto territorial e inmobiliario en La Covadonga acaba de sumar su cuarto revés judicial consecutivo contra los invasores, dejando una lección que en los pasillos de la política local debería verse con lupa: en los tribunales federales, las capturas de pantalla no sustituyen a los títulos de propiedad.
El Primer Tribunal Colegiado con sede en Tlaxcala resolvió el recurso de revisión 202/2026 de manera definitiva e inatacable, confirmando la postura del Tercer Juzgado de Distrito. La resolución no solo deniega el amparo a los paracaidistas que pretendían apropiarse de un predio de 8.5 hectáreas perteneciente a la Fundación Julita y Antonio, sino que además deja al descubierto la pobreza de su defensa jurídica, que pretendió acreditar la ubicación del terreno dentro de aquel territorio exhibiendo, literalmente, impresiones de páginas de Facebook.
Frente al surrealismo procesal de los invasores, la representación legal a cargo de Jesús González Schmal mostró argumentos inapelables porque parten del Estado de Derecho: escrituras públicas, certificado de libertad de gravamen, boletas prediales del municipio de Puebla, registro catastral alineado a la Carta Urbana vigente y un dictamen pericial topográfico. La Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano de la capital poblana hizo lo propio al rendir los informes que confirman la jurisdicción del suelo.
Con esta decisión suman ya cuatro fallos federales en favor de la Fundación. En julio de 2025, la autoridad municipal ejecutó la demolición de 80 por ciento de las edificaciones irregulares; hoy, tras dinamitar el último reducto legal de los invasores, el 20 por ciento restante de las fincas en obra negra no tiene más destino que volverse polvo.
La pelota regresa a la cancha de Puebla capital; la justicia federal ha sido tajante cuatro veces seguidas para restituir un espacio destinado a fines sociales; según lo veo no hay motivos para retrasar la ejecución.
La orden ya se dictó, parece que estamos cerca de ver la demolición definitiva.
