Sin duda alguna es un gran acierto del Congreso de Hidalgo poner en la agenda pública la discusión sobre la Reforma a la Ley Orgánica Municipal para el Estado. Aunque más que una reforma, se debe construir todo un nuevo marco legal, ya que la ley vigente fue cimentada sobre las bases de un súper presidencialismo que no fomenta la participación ciudadana y sí la concentración de poder en los presidentes municipales, quienes no cuentan con contrapesos formales.
Si bien la teoría dice que dicho papel les corresponde a los cabildos, en la práctica no sucede. El compromiso es mayor para la LXIV Legislatura, porque no es sólo construir los foros, sino escuchar la opinión de la ciudadanía y romper con los viejos vicios de tomar decisiones verticales. Si bien el objetivo es fortalecer el trabajo y la autonomía municipal, lo cierto es que implica cambiar el contrato social que otorga un gran peso político y formal al poder ejecutivo municipal. Propongo partir de tres elementos que deben ser torales: democracia municipal, participación ciudadana de la mano de las políticas públicas y la profesionalización de la administración pública municipal. El punto de inicio es fortalecer la democracia en los ayuntamientos, ya que es el nivel de gobierno más cercano a la población y donde no se encuentran canales claros de interlocución gobierno-sociedad, pues las y los regidores deberían fungir como un espacio de deliberación y filtro de las demandas sociales, para encauzar las soluciones a las mismas. Se debe eliminar la figura de elección de ayuntamientos por planillas, es decir, eliminar que en la misma boleta aparezcan las candidaturas a presidentes municipales, de las y los síndicos, así como de las y los regidores; para que la integración del cabildo se de a través del voto directo.
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