M+-. Nueve mujeres migrantes latinoamericanas fueron expulsadas de Estados Unidos y trasladadas a República Centroafricana hace dos semanas, a más de 10 mil kilómetros de sus hogares. Algunas acudieron a sus citas obligatorias de supervisión migratoria y terminaron detenidas y deportadas a otro continente.
Hoy enfrentan la incertidumbre de permanecer en un país desconocido, sin documentación, atención médica adecuada ni asesoría legal. Una de ellas tuvo que despedirse de su hija de seis años. Desde entonces, la niña reza todos los domingos para que su madre vuelva.
Yusmery de la Caridad Valdespino acudía cada tres meses a las oficinas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), en Houston, Texas. Debía presentarse para cumplir con sus citas de supervisión migratoria, después de haber quedado bajo vigilancia de las autoridades mediante el formulario I-220A.
El 14 de julio acudió, como lo había hecho en ocasiones anteriores. Esta vez no iba sola: la acompañaba Ximena, su hija de seis años, ciudadana estadunidense. Yusmery la llevó a las oficinas a su cita migratoria que marcaría el comienzo de una separación que ya suma cuatro meses.
Cuando los oficiales le informaron que quedaría detenida, le preguntaron si algún familiar podía recoger a la niña. Tuvo que llamar al padre para que fuera por ella. Después vino la despedida.
Yusmery permaneció tres meses en el centro de detención Montgomery, en Houston. Durante ese tiempo, Ximena podía visitarla, aunque el contacto físico estaba prohibido: solo podían mirarse a través de un cristal. La pequeña le contaba lo que hacía en la escuela, le llevaba regalos y muchas veces terminaba llorando.
El 21 de octubre, alrededor de la una de la mañana, sacaron a Yusmery del centro de detención sin explicarle cuál sería su destino. La trasladaron al Aeropuerto Internacional de Alexandria, en Luisiana, donde la esperaban otras mujeres migrantes y decenas de hombres.
Los oficiales les dijeron que serían trasladados a Miami. No era cierto. Después de aproximadamente 30 horas de vuelo y varias escalas, Yusmery y otras ocho mujeres latinoamericanas, de entre 26 y 60 años, llegaron a Bangui, la capital de la República Centroafricana. Las habían deportado a un país de otro continente con el que no tenían vínculos familiares y cuyos idiomas —francés y sango— desconocían.
Fue hasta que aterrizaron en África cuando supieron cuál era su verdadero destino. A más de 10 mil kilómetros, en Estados Unidos, Ximena sigue esperando a su madre. Cumple años el 27 de noviembre y tiene un solo deseo: que Yusmery esté a su lado para celebrarlo juntas en un parque.
“Muchas compañeras —de las latinas que deportaron— no quieren dar entrevistas porque sus hijos también están siendo afectados y les resulta muy doloroso exponerse públicamente”, cuenta Yusmery durante una videollamada con MILENIO.
La separación que vive Ximena no es un caso aislado. Un informe de Brookings Institution señala que más de 205 mil niños en Estados Unidos —entre ellos, 145 mil ciudadanos estadunidenses— han quedado separados de al menos uno de sus padres debido a detenciones o deportaciones migratorias del ICE.
Para los hijos de estas mujeres, la distancia adquiere otra dimensión. Mientras sus madres intentan sobrevivir en República Centroafricana, ellos permanecen en Estados Unidos, sin saber cuándo podrán volver a reunirse.
La separación familiar es una de las heridas que atraviesan sus historias. En África, la incertidumbre, las condiciones precarias, la falta de atención médica y el miedo se han convertido en parte de su vida cotidiana.
Una deportación a un destino desconocido
Roxana Cardoso, cubana de 26 años, recuerda que durante la madrugada del 21 de octubre comenzaron a sospechar que su destino sería otro continente.
En el autobús también viajaban personas africanas. Además, la cantidad de alimentos que subieron al avión les hizo pensar que enfrentarían un trayecto muy largo. Las sospechas se confirmaron después de varias escalas: Senegal, Guinea Ecuatorial y Burundi, antes de llegar a República Centroafricana.
Roxana denuncia que durante el vuelo recibieron apenas un pan frío y agua. Las mujeres viajaban esposadas y, según su testimonio, tenían dificultades incluso para ir al baño.
“Ninguna de las mujeres que estamos aquí tiene antecedentes criminales. Ni siquiera tenemos una infracción de tránsito como para que nos traten de esta manera”, afirma.
