El gobierno de Perú presentará a la Organización de los Estados Americanos (OEA) una propuesta para modificar los criterios de otorgamiento de asilo diplomático y así corregir una “desviación en la aplicación de la Convención de Caracas de 1954”.
La iniciativa de Lima se da después de que México le concediera asilo a la ex primera ministra Betssy Chávez, quien está acusada y procesada en juicio por su presunta participación en el fallido intento de golpe de Estado liderado por el ex presidente Pedro Castillo en diciembre de 2022.
El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Hugo De Zela, detalló este martes en la emisora RPP que la propuesta que presentarán establece que se haga obligatorio para el país que concede el asilo solicitar la “información adecuada” sobre el beneficiado antes de tomar una decisión.
El objetivo central, señaló De Zela, es asegurar que las decisiones de asilo no estén basadas en “cuestiones ideológicas”.
Contradicen a Jerí
El canciller sostuvo que, en el manejo del caso de Chávez, “la posición del gobierno es atenerse a las reglas del derecho internacional sin duda alguna”.
De Zela también reiteró que las autoridades peruanas no van a ingresar a la embajada de México para detener a Chávez.
El ministro de Exteriores se refería a las palabras del presidente interino, José Jerí, quien este domingo abrió la posibilidad de repetir lo sucedido en Ecuador con el asalto a la legación mexicana para detener al ex vicepresidente correísta Jorge Glas, después de que también hubiera recibido asilo por parte del país norteamericano.
“Si se tiene que ingresar a la embajada mexicana, se hará”, remarcó el jefe de Estado peruano en una entrevista publicada este domingo por el diario El Comercio, lo que el lunes fue desdicho por su primer ministro, Ernesto Álvarez.
Álvarez, quien es jurista y presidió el Tribunal Constitucional peruano, dijo que tanto él como el canciller De Zela, saben “de manera técnica” que “no es posible tratar de sustraer del ámbito de la sede diplomática a una persona, por más emotividad o por más que sea requerida por la justicia peruana”.
La justicia de Perú ordenó el pasado viernes la captura internacional de Chávez y prisión preventiva por cinco meses porque consideró que es “palpable” el peligro de fuga, por su inasistencia al control del registro biométrico y a las audiencias judiciales.
