M+.- Aunque Stephen Miller, el nuevo jefe del Gabinete de la Casa Blanca a partir de este lunes, capturó la atención —y las críticas— por su papel protagónico en las agresivas redadas migratorias de la segunda era Trump, también ha sido una de las principales figuras operando desde las sombras detrás de la ofensiva contra los cárteles del narcotráfico.
Como uno de los hombres más cercanos a Trump desde su primer mandato, Miller ha sido vinculado en investigaciones periodísticas con políticas como los ataques mortales contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas en el Caribe, propuestas de operaciones militares dentro de México y una investigación sobre políticos mexicanos presuntamente vinculados con los cárteles.
“Stephen Miller está en el centro de las principales decisiones políticas que se están tomando en la administración. Por lo tanto, merece ser objeto de supervisión e investigación”, dijo este domingo en el programa State of the Union de CNN el legislador mexico-estadunidense Robert García, quien podría liderar el Comité de Supervisión de la Cámara Baja en enero.
En reacción, el procurador general de Justicia, Todd Blanche, declaró al mismo programa que "si intentan perseguir a Stephen Miller por lo que sea que (el legislador Robert) García piense hacer, en lugar de simplemente supervisar y liderar, por supuesto que el Departamento de Justicia estará ahí".
El presidente Trump ordenó este sábado al Departamento de Justicia investigar supuestas amenazas de demócratas hacia donantes y otras personas ligadas a la campaña del presidente de los republicanos, luego que legisladores como García, Gregory Meeks y otros han declarado su intención de investigar al presidente y sus allegados, entre otros.
Ataque a cárteles, medida contra las drogas y la migración
El rol de Miller en la política hacia los cárteles empezó desde el año pasado. Una investigación publicada en diciembre de 2025 por The Washington Post indicó que él y otros altos funcionarios discutieron inicialmente la posibilidad de lanzar ataques contra cárteles y presuntos narcos dentro de México para reducir el tráfico de drogas y la migración irregular.
El periódico reveló que Miller contribuyó a impulsar una directiva clasificada firmada por Trump el 25 de julio de 2025, que autorizaba el uso de fuerza letal contra dos docenas de organizaciones criminales extranjeras.
The New York Times fue el primer medio en revelar la directiva que permitía operaciones militares en el mar y en territorio extranjero. Entre las opciones discutidas en Washington figuraban ataques con drones o misiles navales contra líderes e instalaciones de los cárteles en México.
Narcolanchas
A raíz de objeciones legales y la postura del gobierno mexicano contra operaciones unilaterales, la campaña militar comenzó en el Caribe. El 2 de septiembre de 2025, fuerzas estadunidenses destruyeron una embarcación que la administración identificó como utilizada por narcotraficantes venezolanos.
The Guardian reportó que Miller desempeñó un papel central en la conducción de los ataques contra embarcaciones a través del Consejo de Seguridad Nacional Interior. Su principal colaborador, Anthony Tony Salisbury —director asociado interino de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI)—, ayudaba a controlar la información sobre los posibles objetivos.
Salisbury cuenta con años de experiencia en investigaciones en México, incluyendo su cargo como agregado adjunto en la Ciudad de México, donde supervisó cinco oficinas de HSI en todo el país.
En su comparecencia ante el Congreso en marzo de 2023, Salisbury explicó que prestó servicio en México de 2010 a 2013 y describió su experiencia realizando investigaciones.
Posteriormente, The Washington Post informó que Miller presionó para desarrollar nuevas opciones militares y contribuyó a establecer un sistema de selección de objetivos inspirado en los procedimientos antiterroristas, pero dirigido contra presuntos narcotraficantes.
La lista de nexos con el narco
El 15 de mayo, ProPublica reveló que un equipo de la Casa Blanca, supervisado por Miller —pero bajo la dirección operativa de Salisbury—, solicitó expedientes de inteligencia e investigaciones policiales sobre políticos, funcionarios y militares mexicanos sospechosos de mantener vínculos con organizaciones del narcotráfico.
La lista resultante, integrada por varias decenas de posibles objetivos, incluía políticos del partido Morena, gobernadores y personas cercanas al expresidente Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con ProPublica.
Una parte de los nombres coincidía con una lista elaborada en 2019 por la Administración para el Control de Drogas (DEA), que identificaba aproximadamente a 35 funcionarios mexicanos. Sin embargo, la inclusión de una persona en esas listas no constituye prueba de que haya cometido algún delito.
El 28 de abril de 2026, se efectuó la detención provisional con fines de extradición de 10 funcionarios y exfuncionarios mexicanos, incluido el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusados por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York de presuntamente colaborar con el cártel de Sinaloa a cambio de sobornos y protección política.
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ksh
