El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) señaló a las compras públicas como un sector particularmente expuesto a riesgos de corrupción, donde persiste poca competencia, pues dos de cada cinco pesos se asignan de manera directa.
El monto de estas adjudicaciones son equivalentes a 344 mil millones de pesos, según el IMCO, de las que 21.5 millones de pesos se adjudicaron directamente sin dar a conocer la justificación para esa decisión.
El instituto dijo que aunque la licitación pública debería ser la principal forma de contratación según la ley, en la práctica se mantiene el uso común de mecanismos de excepción.
“Esto compromete la adquisición de bienes y servicios por parte de las instituciones públicas y puede derivar en otros hechos de corrupción como la desviación de recursos”.
De acuerdo con la plataforma ComprasMX, en 2025, las instituciones públicas contrataron 808 millones de pesos con empresas creadas dentro del año previo al inicio del contrato. Asimismo, se reportan tres mil 792 millones de pesos con empresas que se encuentran sancionadas por la Secretaría de Buen Gobierno y Anticorrupción.
“Entre las instituciones con mayor monto contratado con empresas riesgosas están el IMSS, el ISSSTE y la Sedena. La participación de empresas fantasma, recién creadas, sancionadas o en la lista Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos compromete la integridad de los procedimientos de compra pública y afecta la calidad de los bienes y servicios adquiridos”, precisó.
El IMCO dijo que las instituciones encargadas de prevenir, investigar y sancionar la corrupción cuentan hoy con 26 por ciento menos de presupuesto en términos reales que en 2018.
“En este contexto, en el IMCO tendremos en la mira cómo se ejercen estos recursos, para evaluar si permiten a las instituciones cumplir con sus funciones y responder de manera efectiva a los casos de corrupción”.
Además, puntualizó, pondrá atención en las estrategias del Gobierno para combatir la corrupción en las compras públicas, en el marco de la nueva legislación que fortalece etapas clave como las investigaciones de mercado.
IYC
