Abrazo a Roger Bartra por 80 buenas razones
El poder Ejecutivo le ha declarado la guerra al poder Judicial. Sí, en México, el presidente López Obrador ha arremetido contra la Suprema Corte de Justicia como lo ha hecho contra otros contrapesos: con una mezcla de enojo y cálculo. Hay en su ofensiva, en efecto, un afán revanchista de sojuzgamiento y una estratagema electoral. Quiere castigarla y subordinarla de nuevo a Palacio Nacional porque desde que la preside Norma Piña no se ha sometido a sus designios, y al mismo tiempo hace de su enésimo golpe a los equilibrios democráticos el leitmotiv de las campañas de Sheinbaum y demás candidatos de Morena en 2024.
Su sed de venganza es ostensible. Los fideicomisos que ha ordenado extinguir no le molestaban en la Presidencia de Arturo Zaldívar pero, en cuanto la Corte comenzó a desafiarlo, le parecieron dispendiosos y corruptos. Tampoco objeta esos instrumentos financieros cuando están en manos de las Fuerzas Armadas. Y es que lo que le irrita es que haya instituciones para las cuales sus deseos no son órdenes, y frente a ellas, para debilitarlas, recurre a su viejo truco: empobrece y triunfarás. El tijeretazo, estima, ablandará a los ministros y allanará a los suyos el camino al poder.
He aquí la segunda motivación. AMLO sabe que los jueces son impopulares: hay muchos mexicanos que han padecido los estragos de una penosa lentitud, cuando no de una vil corruptela, en su paso por los juzgados. Seguramente tiene encuestas que indican que es electoralmente rentable atacarlos, y una vez más está adoptando una postura que, aunque reprobada por el círculo rojo, es bien vista en el círculo verde. Por eso ha decidido meter el tema en la agenda de las próximas elecciones, en el entendido de que la 4T tomará el papel de reformadora y la oposición de defensora del statu quo. Al proponer que se elija a los juzgadores por voto popular, además, reforzaría su arenga del pueblo honesto contra de las élites deshonestas. Es ciertamente un despropósito —alcaldes, gobernadores y presidentes son electos por el pueblo desde hace mucho tiempo en México, y la mayoría han sido corruptos—, pero es asaz efectista. De establecerse ese método para elegir jueces, magistrados y ministros, la popularidad clientelar de AMLO podría llenar los tribunales de morenistas obedientes.
Hay corrupción en el poder Judicial mexicano, a no dudarlo. El cáncer trasciende al ejecutivo —la metástasis permea a todo el cuerpo nacional— y quien presuma en campaña la pureza en nuestra impartición de justicia se dará un balazo en el pie. La endogamia de la judicatura engendra nepotismo y su escasa rendición de cuentas propicia hartas corruptelas. Pero cancelar fideicomisos y elegir a los juzgadores por sufragio universal, lejos de resolver esos problemas, los agudizaría. Ralentizaría más a los juzgados e incentivaría las sentencias populares por encima de las sentencias justas. ¿Qué ha de hacer la oposición ante una propuesta electorera que, eso sí, puede prodigar votos a Morena? Si bien debe defender la división de poderes, creo que en vez de asumir el rol de valedora del establishment debería hacer una propuesta seria para depurar a nuestro poder Judicial. Solo así neutralizaría este rapto obradorista de populismo justiciero.
