Aprovechando que las 12.4 hectáreas de la Fundación Julita y Antonio se ubican en la franja limítrofe entre la capital poblana y Tenancingo, autoridades de aquel municipio tlaxcalteca han solapado la edificación de un motel justo frente a la escuela primaria Leona Vicario. El escándalo escala a una dimensión penal mayor cuando entra en escena el hermano del edil, Rosendo Contreras Corona.
De acuerdo con expedientes judiciales citados por la periodista británica Louise Callaghan, para The Sunday Times, el hermano mayor del edil fue condenado en 2014 por trata de personas. Si bien el munícipe actual presume en redes que carece de antecedentes penales y busca desmarcarse, su nombre aparece en el expediente judicial: la víctima declaró que, cuando tenía 17 años, el hoy político la trasladó hacia la frontera norte del país.
Según lo veo, hay que tener muy mal tino o una enorme indolencia para que un alcalde salpicado por un expediente de trata autorice o solape la operación de un motel a pasos de un colegio, en un área estigmatizada por la prostitución y sobre un predio en litigio por despojo que legalmente pertenece a Puebla.
¿Qué más tiene que ocurrir para frenar esta cadena de impunidad transfronteriza? ¿De qué sirven los discursos y campañas contra la trata, el lenocinio y la violencia hacia las mujeres si desde las propias instituciones locales se pisotean la ética, el Estado de derecho y la protección a la niñez?
