Uno de los grandes desafíos que enfrenta la mayoría de los ciudadanos estadounidenses, es la salud. Una visita al área de urgencias de un hospital “público”, cuesta entre 3 y 5 mil dólares, (el tiempo de espera para ser atendidos en estos centros ronda las 10 horas). Si la persona tiene que ser ingresada para algún procedimiento, la cantidad puede fácilmente superar los 50 mil dólares por un par de días, literalmente hablando. Si hablamos de hospitales privados la cifra se incrementa en forma considerable.
Incluso, para ser atendido por un médico general, la persona tiene que sacar una cita, que usualmente tarda varios días. La consulta parte de los 100 dólares, mas medicamentos que también son muy costosos. Si no puede esperar, tiene que acudir a algún “Emergency Room”, (300 dólares o más la visita). La consulta con un especialista cuesta al menos 300 dólares, y no se le puede visitar en forma directa, el paciente tiene que ser referido por un médico general, por lo que previamente debió haber desembolsado cientos de dólares entre consultas y estudios.
Además no existe la gratuidad en las vacunas. La de influenza estacional, por ejemplo, cuesta cerca de 40 dólares. Por eso la ley mandata a los estadounidenses el contar con un seguro de gastos médicos mayores, de lo contrario, tienen que pagar anualmente una multa al IRS, (el equivalente de la Secretaría de Hacienda), de 695 dólares por cada adulto y 343 dólares por cada menor de edad que integren la familia. En el caso de la salud dental, una endodoncia cuesta en promedio 2 mil dólares. El precio de una amalgama fluctúa entre los 300 y 500 dólares, y de entrada, no hay dentista que le atienda si primero no le hacen un estudio radiológico cuyo costo fluctúa en 150 dólares, mas tratamiento. En México, con todo y sus asegunes, contamos con salud pública realmente beneficiosa. Los nuevos congresistas mexiquenses tienen el reto de analizar qué harán con la “ley del ISSEMyM”. Las dudas sobre el manejo de los recursos en la institución han sido una constante, (al igual que en el ISEM, por ejemplo), ¿podrían legislar al respecto? Por lo demás, deberán ponderar seriamente si una “derogación”, -popular, pero no necesariamente sensata-, es lo que más beneficio traería a los afiliados.