Taimi Pelegrín también denuncia agresiones físicas y psicológicas durante el traslado. Asegura que los oficiales utilizaron camisas de fuerza con algunos hombres y recuerda que estuvo a punto de orinarse encima después de que le negaran durante más de tres horas la posibilidad de levantarse para ir al baño.
“El avión despegó mientras nosotros todavía estábamos de pie, porque protestábamos para impedir que nos llevaran. Exigíamos que alguien nos explicara a dónde íbamos, pero nadie quiso hablar con nosotros”, asegura.
Una vida suspendida en República Centroafricana
La llegada a Bangui tampoco significó el fin de las agresiones. Las mujeres describen un aeropuerto sin condiciones adecuadas y un operativo de seguridad integrado por policías armados. Aseguran que algunos hombres fueron golpeados durante el desembarque y que varios descendieron desmayados.
Hoy permanecen en un centro cuyo nombre oficial y dirección desconocen. No cuentan con documentos válidos para desplazarse, carecen de asesoría legal suficiente y tampoco saben qué autoridad debe responder por su situación.
“No tenemos nombre ni dirección. No nos han querido dar esa información”, denuncia Roxana.
Taimi afirma que, a su llegada, representantes de Naciones Unidas les ofrecieron ayuda, pero que hasta ahora no se ha traducido en las condiciones que necesitan.
La comunicación con sus familias depende de teléfonos que consiguieron gracias a personas que han buscado apoyarlas, entre ellas Yasmany, otro migrante cubano deportado a Bangui que permanece en un centro aledaño. Sin esos dispositivos, muchas no tendrían cómo hablar con sus hijos.
La conexión a internet es deficiente, los cortes de electricidad son constantes y la diferencia horaria complica todavía más el contacto con sus familias. Cada llamada depende de que haya señal, batería y una oportunidad para comunicarse.
“Estamos aquí como olvidadas, detenidas en el tiempo, como personas muertas que solamente comen y duermen”, dice Yusmery.
Sin medicamentos y expuestas a enfermedades
La preocupación por la salud atraviesa los testimonios. Aime López, cubana que vivió cinco años en Estados Unidos, asegura que fue detenida cuando acudió a una cita de supervisión del ICE en Dallas. Permaneció tres meses en un centro de detención en Oklahoma antes de ser trasladada a África.
Desde su llegada a la República Centroafricana no ha podido tomar los medicamentos que necesita para controlar la presión arterial.
“Llevo más de 15 días sin tomarlos. Me he sentido bastante mal. Tengo dolores de cabeza, deseos de vomitar y mucha inflamación en las manos y los pies”, cuenta.
Aime asegura que sus extremidades se han inflamado tanto que sus pies ya no caben en sus sandalias y que siente dolor constantemente.
También cuestiona la calidad del agua que consumen. La describe como amarilla y asegura que desconocen si está tratada o es segura para beber. La alimentación es otra fuente de preocupación: las mujeres dicen que no pueden preparar sus propios alimentos y que deben consumir exclusivamente lo que les proporcionan.
Los intentos de introducir un cilindro de gas para cocinar fueron rechazados por los guardias. La posibilidad de preparar comida por su cuenta, explican, les permitiría tener cierto control sobre lo que comen y reducir la incertidumbre sobre su alimentación.
Taimi afirma que padece problemas estomacales desde su llegada y que no ha recibido una revisión médica. Sospecha que podrían estar relacionados con el agua o los alimentos.
También les preocupa la falta de productos y atención para la salud menstrual. Varias mujeres esperan su periodo menstrual sin saber cómo podrían atenderse si presentan alguna complicación o infección por la mala calidad del agua y la imposibilidad de bañarse hasta en dos días.
República Centroafricana enfrenta una elevada carga de enfermedades infecciosas. Los datos de la Organización Mundial de la Salud registran una incidencia importante de malaria, una amenaza que las mujeres dicen temer, especialmente por la presencia de mosquitos y la falta de atención sanitaria.
Para ellas, enfermar en un país donde no conocen el sistema de salud, no tienen documentos y carecen de recursos para recibir atención representa otra fuente de angustia.
El miedo de ser mujeres en un país desconocido
A las carencias materiales se suma el temor por su seguridad. Las entrevistadas aseguran que una de sus compañeras fue asaltada y que procuran no salir solas. No conocen el entorno, no tienen redes familiares en el país y tampoco cuentan con recursos suficientes para resolver cualquier emergencia.
