La administración de María Elena Álvarez-Buylla en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) dejó más de 400 millones de pesos en malos manejos que no han sido esclarecidos hasta la fecha.
Veinte años de auditorías
Es una situación inédita para dicho organismo que, en los 20 años de auditorías previos a ese periodo, no había registrado semejante monto de irregularidades.
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MILENIO dio a conocer la semana pasada que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ya interpuso una primera denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por recursos que se consideraron presuntamente desviados en 2021, pero el monto de dinero posiblemente malversado es mayor por lo que las investigaciones continúan.
Datos oficiales actualizados de la ASF indican que en el periodo de las cuentas públicas 2019 a 2023, que corresponden a la gestión de Álvarez-Buylla, el Conacyt (a partir de 2023 Conahcyt) registra malos manejos que habrían dejado un daño al erario de 410 millones 630 mil pesos.
Para poner en proporción este monto, de 2000 a 2018 el mismo organismo tiene hasta la fecha 40 millones de pesos no aclarados.
Es decir, durante tres administraciones federales distintas el monto de recursos posiblemente desviados es diez veces menor al del periodo de Álvarez-Buylla.
Los registros de la auditoría indican que en el periodo de la ex directora del Conacyt se identificaron 27 casos distintos de posible malversación de recursos que dieron paso al referido quebranto patrimonial observado por los auditores.
El año más problemático, según muestra los registros, es 2021 donde se identificaron doce hechos distintos de manejos irregulares, el presupuesto que dieron paso al posible desvío o desaparición de más de 220 millones de pesos.
Como los propios registros de la ASF lo explican, estos montos corresponden a recursos públicos cuyo destino legal debe ser aclarado o en su caso, se tendría que reponer el dinero a las arcas públicas.
De lo contrario, no sólo se procedería administrativamente en contra de los funcionarios responsables, sino se presentarán las denuncias ante la FGR para que se indaguen los delitos en que habrían incurrido los funcionarios de la gestión de Álvarez-Buylla, como ya ocurrió en un primer caso.
Pagos indebidos, sobreprecios, servicios inexistentes
En sus informes de resultados, la ASF explica que se determinó practicar auditorías de tipo forense a partir de 2019 al uso de recursos en el Conacyt, luego de sospechas fundadas sobre posibles condutas irregulares o manejos inapropiados de los recursos.
En ese año se determinó revisar el total del presupuesto asignado al organismo, dando como resultado la identificación de múltiples anomalías.
Por ejemplo, en contrataciones como el de un servicio de comedor institucional, se identificaron sobreprecios, licitaciones poco competitivas y falta de documentación que acredite el cumplimiento del contrato por parte del proveedor.
Entre los pagos no justificados o indebidos se identificaron transferencias a:
- 137 investigadores sin convenio formal
- Pagos a 57 ayudantes que aparecían en dos programas simultáneamente
- Pagos a beneficiarios de investigadores fallecidos no registrados en el padrón
- Montos superiores a los límites fijados por la normativa para becas y estímulos
También hubo transferencias de recursos de ejercicios anteriores sin justificación normativa, así como pagos realizados con presupuesto de un año diferente al correspondiente.
“Las observaciones están fundamentadas en incumplimientos a la Constitución, leyes de presupuesto y responsabilidad hacendaria, contabilidad gubernamental, adquisiciones y servicio público, así como al propio reglamento del Sistema Nacional de Investigadores y lineamientos internos de Conacyt”, indica el reporte.
Y también en el Conahcyt
En 2023 y a propuesta de María Elena Álvarez-Buylla el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) se transformó en el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt).
La modificación, según se dijo, era darle a este organismo una visión del conocimiento mucho más integral, agrupando no sólo lo técnico sino también las humanidades.
Lo que no cambió fue la identificación de irregularidades, pues ese año se practicaron dos auditorías que arrojaron poco más de 70 millones de pesos en potenciales malversaciones de recursos.
Uno de esos casos correspondió a la auditoría practicada al programa de Becas Nacionales de Posgrado y Apoyos a la Calidad en el que las principales irregularidades se concentraron en:
- Pagos indebidos
- Falta de comprobación de recursos
- Deficiencias en la supervisión
- Actualización de los padrones de beneficiarios
Lo anterior sucedió a pesar de la existencia de normatividad y sistemas informáticos para la administración de becas.
La auditoría señaló que varias contrataciones no siguieron los lineamientos de mercado establecidos ni documentaron adecuadamente la investigación de proveedores.
Se encontró falta de competencia real en la licitación de servicios y ausencia de verificación de experiencia de los proveedores seleccionados.
En la revisión de expedientes se hallaron documentos ausentes o inconsistentes sobre el cumplimiento de requisitos, tanto en la elegibilidad como en la comprobación del uso correcto de los apoyos otorgados.
Esto incluye falta de constancias, registros incompletos en sistemas y deficiente integración documental.
“A pesar de detectar los pagos indebidos, la entidad auditada no acreditó mecanismos claros para recuperar los recursos pagados en exceso ni sancionó a los responsables en los casos revisados”, indica el informe de resultados.
KL
