Durante las últimas semanas ha sido recurrente la discusión sobre la relación que mantienen los representantes del poder Legislativo y Ejecutivo en Hidalgo, diferencias que han sido notorias a raíz de la discusión por la reforma política, misma que se discute en la sede de la Cámara de Diputados, y que ha tenido como virtud, abrir la discusión a la ciudadanía, y no sólo entre los partidos políticos.
Lo que algunos ven como una mala relación, en realidad es reflejo del sentir de la ciudadanía, que se manifestó en las urnas, favoreciendo la conformación de un poder legislativo con una mayoría partidaria, distinta al partido del poder ejecutivo.
En una democracia funcional, es natural la conformación de pesos y contrapesos, como resultado de un proceso electoral, ya que la ciudadanía puede favorecer la conformación de un gobierno compartido (cuando el poder ejecutivo y la mayoría del legislativo son del mismo partido), o de un gobierno dividido (cuando el ejecutivo y el legislativo son emanados de diferentes partidos). La diferencia es que prácticamente desde la creación del Estado de Hidalgo, y como resultado de la conformación de un sistema político local de partido hegemónico pragmático, no se había presentado una “alternancia” en el poder legislativo. Históricamente la relación entre ambos poderes en la entidad había sido de sumisión, y control, fiel a un sistema político “presidencialista” donde el gobernador se erigía en el gran legislador. Situación que además influía en la conformación de un poder judicial, que también servía a los intereses del ejecutivo en turno. Sin duda se continúan dando pasos hacia una democracia en Hidalgo.
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