El despojo de tierras no solo arrebata metros cuadrados; destruye el tejido social, alimenta la impunidad y siembra un ambiente de permanente miedo.
En el reportaje especial que publicamos este día en MILENIO Puebla —y que se colocó entre los contenidos más leídos en nuestra plataforma M+, dedicada a nuestras investigaciones de fondo—, mi compañero David Meléndez y un servidor revelamos una historia de abuso en La Covadonga que hoy lastima a una asociación civil noble, pero que refleja una vulnerabilidad que mañana puede sufrir cualquiera de nosotros.
Hablamos de 12.4 hectáreas pertenecientes a la Fundación Julita y Antonio destinadas a la asistencia social, convertidas en una auténtica pesadilla: invasiones a mano armada con hasta 50 sujetos, un fraccionamiento clandestino, un cuestionado tianguis de autos, un motel a pasos de una escuela primaria y hasta el rapto de dos policías auxiliares a quienes robaron su arma de cargo.
Todo un catálogo de descaro y usurpación creciendo a la sombra de los vacíos legales que derivan de que el predio en disputa se localice en los límites entre Puebla y Tlaxcala.
Entre las omisiones, resulta inadmisible que las órdenes de demolición de las viviendas invasoras, que ya estaban respaldadas por un amparo federal, se hayan ejecutado sólo a medias.
Sin embargo, en medio del tortuguismo institucional, es necesario reconocer el enorme valor de quienes no se rinden: los representantes de la fundación, como Jesús González Schmal, y los vecinos de la colonia Agrícola Ignacio Zaragoza, quienes, pese a las amenazas y el peligro constante, se atrevieron a declarar y a proceder strictly conforme a la ley.
El llamado a las autoridades, la Fiscalía y el Tribunal Superior de Justicia es directo: el caso tiene que concluir, no podemos permitir otro despojo.
Recuperar los predios de La Covadonga, ejecutar las sentencias pendientes y frenar a los abusadores no solo restituirá un patrimonio clave para las causas sociales; también devolverá la paz a una comunidad aterrorizada y demostrará que en Puebla el Estado de derecho prevalece.
