Unidad electoral

Se deben fortalecer la armonía y la cohesión en momentos de profunda reflexión

Más allá de las posturas política partidistas en relación con la reforma electoral, debe prevalecer una postura de diálogo al interior de las instituciones electorales, porque la fortaleza de nuestro sistema electoral está en todas las personas comprometidas con la democracia, es decir, con un sistema donde prevalezcan una elecciones periódicas, libres y competitivas entre quienes aspiran a un cargo de elección popular, y para ello se requiere de todo un entramado institucional que los garantice.

Porque tanto los organismos electorales, los tribunales electorales, los partidos políticos, así como la misma ciudadanía, son piezas clave del diseño legal e institucional del sistema electoral mexicano que ha permitido la renovación pacífica y periódica de los poderes a través del voto libre y secreto.

Por ello, no debemos perder nuestra vocación democrática de contribuir a mantener y fortalecer la independencia, la objetividad, la autonomía, la legalidad, la certeza y la máxima publicidad, de los organismos electorales.

Por ello se debe fortalecer la armonía y la cohesión en momentos de profunda reflexión, e insistir a través de espacios de deliberación informada, sobre las fortalezas y necesidades del modelo electoral vigente.

Porque sin duda, no solamente tendríamos una reforma que no resuelve la demanda colectiva de fondo, que implicaba fortalecer la participación ciudadana, la reducción de costos y el acceso a los derechos políticos.

De hecho, se quedaron temas en el tintero como la reducción del financiamiento público a los partidos, un punto que se discute reforma tras reforma, considerando que ello implicaría modificar la fórmula constitucional.

Recordando que no importa el número de partidos vigentes, el monto a repartir es el mismo, ya que el financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos nacionales se fija anualmente (es decir), multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral federal, a la fecha de corte de julio de cada año, por el sesenta y cinco por ciento del valor diario de la UMA.

Tan solo para este año, una vez que se multiplicó el número total de personas ciudadanas inscritas en el padrón electoral con fecha de corte de 31 de julio de dos mil veintidós, esto es 94,910,965 (noventa y cuatro millones novecientos diez mil novecientos sesenta y cinco) por el 65% del valor diario de la UMA para el mismo año y que equivale a $62.54 (sesenta y dos pesos con cincuenta y cuatro centavos en moneda nacional), da como resultado el financiamiento público anual por concepto de actividades ordinarias permanentes para el año dos mil veintitrés por la cantidad de $5,936,016,484 (cinco mil novecientos treinta y seis millones dieciséis mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos en moneda nacional). Además, debemos considerar que también hay un financiamiento local (que implica casi la mitad de los recursos de los Oples).

También queda pendiente el contar con un calendario electoral único en el país, que implicaría que, en un solo día, a nivel nacional se tuvieran todas las elecciones, lo que elevaría la participación electoral, (cuando hay elecciones concurrentes se eleva la participación), y reduciría el costo de la democracia, porque no se tendrían elecciones prácticamente cada año.

Dentro de este calendario nacional único, se integren los procesos de consulta popular y revocación de mandato.

Porque debemos poner en el centro del debate los derechos políticos de la ciudadanía.