M+.- A 10 mil kilómetros del sur de Florida —donde fue detenido por el ICE—, bajo el calor denso y sofocante de Bangui, Yasmany Noel Moreno de Armas mira la pantalla de su teléfono. Tiene 31 años y está atrapado en el limbo más peligroso de su vida: el de las deportaciones a terceros países, una política impulsada por Estados Unidos que lo arrojó al corazón de África, a uno de los territorios más peligrosos del mundo.
Se conecta por videollamada desde la República Centroafricana, donde apenas si logra comunicarse con sus habitantes, que hablan sango y francés.
No está formalmente en prisión, pero tampoco es libre. Su destino se decidió a miles de kilómetros de distancia, sin que le informaran adónde lo llevaban.
“Te montan en un avión y te llevan para África”, resume a MILENIO, con la crudeza de quien todavía intenta asimilar lo ocurrido.
Yasmany es uno de los más de 500 migrantes que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) ha expulsado hacia seis países africanos con los que no tienen vínculo alguno, según Human Rights Watch (HRW): Camerún, República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Esuatini, Sudán del Sur y República Centroafricana.
Entre los deportados hay cubanos, ecuatorianos, hondureños y nicaragüenses. También, confirma Yasmany, al menos dos mexicanos que corrieron la misma suerte. Hombres de distintas nacionalidades, trasladados a miles de kilómetros de sus hogares, quedaron atrapados en países que no eligieron como destino.
La pesadilla comenzó el 31 de julio de 2026. Yasmany llevaba horas en el aire, a bordo de un Boeing 767 acondicionado para transportar deportados. Viajaba con las manos y los tobillos encadenados, rodeado de decenas de migrantes de Turquía, Rumania, Rusia, Cuba y otros países de América Latina.
Creía que lo trasladaban a otro centro de detención dentro de Estados Unidos. Nadie le había mostrado una orden formal que dispusiera su expulsión hacia África. Tampoco le habían comunicado el destino.
Cinco horas después del despegue, un agente del ICE de origen mexicano rompió el silencio. “¿Cómo que a África?”, preguntó Yasmany, incrédulo. “Yo no sé si ustedes lo saben o no, pero ustedes van para África”, respondió el oficial.
El vuelo se prolongó durante 22 horas. Las escalas en Senegal y Nigeria sirvieron para desembarcar a otros grupos de deportados. Mientras tanto, Yasmany seguía encadenado, sin saber dónde terminaría aquel viaje ni qué le esperaba al llegar.
Cuando los motores finalmente se apagaron, lo recibió el aire ardiente de Bangui, la capital de la República Centroafricana. En el aeropuerto les aplicaron apresuradamente la vacuna contra la fiebre amarilla, les retiraron las esposas y los escoltaron hasta un centro de internamiento migratorio.
De la balsa en Miami al laberinto de las huellas
El camino que llevó a Yasmany hasta África empezó una década atrás. En 2016, escapó de Cuba a bordo de una rústica balsa de madera junto a 27 personas. Cruzaron el estrecho de Florida y tocaron tierra en los Cayos Marquesas bajo el amparo de la histórica política de “pies secos, pies mojados”.
La Guardia Costera lo procesó bajo la figura de parole 212(d)(5), un permiso legal de entrada que le abría la puerta para solicitar la residencia permanente al año y un día. Yasmany se estableció en Miami, consiguió trabajo de inmediato y comenzó a edificar una vida. Sin embargo, un fantasma burocrático empañó su tranquilidad.
Las autoridades estadunidenses afirmaban que sus huellas dactilares coincidían con las de una persona que había ingresado irregularmente a EU en 2011.
Yasmany presentó pruebas irrefutables de que en 2011 él aún estudiaba en Cuba y que su primer ingreso había sido en la balsa de 2016. Entregó fe de vida, certificados de estudio e identificaciones a los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS). Pese a ello, la anomalía en el sistema nunca fue corregida.
El 11 de mayo de 2025, durante una revisión de rutina de la Patrulla Fronteriza en West Palm Beach, la inconsistencia resurgió. Mientras sus acompañantes fueron liberados, Yasmany quedó arrestado.
Pasó cuatro días en la “hielera” de Krome, en Miami —un calabozo abarrotado donde más de 50 hombres dormían hacinados sobre el piso helado—, para luego ser trasladado encadenado a un centro en Chaparral, Nuevo México. Un juez de inmigración reconoció que su identidad era correcta y que su entrada había sido regular. No obstante, el trámite judicial se complicó y, en abril de 2026, una corte desestimó su causa.
Yasmany apeló de inmediato ante la Corte de Apelaciones del Décimo Circuito. El recurso estaba en pleno trámite cuando, sin previo aviso, lo sacaron de su celda, lo encadenaron y lo subieron al avión rumbo al continente africano. La justicia estadunidense ni siquiera esperó el fallo de su propia corte.
