El espionaje se define como la obtención de informaciones secretas de un país extranjero en tiempos de paz o de guerra por la vía ilegal.
Estados Unidos tiene la ventaja de contar con avanzada tecnología capaz de acceder a información sensible de países vecinos o de grupos criminales, sin necesidad de adentrarse en el territorio mexicano.
En este contexto, la debilidad del Estado mexicano es preocupante sobre todo por su creciente fragilidad institucional para enfrentar amenazas externas e internas, a costa de la libertad, la democracia y la seguridad pública.
Es verdad que el espionaje de Estados Unidos y las escuchas telefónicas del Ejército mexicano han existido desde hace años, pero lo cierto es que ponen al desnudo la actual precariedad del gobierno mexicano para enfrentar el intervencionismo del norte y el expansionismo de la delincuencia, ambos a causa del narcotráfico.
Es plausible la postura presidencial de rechazar el espionaje extranjero, por razones de soberanía nacional, pero carece de coherencia al justificar, por razones de seguridad nacional, la impunidad del Ejército mexicano cuando intercepta ilegalmente teléfonos de ciudadanos dedicados a investigar el caso de Ayotzinapa o a defender los derechos humanos.
Cómo acotar al prepotente vecino del norte cuando acusa al cártel de Sinaloa de enviar cantidades masivas de fentanilo, causante de la muerte de cien mil estadunidenses al año, un día después de que el gabinete de seguridad de México se reunió en la Casa Blanca con funcionarios norteamericanos de tercer nivel y no con sus contrapartes. Fue un doble desaire.
Nada tiene que ver la seguridad nacional con los viajes de lujo a costa del erario del secretario de la Defensa Nacional y su familia, revelados por Ignacio Rodríguez Reyna de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad junto con Fábrica de Periodismo, a través de documentos hackeados a la Sedena.
Qué se puede hacer cuando agencias de inteligencia estadunidenses espiaron a miembros del cártel del Golfo luego de que en Matamoros secuestraron a cuatro estadunidenses, matando a dos, según reveló Nick Miroff en The Washington Post, con base en documentos confidenciales filtrados por un militar estadunidense.
Cómo se puede justificar con motivos de seguridad nacional el uso abusivo de Pegasus por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, “capaz de infectar su teléfono sin ningún signo de intrusión y extraer todo lo que contiene… mientras monitorea todo lo que hace con él, en tiempo real”, como lo develó Natalie Kitroeff en The New York Times.
De qué sirve que la SRE reciba un informe mensual por parte de las embajadas acreditadas en México, relativo a los acuerdos de cooperación bilateral en materia de seguridad.
La pretensión del primer mandatario de empoderar económicamente a las fuerzas armadas con fines político-ideológicos transexenales, como ocurre en Cuba o en China, representa una amenaza a la democracia, pues desvirtúa su fundamento constitucional para la que fueron creadas: preservar la soberanía de México.
Gracias a la Suprema Corte de Justicia, los mexicanos recobramos la esperanza cuando el lunes modificó el Código Militar para prohibir a los militares la acción de espionaje a civiles y luego anuló la decisión presidencial de militarizar la seguridad pública.
Confiamos en que la Corte se mantenga firme ante los embates presidenciales en la defensa de la Constitución.
