La reforma que permitirá a la ciudadanía votar directamente por jueces, magistrados y ministros marca un punto de quiebre en la historia de México. Lo que hasta hace poco parecía una idea radical —el voto popular sobre el poder que interpreta la ley— ha pasado a ser una realidad con fecha y reglas: el 1º de junio, el país elegirá a quienes habrán de impartir justicia.
Durante una conversación con protagonistas del nuevo liderazgo legislativo en México, quedó claro que el discurso de esta reforma ha sido asumido con energía, pero también con enfoques y matices muy particulares. La senadora Simey Olvera, el diputado Andrés Velázquez Vázquez y el senador Gerardo Fernández Noroña analizaron los desafíos conceptuales y operativos que este nuevo modelo plantea al Estado de derecho.
Andrés Velázquez Vázquez, como presidente de la Cámara de Diputados de Hidalgo, reconoció la necesidad de abrir el sistema judicial al escrutinio público, pero lo hizo con el cuidado de quien entiende que una transformación así requiere equilibrio. Recalcó la importancia de involucrar a actores diversos —empresarios, universidades, autoridades locales— para amortiguar los impactos de una reforma que aún genera incertidumbre, incluso dentro del propio sistema legal.
Más que una defensa frontal de la elección judicial, Velázquez explicó el deber de gestión democrática: cómo acompañar el proceso, cómo ordenar el debate, cómo evitar que el ruido mediático eclipse los aspectos técnicos y jurídicos que realmente importan. Fue muy realista: si esta reforma es irreversible, entonces toca a las instituciones darle forma con rigor.
La senadora Simey Olvera insistió en que el voto ciudadano solo será eficaz si va acompañado de información y criterio. Señaló la necesidad de que los medios, las escuelas y las redes sociales funcionen como instrumentos de socialización democrática, no de propaganda.
Para la presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos de la Cámara Alta, lo urgente no es convencer al pueblo de votar, sino dotarlo de herramientas para que sepa por quién vota. En ese sentido, su llamado a los medios para evitar distorsiones y su insistencia en la alfabetización política desde las aulas son recordatorios importantes de que el voto, por sí solo, no genera justicia.
La participación de Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, fue la más frontal. Defensor histórico del control popular sobre los poderes del Estado, reivindicó el voto como herramienta de legitimidad, incluso en ámbitos donde tradicionalmente se ha temido a la politización. Su tesis es clara: el pueblo tiene derecho a elegir a todos sus representantes, incluyendo quienes juzgan.
¿Cómo evitar que los criterios populares se traduzcan en castigos o recompensas judiciales? ¿Qué hará un juez que depende del voto si su decisión legal contradice a la mayoría? ¿Cómo garantizar independencia si el incentivo es la reelección? Noroña respondió con convicción a estas preguntas, basándose en la confianza ciudadana: “el pueblo sabrá distinguir entre justicia y populismo”.
Más allá de las posturas, la conversación mostró que la convergencia entre el Poder Legislativo y esta nueva cara del Poder Judicial es compleja. Hay entusiasmo, sí, pero también una enorme responsabilidad compartida: traducir el principio de participación en un sistema judicial más justo, no más vulnerable.
Simey Olvera Bautista lo concluyó entre líneas: el futuro del sistema judicial no dependerá tanto del Congreso o de la Corte, sino de lo que pase en las escuelas, en las casas, en los medios, en las conversaciones cotidianas. La verdadera justicia empieza cuando el ciudadano deja de ser espectador del poder y se vuelve su conciencia crítica.