Dejarlos en medio de la nada
Lo que vivió Yasmany no es un hecho aislado: es un patrón documentado. Un informe de Human Rights Watch (HRW) detalla cómo la administración estadunidense ha utilizado vuelos para expulsar a cientos de personas a terceros países sin garantizar ningún tipo de debido proceso ni derecho al asilo.
“Deportar a personas a países en los que nunca han puesto un pie forma parte de una política estadunidense deliberada para causar sufrimiento y disuadir la migración”, denuncia Michael García Bochenek, director interino de Estados Unidos para HRW.
En una audiencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, un funcionario norteamericano admitió bajo reserva el verdadero propósito de estas maniobras: infundir terror psicológico.
“La idea es que el gobierno pueda amenazar a las personas con dejarlas, literalmente, en medio de la nada”.
Para Yasmany, esa amenaza dejó de ser una metáfora para convertirse en su realidad cotidiana.
Sobrevivir al rescate, la malaria y el abandono
La República Centroafricana es uno de los países más devastados por la extrema pobreza, la violencia de grupos armados y el colapso de las instituciones. En este entorno, Yasmany y sus compañeros carecen de todo.
“La ONU nunca nos da una identificación ni documentos para estar regularmente en este país”, afirma.
Las autoridades locales les permiten salir del centro de detención apenas dos horas al día. Pero dar un paso en la calle implica exponerse a la extorsión y a las detenciones arbitrarias por parte de la policía de Bangui. Sin pasaporte ni visado, cualquier patrulla policial los detiene bajo el pretexto de ilegalidad.
“Los guardias nos tratan como animales”, relata Yasmany.
Los trasladan a chozas improvisadas de madera que funcionan como celdas policiales y les exigen sumas que van de los 50 mil a los 100 mil francos CFA (unos 200 dólares). Si no pagan el “rescate”, no salen. Yasmany ha tenido que pagar ese peaje arbitrario tres veces para no quedar encarcelado indefinidamente.
A la extorsión se suma la amenaza invisible de la salud. La República Centroafricana registra más de 1.8 millones de casos de malaria al año entre sus cinco millones de habitantes, según los reportes de malaria de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En el centro de detención, las nubes de mosquitos son implacables.
“Tenemos picaduras por todos los brazos y los pies. Son demasiadas”, dice mostrándose las marcas en la piel.
Convulsionado por náuseas, fiebres y escalofríos, bebe unas pastillas azules y verdes que le suministran sin explicación médica. Le alivian el dolor por un par de días, pero la infección regresa.
La comida es otra batalla. La ración institucional es incomible, por lo que Yasmany depende de las remesas que su familia le envía desde Estados Unidos y de donaciones conseguidas a través de campañas de recaudación en redes sociales.
Con ese dinero compra arroz, huevos y frijoles en los mercados precarios locales. La solidaridad se ha convertido en su única trinchera de dignidad. También mosquiteros para intentar dejar de ser presas tan fáciles de los mosquitos que transmiten la malaria.
“Somos seis latinos que, después de ser deportados a Bangui, República Centroafricana, nos encontramos en una situación muy difícil y lejos de nuestras familias. Llegamos a un lugar desconocido, sin los recursos necesarios para cubrir nuestras necesidades básicas y comenzar nuevamente nuestras vidas. Por eso estamos pidiendo el apoyo de personas de buen corazón”, resume en la descripción del Gofundme.
Las deportaciones a Bangui
Desde que pisó Bangui, Yasmany ha visto llegar nuevos contingentes cada tres semanas. Aviones cargados con venezolanos, nicaragüenses, sirios, turcos, indios y vietnamitas que aterrizan en la pista centroafricana sin comprender qué idioma se habla ni qué destino les espera.
Yasmany calcula que en los seis centros de internamiento dispersos en la zona quedan unas 53 personas atrapadas, divididas en módulos de hombres y mujeres. En el suyo conviven 18. Algunos han logrado volver a sus países mediante programas de repatriación de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Él mantiene la mirada fija en su expediente. Quiere volver a Estados Unidos, el país donde dejó su juventud, su trabajo y sus sueños, y donde su apelación legal aún duerme en los anaqueles de una corte de Colorado, pues sabe que si lo llegaran a deportar a Cuba, se convertiría en un preso político.
“Es algo muy traumático lo que estamos viviendo”, confiesa con la voz quebrada ante la luz de la cámara, porque por varios minutos hay cortes eléctricos en el centro migratorio.
A miles de kilómetros de su familia y sin más herramientas que la verdad de su testimonio, a través de redes sociales y entrevistas a medios extranjeros, Yasmany espera.
Mientras tanto, en el corazón de África, cada noche vuelve a cerrar los ojos bajo la sombra de un mosquitero, rogando que el próximo avión que escuche sea el que lo lleve de regreso a casa.
ksh
