¿Cuál es la lógica de construcción de una política educativa?, ¿Qué elementos considerar?, ¿Desde qué mirada se advierten los problemas educativos?, ¿Cómo se establecen las prioridades de atención?, ¿Cuáles son los puntos de partida?, ¿Quiénes son los encargados del diseño y elaboración de políticas educativas?, ¿Quiénes definen las estrategias y programas?, ¿Cómo se definen? Son interrogantes que nos llevan a reflexionar sobre la importancia de la educación para la política pública. Estas y otras preguntas constituyen cuestiones relevantes a la hora de analizar y desarrollar las políticas educativas que necesitamos. El discurso gubernamental sigue estableciendo a la educación como elemento clave para el desarrollo, enunciaciones que generan incertidumbre, molestia o indiferencia al perder credibilidad en la implementación u omisión de ellas.
Es de reconocer que la política educativa finalmente expresa una posición del estado frente a lo que Oslak y O´Donell (1981) denominan “cuestiones”, asuntos socialmente problematizados. Los debates y los procesos de articulación de la política institucional, en la que convergen los intereses de la sociedad, las fuerzas políticas, así como de la estructura institucional gubernamental, en la organización y desarrollo de los proyectos educativos, deben considerar la complejidad contextual que caracteriza a la sociedad actual.
La tendencia en la construcción de políticas educativas a nivel nacional, replicadas equivocadamente en las entidades federativas, es anteponer las “grandes ideas” (de funcionarios menores o asesores) para solucionar los problemas educativos, sin reconocer (o más aún, sin elaborar) los diagnósticos de la situación. Preguntémonos por ejemplo en el caso de nuestra entidad Hidalgo: ¿Existe un diagnóstico de necesidades profesionales de los docentes, directivos, apoyos técnicos y supervisores?¿Existe un diagnóstico de las problemáticas cotidianas de la práctica docente y educativa? ¿Existe un diagnóstico de las condiciones laborales y profesionales de los docentes? ¿Existe un diagnóstico de las condiciones institucionales de los planteles escolares? ¿Existe un diagnóstico que dé cuenta de la valoración de estrategias de política anteriores? ¿Existe un diagnóstico de los niveles de aprendizaje de nuestros alumnos por nivel educativo, por asignatura, o por contexto? Si no los hay (y me refiero a diagnósticos sistemáticos, elaborados con un soporte metodológico riguroso), ¿Cuáles son entonces los puntos de partida para construir política educativa, con estrategias y programas, para atender las problemáticas?
Sostengo, que la construcción de una política educativa es un asunto serio. Requiere de conocimiento por parte de quienes son responsables de su diseño y elaboración. Requiere tener en cuenta diagnósticos y evaluaciones de política. Requiere tener en cuenta la multiciplidad de factores y elementos presentes para tener una mirada integral y considerar procesos de articulación entre ellos. La situación educativa que priva en nuestro país desde hace bastantes años así nos lo exige. En la construcción de la política educativa, la participación resulta un aspecto relevante, así como también la estructura u organización del Estado, aspectos indispensables para generar sinergias y articulaciones.
¿Qué motiva entonces que no se haga así, aún sabiéndolo? ¿Qué motiva que cada determinado tiempo, a la entrada de una nueva administración gubernamental, se vuelva a los mismos procedimientos? ¿Qué motiva que los puntos de partida sean inexistentes en muchos casos? Evidentemente que la política educativa, al igual que otras políticas, se orientan por intereses personales y de grupo, y escasamente por intereses de orden social. Es interesante apuntar lo que Edith Kauffer (2001) menciona respecto a las Políticas públicas: “Lo que los gobiernos deciden realizar o no realizar”. No estamos afirmando que el no actuar es una política pública, sino que la decisión de no actuar ante un determinado problema conforma en sí una política pública”. De igual manera, el presupuesto destinado a educación es elemento determinante a considerar. Pensar en qué se invierte en educación, implica asumir con entera responsabilidad el sentido de la aplicación de los recursos públicos. Analizar las necesidades materiales, institucionales, operativas, profesionales, etc. exige pensar en un proceso de articulación de recursos para lograr objetivos. Pensar estratégicamente es entonces incorporar a la política educativa procesos de gestión estratégicos situacionales.
La construcción de la política educativa, en sentido integral, articulador y social, supone entonces dejar atrás el utilitarismo y el economicismo de miradas cortas, y considerar las múltiples dimensiones de los problemas educativos y sociales. En cada nuevo gobierno, se tiene la oportunidad de darle sentido a la política educativa y lograr mejores resultados, son decisiones de las estructuras de mando gubernamental tomarla o dejarla.
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