El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) de la Ciudad de México, Vicente Gutiérrez, aseguró que en su mayoría micro y pequeñas empresas fueron afectadas tras los disturbios por la marcha del 2 de octubre y carecen de seguros para afrontar este tipo de contingencias.
En entrevista para MILENIO Televisión con Luis Carlos Ortiz y Pamela Villanueva, Gutiérrez advirtió que muchos de estos negocios son familiares que apenas logran cubrir gastos básicos y que difícilmente podrán absorber las pérdidas ocasionadas por los saqueos y daños a sus instalaciones.

Denunció que los organizadores tampoco se deslindaron de los hechos y al no hacerlo, se deja sin claridad la responsabilidad frente a los comerciantes afectados.
“Lo que más me llama la atención es que los organizadores de la marcha, los que estuvieron en el templete, los que tomaron uso de la palabra, no se deslindaron de estos que se metieron a nuestra marcha a querernos reventar”.
Aseguró que los disturbios no solo dañaron inmuebles y comercios, sino también dejaron saldo de agresiones a elementos policiales y civiles. Añadió que se trata de hechos que rebasan la protesta legítima, pues involucran riesgos mayores.
“Vandalizaron, se voltearon de mano a 94 elementos policíacos y más 29 civiles. Es verdaderamente un acto de crimen organizado, de delincuencia organizada”, expresó.
"Las afectaciones materiales son muy importantes, pero las físicas no tienen precio. Hay que castigar a estos cobardes que remontan con capucha, que no dan la cara, que no dan el rostro y, en consecuencia, reitero, son actos que se pueden identificar como de crimen organizado", dijo.
Precisó que más de tres mil unidades económicas cerraron durante la movilización, lo que derivó en pérdidas de hasta 17 millones de pesos.
“Estimamos daños materiales de 3.5 millones de pesos sin considerar el saqueo a las 12 joyerías del centro joyero de Mayestic. Ellos estiman sus pérdidas en 5 millones de pesos”.
Informó que la Canaco trabaja en un comunicado conjunto con otros organismos empresariales para exigir garantías de seguridad, pues corresponde a las autoridades implementar medidas que prevengan hechos similares en el futuro.
“El gobierno tiene que hacer algo porque es de su deber darnos seguridad de nuestros bienes y de nuestras personas. Es un mandato constitucional y lo tienen que hacer de una u otra manera”, reiteró.
“Rechazamos los actos de violencia y vandalismo que se tuvieron. Es inaceptable que en un evento que debería de ser un espacio de memoria, de reflexión, se haya permitido que un grupo de cobardes, vándalos, cambiaran el legítimo y pacífico propósito de la manifestación”, declaró.

HCM