Tampoco tienen representación consular cercana. Señalan que la atención consular cubana se encuentra en el Congo y que no pueden trasladarse a ese país vecino porque carecen de documentos.
Yarislaidis Esperanza Toscano, cubana de 40 años que vivió cuatro años en Las Vegas, asegura que su abogado federal presentó un recurso de hábeas corpus mientras permanecía detenida. Dos meses después recibió un correo electrónico en el que le informaron que un juez había aprobado el recurso. Sin embargo, ella continúa en África.
“Hasta ahora, ninguna autoridad de este país se ha acercado a explicarnos nuestra situación”.
Yarislaidis denuncia que fue golpeada durante el traslado porque se resistió a ser deportada. Desde entonces, dice, no consigue dormir con tranquilidad.
“Nos preocupa salir a la calle porque existen riesgos de asaltos, secuestros y otras situaciones de violencia. También nos preocupa nuestra seguridad como mujeres. Tenemos miedo de que podamos sufrir abusos sexuales o cualquier otro tipo de violencia”, asegura.
Las nueve mujeres intentan mantenerse juntas. Se acompañan, se cuidan y lloran entre ellas cuando la desesperación las rebasa. En un país donde no conocen a nadie, el grupo se ha convertido en su principal red de apoyo.
Nueve mujeres, nueve vidas en suspenso
El grupo está integrado, según la identificación de las propias entrevistadas, por cinco cubanas, tres venezolanas y una peruana. Sus historias son distintas, pero comparten una misma incertidumbre: no saben cuánto tiempo permanecerán en República Centroafricana ni qué deben hacer para recuperar su libertad de movimiento y regresar con sus familias.
Entre ellas hay una mujer venezolana de más de 60 años que, de acuerdo con Yusmery, permanece encerrada en su habitación debido a la depresión. También está una peruana que decidió no conceder una entrevista para evitar más sufrimiento a sus hijos.
Su historia es distinta a la de las demás. Había ingresado por México y permaneció detenida durante un año mientras peleaba su caso migratorio. Según el relato de Yusmery, nunca llegó a ingresar a Estados Unidos —fue detenida en la frontera— y, aun así, fue trasladada a República Centroafricana, pudiendo ser enviada a su país.
Su sueño era llegar a Estados Unidos para trabajar y pagarle la universidad a su hijo, que quiere ser médico.
La distancia también pesa sobre las otras familias. Aime dejó en Estados Unidos a su hija de 17 años, a quien llevaba todos los días a la escuela. Yusmery no sabe cuándo volverá a abrazar a Ximena. Las demás mujeres tampoco tienen una fecha, una respuesta oficial ni una vía clara para regresar.
Un país que no eligieron
La deportación a República Centroafricana forma parte de una política estadunidense de expulsión de migrantes hacia terceros países con los que no tienen vínculos. Human Rights Watch ha documentado traslados de personas migrantes a países distintos de sus lugares de origen y ha cuestionado la falta de garantías procesales y de protección frente a posibles violaciones de derechos humanos.
En uno de sus informes, la organización documentó que más de 500 migrantes habían sido expulsados hacia países africanos con los que no tenían vínculos, entre ellos Camerún, República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Esuatini, Sudán del Sur y República Centroafricana.
Por su parte, información atribuida a un informe del Senado estadunidense señala que se habrían pagado más de 32 millones de dólares directamente a cinco terceros países, tres de ellos africanos, a cambio de recibir personas deportadas.
Para las nueve mujeres, las consecuencias de esta política no son una discusión diplomática ni una cifra presupuestal. Son la separación de sus hijos, la pérdida de sus redes familiares, la falta de documentos y la imposibilidad de decidir dónde vivir.
Todas coinciden en una petición: que alguna autoridad se haga responsable de su situación, les proporcione documentos, asistencia jurídica y una respuesta sobre su futuro. Piden que se revisen sus casos y que puedan regresar a Estados Unidos para reunirse con sus familias.
La derrota del Partido Republicano en las elecciones intermedias abrió para ellas una pequeña esperanza: que las autoridades estadunidenses vuelvan la mirada hacia sus historias y atiendan su situación. No saben si ese cambio político tendrá alguna consecuencia para ellas. Por ahora, siguen sin respuestas.
Mientras tanto, Yusmery permanece lejos de Ximena. El 27 de noviembre, la niña cumplirá siete años. Quiere que su madre esté con ella para ir juntas a un parque.
Cada domingo reza para que vuelva. Yusmery, desde África, solo puede esperar que ese deseo se cumpla.
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ksh
