El reciente operativo Cofradía en Puebla ha puesto de manifiesto una realidad que no podemos ignorar: la infiltración del crimen organizado en las fuerzas de seguridad es una amenaza latente para nuestra sociedad.
La detención de 10 personas, incluyendo funcionarios y ex funcionarios ligados a la seguridad pública, nos recuerda que la corrupción puede permear incluso las instituciones que fueron planeadas para protegernos.
Este tipo de situaciones socavan la confianza ciudadana y dificultan la labor de las autoridades, creando un círculo vicioso de impunidad que alimenta aún más el problema. No obstante, hay que decirlo, también era urgente tener la voluntad política para enfrentarlo. Es fácil decir que alguien tiene que meter el pecho, pero no cualquiera lo hace.
Como bien señalaron el gobernador, Alejandro Armenta, y la fiscal, Idamis Pastor, es hora de hacer una limpia en el sistema de seguridad y el poder judicial de Puebla.
Pero la lucha contra la infiltración del crimen organizado no se libra solo en las calles o los tribunales, debemos reconstruir el tejido social desde la raíz; fortalecer valores cívicos y éticos en nuestras familias y comunidades. Solo así podremos construir una sociedad más justa y segura.
Es crucial recordar que la infiltración del crimen organizado no es un problema exclusivo de Puebla. Es un fenómeno que se extiende en todo México y requiere de la colaboración de todos los sectores sociales para ser combatido. No podemos permitir que la impunidad y la corrupción sigan erosionando nuestras instituciones y minando la confianza en el Estado de Derecho.
La reconstrucción del tejido social es un proceso complejo y a largo plazo, pero es una tarea impostergable. Hay que fortalecer los lazos de solidaridad y cooperación en nuestras comunidades, fomentar la participación ciudadana y el empoderamiento de la sociedad civil.
Es urgente que las nuevas generaciones crezcan en un ambiente donde los valores cívicos y éticos sean la base de la convivencia social.
Según lo veo, el operativo Cofradía es una muestra de que es posible combatir la infiltración del crimen organizado en las fuerzas de seguridad. Pero es solo el primer paso.
Sociedad y gobierno, debemos trabajar con determinación para construir un futuro donde seguridad y justicia sean una realidad para todos.