Conforme se acerca el martes 3 de noviembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y sus aliados empezaron a intensificar una campaña de denuncias y sospechas de fraude electoral, pese a la ausencia de pruebas de irregularidades generalizadas que puedan alterar los resultados.
Frente a esta ofensiva, los demócratas y una amplia coalición de organizaciones civiles preparan una respuesta política, judicial y ciudadana, que incluye el despliegue de decenas de miles de observadores y posibles movilizaciones masivas a partir de este miércoles.
Trump alimentó las sospechas el martes de la semana pasada, cuando condicionó su disposición a reconocer los resultados electorales de los comicios legislativos, que ponen en juego el control del Congreso y la agenda de la segunda mitad de su mandato.
“Lo haré, si son elecciones honestas”, respondió al ser interrogado sobre si aceptará una eventual derrota republicana.
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Recompensas al que denuncie fraude electoral
Apenas un día antes, el republicano ofreció una recompensa de un millón de dólares a quienes denuncien casos de fraude electoral que conduzcan a detenciones y condenas, sin precisar de dónde saldrían los recursos.
La nueva controversia revive el enfrentamiento posterior a las elecciones presidenciales de 2020, cuando Trump denunció, sin demostrarlo, un supuesto fraude que desembocó en decenas de demandas judiciales infructuosas y en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.
Una maquinaria de sospechas
La magnitud de la ofensiva mediática quedó documentada en una investigación de The Washington Post, que identificó más de 7 mil mensajes de casi 600 cuentas influyentes, comentaristas y medios conservadores que cuestionaron la integridad electoral durante 2026.
El propio Trump ha realizado cerca de 300 declaraciones durante su segundo mandato cuestionando la limpieza de los procesos electorales, según el análisis. Las acusaciones se concentran en el supuesto sufragio masivo de indocumentados y el presunto fraude en el voto por correo, aunque él mismo se inclinó por esa opción.
Pero expertos coinciden en que las investigaciones no sustentan la existencia de un fraude generalizado y, aunque el Departamento de Justicia ha presentado cargos contra decenas de personas por presuntas infracciones electorales, esos casos no demuestran una conspiración nacional ni irregularidades capaces de modificar los resultados de las elecciones.
“El presidente y las agencias no han dado ningún tipo de evidencia de fraude y se debe a que no la hay (…) Obviamente siempre va a haber algún mínimo no significativo de fraude electoral, pero no es algo que hace un cambio en la decisión o en los resultados de una elección”, dice en entrevista con MILENIO el abogado Luis Paoli.
Mil observadores federales
Uno de los focos de controversia es la decisión del Departamento de Justicia de movilizar aproximadamente mil observadores federales en los 50 estados, el mayor operativo de vigilancia electoral de la historia.
“Esperamos disponer de mil o más. No van a acudir a estados republicanos ni demócratas. Van a ir a todos los estados para garantizar que nuestras elecciones se lleven a cabo de manera legal, justa y apropiada”, confirmó el procurador Todd Blanche a la cadena Fox News.
La presencia de funcionarios federales en las casillas no constituye, por sí misma, una irregularidad, toda vez que durante décadas el Departamento de Justicia ha utilizado observadores para verificar el cumplimiento de las leyes electorales y proteger los derechos de los votantes, particularmente de las minorías.
Sin embargo, organizaciones de derechos civiles y autoridades estatales temen que el dispositivo pueda utilizarse para intimidar a ciudadanos o cuestionar resultados, mientras que a nivel estatal Minnesota y California alistan mecanismos para supervisar a los propios observadores federales.
Demócratas resisten a la campaña
Por su parte, los demócratas están organizando una operación de protección electoral que combina abogados, especialistas en ciberseguridad y voluntarios.
Los comités demócratas estatales han capacitado aproximadamente a 10 mil personas para vigilar las inmediaciones de los centros de votación y solicitaron una orden judicial contra posibles intervenciones federales a raíz de demandas del Departamento de Justicia en California y Alaska que podrían afectar el conteo o la certificación de votos.
El grupo Common Cause entrenó a otros 16 mil voluntarios y una coalición de alrededor de 300 organizaciones prepara una red de decenas de miles de participantes adicionales, aunque algunas cifras pueden corresponder a esfuerzos superpuestos.
“Tenemos desplegados en todo el país miles y miles tanto de trabajadores en las en los centros de votación como de observadores y de voluntarios que están ayudando en todo este proceso”, dice en entrevista Adelys Ferro, directora de Alianzas en Latino Victory.
En el Congreso, legisladores demócratas han ensayado distintos escenarios de conflicto: intentos de confiscar boletas, denuncias infundadas de interferencia extranjera, retrasos en el escrutinio o iniciativas para impedir la certificación de determinados resultados.
La ACLU (Unión Estadunidense por las Libertades Civiles), por su parte, anunció una inversión de 24.5 millones de dólares para proteger el derecho al voto, capacitar observadores y responder judicialmente a posibles interferencias.
La movilización ciudadana
La coalición no partidista Election Protection, que agrupa a organizaciones como Lawyers’ Committee for Civil Rights Under Law, Common Cause y Naleo Educational Fund, operará líneas telefónicas de asistencia para denunciar intimidación, obstáculos para votar o irregularidades en las casillas.
En español, los ciudadanos podrán recurrir a la línea 888-VE-Y-VOTA, mientras que el servicio nacional 866-OUR-VOTE proporcionará orientación en inglés
También participan redes de activistas como Indivisible, MoveOn y Sunrise Movement, algunas vinculadas con las movilizaciones nacionales de No Kings.
La batalla del día después
Pero la mayor preocupación de los grupos ciudadanos no termina con el cierre de las urnas la noche del 3 de noviembre. El “día después” podría comenzar una segunda etapa de movilizaciones.
Movement Voter Fund estableció un plan de respuesta para el periodo que comienza el 3 y 4 de noviembre, con observadores del conteo, asistencia para corregir errores en boletas, litigios, campañas contra la desinformación y movilizaciones públicas si resultan necesarias.
La organización contempla mantener esa estructura hasta diciembre y enero próximos para vigilar la certificación de los resultados y prevenir eventuales intentos de revertirlos.
Molly McGrath, responsable de campañas nacionales por la democracia de la ACLU explicó que sus equipos ya no consideran el miércoles posterior a la elección una jornada de descanso, sino el comienzo de una segunda fase de vigilancia y respuesta.
No se trata de protestas convocadas de manera automática para el 4 de noviembre, sino de redes preparadas para movilizarse si surgen interferencias con el conteo o la certificación.
RM
