Desde hace tres décadas, con la incorporación de las políticas neoliberales en educación se comenzó a poner en el análisis de la situación la precarización del trabajo docente. Este fenómeno es posible entenderlo a partir de tres referentes: el salario, la pérdida de los derechos laborales y la intensificación en las tareas docentes (Sánchez y Corte, 2012). La precarización es un proceso paulatino en el ámbito laboral que lleva a las personas a condiciones de escasa estabilidad, deficiente, con pocos recursos y de inseguridad.
Las determinantes que la lógica de mercado (el capital) impuso en los procesos educativos son ilustrativos de la condición precaria del trabajo docente: prioridad por una política de estímulos (carrera magisterial, programa de incentivos, promoción horizontal) en lugar de una política salarial; prioridad por acciones de capacitación en lugar de procesos de formación (inicial y permanente); apertura del trabajo docente a distintas profesiones y/o perfiles en menoscabo a la formación docente en escuelas Normales o Unidades UPN; redefinición del trabajo docente para hacerse cargo de tareas ajenas a la enseñanza; currículum basado en competencias priorizando la formación técnica y disminución de la formación en humanidades; política de pensiones por cuentas individuales que avizoran una crisis de subsistencia al momento de la jubilación; entre muchos otros.
El Índice Mexicano para la Competitividad (IMCO) ubica, según sus estudios, que dentro de las diez carreras peor pagadas en México durante 2025 se encuentran aquellas referidas a la formación docente para la educación básica (principalmente preescolar y primaria), así como otras relacionadas con la orientación e intervención educativa, pedagogía y/ o trabajo social. Esta situación se explica si uno advierte que la fluctuación de los aumentos salariales al sueldo base de las maestras y maestros en los últimos años han estado por debajo del 5%, un porcentaje que difícilmente es congruente con los índices de inflación y posibilidad de adquisición de la canasta básica. El pasado 15 de mayo se anunció un 9% de aumento salarial a los docentes, sin explicitar el desglose entre sueldo base y prestaciones, lo que ha llevado a que maestras y maestros y agrupaciones como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) expresen un posicionamiento de rechazo y crítica a la política de revalorización magisterial del gobierno actual.
La intensificación del trabajo docente en los últimos cinco años es evidente. La pandemia generó un “rompimiento” de las jornadas laborales fijas, y ahora los docentes atienden infinidad de cuestiones fuera de su horario escolar demandados a través de dispositivos digitales, además de una carga administrativa que aumenta día con día y a la que se suma las demandas específicas locales de directivos y supervisores. A esto se suman las actividades de otras instancias que ven a la escuela como nicho de oportunidad para ello y con la consecuencia del detrimento de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Por último, los derechos laborales se han visto disminuidos en la lógica administrativa imperante y bajo la justificación de limitación presupuestal. En realidad los presupuestos siguen estando al manejo discrecional de los gobiernos federal y estatales, además de que el manejo en la orientación de la normativa legal les posibilita no hacer validos los derechos ganados, como prestaciones, ascensos, cambios de centro de trabajo, etc.
