Existen prácticas sociales que se repiten y se toman con toda normalidad de generación en generación, hasta que se vuelven invisibles a los ojos de todos. “Porque así ha sido toda la vida”. Es decir, se disfrazan de costumbre, se escudan en la tradición y se normalizan hasta que nadie se atreve a cuestionarlas.
¿Por qué lo digo? Por lo que dio a conocer el secretario de Educación de Jalisco con la tranquilidad de quien declara una rutina amparada en la legalidad. Pero el préstamo de escuelas públicas a La Luz del Mundo para su celebración anual de la Santa Cena no lo es. Juan Carlos Flores Miramontes lo justifica diciendo que es una “tradición” que tiene muchos años y que se hace como “apoyo social”. Lo mismo creyeron los senadores cercanos a la congregación cuando pusieron el Palacio de Bellas Artes a disposición del líder nacional, hoy preso en una cárcel de Estados Unidos. Y hubo consecuencias por aquel préstamo.
Prestar escuelas como “apoyo social” con fines particulares no debería concebirse así en Jalisco. Poner los bienes de todos al servicio de una sola organización, por más grande o influyente que sea, no es legal, por mucho que todos traten de convencerse a sí mismos, como una autoterapia, de que se trata de una buena acción.
Dijo el secretario de Educación que esta vez la dependencia a su cargo aceptó prestar únicamente cuatro escuelas, una reducción significativa respecto a años anteriores, cuando se facilitaban decenas de planteles. Pero que no nos quieran engañar: la reducción no obedece a un cambio de conciencia ni a una revisión de criterios, sino a que varias escuelas están siendo intervenidas por el programa FINEDU.
Sin embargo, Educación Pública prefirió mantener en secreto las ubicaciones de los planteles. MILENIO pidió el nombre de las escuelas que funcionarán como anexos de la Hermosa Provincia, pero optaron por reservarlos, como si la gente no tuviera derecho a la información, situación que deja en duda que realmente sean cuatro las escuelas prestadas.
Lo anterior significa que, si no hubiera obras de remodelación, el gobierno estatal seguiría prestando decenas de inmuebles públicos para una actividad confesional. La pregunta incómoda es: ¿por qué una organización religiosa tiene acceso preferente a los bienes del Estado mientras otras congregaciones son ignoradas? La respuesta, aunque no se diga abiertamente, es evidente para quienes observan los pasillos del poder en Jalisco. De hecho, ahora debería ser más criticado que nunca.
La Luz del Mundo no necesita confesar que tiene un partido político, porque sus hechos hablan por sí mismos. Entre los políticos involucrados con esa congregación es un secreto a voces que su influencia trasciende lo religioso. Han construido durante décadas un andamiaje de influencias y favores que les ha permitido acceder a espacios públicos vetados para otras expresiones religiosas o sociales.
No es casualidad que el Palacio de Bellas Artes se abriera para ellos en 2019, ni que el Teatro Degollado, en Guadalajara, haya sido escenario de sus eventos. Tampoco es coincidencia que el Partido Humanista, de reciente creación, tenga vínculos con esta congregación, o que las alianzas con Morena y el Partido Verde hayan quedado en evidencia en esos gestos de complicidad.
Lo que ahora vemos es una organización que opera como un actor político de facto. Tiene estructura, liderazgo, capacidad de movilización y, lo más importante, acceso a las decisiones del gobierno. Eso, en cualquier otra parte del mundo, se llamaría lobby o captura del Estado. Pero aquí, en Jalisco, se llama “tradición”. Y la tradición, como bien sabemos, es el argumento favorito de quienes no quieren rendir cuentas.
La administración local insiste en que también apoya a otras iglesias y organizaciones sociales, pero la comparación es engañosa. Una cosa es facilitar un espacio para un evento comunitario y otra muy distinta es poner decenas de escuelas públicas, que deberían estar al servicio exclusivo de la educación, a disposición de una celebración religiosa masiva. Los niños y las niñas de Jalisco merecen escuelas dignas, no inmuebles que se convierten en sedes alternas de una congregación con ambiciones políticas, aun en vacaciones. Las escuelas son para estudiar, no son centros religiosos.
No se trata de satanizar a La Luz del Mundo ni de negar su derecho a reunirse y celebrar su fe. Se trata de exigir que el Estado mexicano, laico por mandato constitucional, actúe con imparcialidad y no convierta los bienes públicos en moneda de cambio para mantener relaciones de poder.
El artículo 130 de nuestra Constitución es claro: las iglesias y las agrupaciones religiosas se mantendrán separadas del poder público. Punto. No hay excepciones para “tradiciones” ni para “apoyos sociales” que beneficien a unos pocos.
El secretario Flores Miramontes asegura que el préstamo de escuelas es un acto de “apoyo social” que se ha hecho durante años. Pero la antigüedad de una práctica no la vuelve correcta. Durante siglos, muchas prácticas injustas fueron toleradas hasta que alguien decidió cuestionarlas. Llegó el momento de cuestionar esta.
Los jaliscienses tienen derecho a saber si este trato preferencial responde a una política pública clara y transparente, o si es simplemente el fruto de una relación política que se mueve debajo de la mesa. Mientras la administración estatal no ofrezca una explicación convincente, los ciudadanos tienen derecho a sospechar que aquí hay más que simple tradición. Hay un pacto no escrito, una red de favores que se reproduce sexenio tras sexenio y que convierte a la administración pública en una extensión de los intereses de una congregación con una estructura de poder que se comporta como un partido político sin asumir formalmente ese rol.
La reducción de 61 a cuatro escuelas es apenas un gesto, no un cambio de fondo. El gobierno de Jalisco sigue siendo el mismo que presta inmuebles públicos a una organización religiosa que, en los hechos, ya tiene su propio partido político. Mientras eso no se revise con seriedad y transparencia, seguiremos viendo con toda normalidad cómo la fe de unos pocos se impone sobre los derechos de todos. La tradición no es excusa, y menos cuando se trata de recursos que pertenecen a los mexicanos.
