El pasado 16 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó un dictamen de reforma a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que contempla un incremento a las cuotas para las bebidas azucaradas.
Aunque la iniciativa aún debe discutirse en el Senado de la República, el posible aumento de 1.64 pesos a 3.08 pesos por litro previsto para 2026 ha generado preocupación entre distintas empresas, incluida la Cooperativa Pascual, productora de los jugos Boing y los refrescos Pascual y Lulú.
En entrevista con MILENIO, el presidente del Consejo de Administración de Pascual, Héctor Eduardo Martínez Cruz, explicó cuál es el panorama actual para la empresa y qué medidas podrían tomarse para mitigar el 'golpe' de la reforma.
¿Qué impacto podría tener el aumento al IEPS para Pascual?
Recientemente, la senadora Carolina Viggiano, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dijo que la Cooperativa estaba "a punto de quebrar" y que los trabajadores del sindicato enfrentaban un escenario de profunda incertidumbre.
Al respecto, Martínez Cruz comentó a este medio que no quisiera adelantarse al "escenario más catastrófico", pues hay medidas que podrían llevarse a cabo para evitar un estado de insolvencia.
Vía telefónica, el presidente del Consejo de Administración de Pascual señaló que, en caso de aprobarse el aumento al IEPS, en 2026 la empresa tendría que pagar aproximadamente 600 millones de pesos adicionales, lo que interrumpiría su crecimiento.
"Nosotros ya pagamos IEPS, pagamos IVA, ya pagamos ISR, ya pagamos impuestos sobre nóminas y este aumento significa un 88 por ciento más en razón con lo que veníamos pagando", precisó Martínez.
La posible modificación a la tasa sobre bebidas azucaradas ha orillado a Cooperativa Pascual a frenar el proyecto de una planta que tenían previsto inaugurar en 2026 en Nuevo Laredo, Tamaulipas. También se han frenado los trabajos para el desarrollo de un producto sin azúcar añadido que la empresa planeaba sacar al mercado próximamente.
 
	Al profundizar sobre las consecuencias que este cambio podría traer para Pascual, Martínez Cruz manifestó que otras empresas —como PepsiCo y Coca-Cola Company— posiblemente no tengan problema para cubrir las nuevas tarifas, pero esto incluso podría sacar a Pascual de la competencia.
"Tal vez otras empresas le van a trasladar ese impuesto al consumidor final, pero nosotros no. Nosotros no estamos planteando como opción aumentar el precio de nuestro producto e impactar al consumidor, porque nuestra intención es conservar nuestros precios para que exista una mayor competitividad".
En el supuesto de que la iniciativa reciba la luz verde del Senado y la nueva tarifa entre en vigor, Cooperativa Pascual ha visionado que sus ventas podrían contraerse hasta en un 60 por ciento, acorde con los datos compartidos con MILENIO. Esto significaría una reducción en la compra de azúcar de caña y otras materias primas.
"Nuestros principales aliados son los productores de azúcar y los productores de fruta, los campesinos en el país. Apoyamos al campo y a la industria agroalimentaria porque endulzamos con azúcar de caña puro, no utilizamos químicos como sacarosa o alta fructosa. En esa cadenita [de consecuencias], nuestros socios comerciales están preocupados", añadió Martínez.
¿Qué medidas ha tomado Cooperativa Pascual?
Mientras el proceso legislativo sigue su curso, Cooperativa Pascual se ha acercado a diversos miembros del Senado para exponer sus preocupaciones y sentar las bases para posibles negociaciones que garanticen el futuro de la empresa.
"Ya hemos tenido reuniones con algunos senadores y les hemos expresado que este aumento sí implica que frenemos inversiones que teníamos planeadas. Tratamos de buscar un modelo económico diferente para las cooperativas [...] No estamos negados a pagar un impuesto ni a contribuir con el gasto público, pero sí lo que pedimos es que nos pongan en otro modelo porque las cooperativas en México necesitan ese apoyo", consideró el presidente del Consejo de Administración.
Una de las propuestas que Cooperativa Pascual ha puesto sobre la mesa es que el pago del IEPS se mantenga sujeto al índice inflacionario. "Ya teníamos proyectada una inflación del IEPS en nuestro plan para 2026, pero ahora esto nos obliga a cambiar ese presupuesto y a quitar inversiones en áreas como mercadotecnia y maquinaria", mencionó el entrevistado.
Al conversar con MILENIO, Martínez Cruz expuso que el incremento a los impuestos sobre las bebidas azucaradas no sólo se vería reflejado en la disminución de la compra de fruta y azúcar, sino que podría traducirse en despidos masivos.
"Están en riesgo 4 mil 500 empleos a lo largo de la república y también el capital de 785 socios cooperativistas que estamos trabajando en este proyecto", sostuvo.
Aunque también ha habido un acercamiento con representantes de la Secretaría de Economía para explorar algún plan que pueda atenuar las afectaciones en Cooperativa Pascual, las negociaciones se han mantenido momentáneamente en lo verbal.
BM.
 
	 
	 
	 
	 
	