El mega paquete fiscal y presupuestal, calificado como “grande y bello” por Trump, tiene el potencial de profundizar la discriminación, la militarización de la frontera, la vigilancia a las comunidades migrantes.
Además, podría abrir la puerta a posibles abusos contra los derechos humanos y civiles de millones de personas en Estados Unidos, coincidieron abogados y activistas de grupos de defensa de migrantes.
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“Esta ley es todo menos hermosa para los inmigrantes”; señala a MILENIO el abogado Rafael Borrás.
“Por primera vez en la historia moderna se imponen tarifas obligatorias y abusivas a personas que huyen de la persecución como lo son cuotas iniciales y anuales sólo por solicitar asilo, sumadas a cobros exorbitantes por permisos de trabajo y Estatus de Protección Temporal (TPS), convirtiendo una protección humanitaria esencial en un privilegio costoso”, destacó.
De esto se trata la nueva ley de EU
La ley promulgada el viernes por el presidente Donald Trump asigna 170 mil millones de dólares en gastos de seguridad fronteriza y control migratorio para los siguientes cinco años.
También establece un impuesto de 1 por ciento a las remesas en efectivo superiores a los 15 dólares a partir del 31 de diciembre y tarifas nuevas para trámites migratorios específicos.
Entre ellas, impone una tarifa de 5 mil dólares a los no ciudadanos detenidos entre puertos de entrada y una de mil dólares a quienes reciban permisos temporales de entrada bajo criterios humanitarios.
Aquellas personas arrestadas tras faltar a una audiencia de migración irregular se enfrentan a una multa de 5 mil dólares.
Igualmente incluye:
- Tarifa de 100 dólares para solicitar asilo
- Una de 550 dólares para permisos de trabajo
- Tarifa de 275 dólares para renovaciones y un aumento en la tarifa de la Autorización Electrónica de Viaje (eTA), que pasaría de 21 a 40 dólares.
También se elevará el costo del formulario I-94 para visitantes temporales, de seis a 30 dólares.
La fuente más significativa de ahorro proyectado proviene de una nueva tarifa mínima de 250 dólares por la emisión de visas para no inmigrantes, que generaría ingresos por 27 mil millones de dólares.
La ley también establece una tarifa de 250 dólares para solicitar el estatus de Inmigrante Juvenil Especial y otra de 500 dólares para el TPS.
Castigo disfrazado
Las tarifas buscan generar ingresos y compensar los costos de control migratorio pero algunos activistas creen que los fondos son menos necesarios ahora que la frontera está prácticamente cerrada.
“La asignación de un cheque en blanco para la militarización fronteriza y la aplicación masiva de medidas de seguridad desatará la discriminación racial, la vigilancia masiva, la separación familiar y los abusos contra los derechos humanos”, sostuvo Nicole Melaku, directora ejecutiva de la Asociación Nacional para Nuevos Estadunidenses (NPNA).
En conjunto, estas tarifas buscan que los migrantes paguen por los servicios que reciben pero el abogado Borrás estimó que trasladan una carga financiera considerable a los no ciudadanos que buscan presencia legal o protección.
“No es una reforma, es un castigo disfrazado de política migratoria, que convierte la desesperación humana en una fuente de ingresos para sostener la detención masiva”, sostuvo Borrás.
Seguridad fronteriza y política migratoria
En seguridad fronteriza y política migratoria, el mega paquete asigna 46.5 mil millones de dólares para financiar la construcción de 700 millas (mil 126 kilómetros) adicionales de muro divisorio y su infraestructura relacionada.
Actualmente ya existen 700 millas construidas, 450 millas de las cuales fueron elevadas en el primer mandato del presidente Trump y los recursos financian el mantenimiento de las barreras existentes.
Aprobada tras la reciente inauguración del centro de reclusión Alligator Alcatraz en los Everglades (Florida), la nueva ley incluye 45 mil millones de dólares para ampliar la capacidad de detención de inmigrantes de los 41 mil 500 actuales a 116 mil espacios, según el American Immigration Council (AIC).
“La verdadera pregunta es qué tan rápido podrá la administración Trump utilizar este dinero para alimentar su campaña de deportaciones masivas”, cuestiona Kathleen Bush-Joseph, analista del Migration Policy Institute.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) recibiría 31 mil millones de dólares para sus operaciones, incluidos 8 mil millones en bonos de retención y para la contratación de alrededor de 10 mil agentes que se sumarán a los 20 mil actuales, además de 5 mil oficiales de la 'patrulla fronteriza'.
"Este proyecto de ley es un fracaso moral y político. Retira fondos de la atención médica y la asistencia alimentaria y los utiliza para impulsar la cruel agenda antiinmigrante de la administración Trump", declara Shayna Kessler del Instituto de Justicia Vera.
“Desmantela las protecciones legales para los niños inmigrantes y recorta la financiación de servicios sociales y legales que salvan vidas, al tiempo que recompensa a los agentes de ICE con bonificaciones”, denuncia.
La tecnología de vigilancia fronteriza recibirá 6.2 mil millones de dólares, además el Departamento de Justicia obtendrá más de 6 mil millones en total para subvenciones y operaciones relacionadas con inmigración.
“Las repercusiones de este proyecto de ley se sentirán profundamente en todas las comunidades, independientemente de su afiliación política, residencia rural o urbana, o color de piel. Los estadunidenses ahora tendrán que asumir el resultado de esta legislación”, sostuvo Melaku del NPNA.
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KL
