En la tarde del 3 de noviembre de 1989, los camiones militares del Perú salieron desde el Cuartel 9 de diciembre en Huancayo rumbo a Pucará, un pueblo de unos cientos de habitantes, a solo 15 kilómetros de distancia de la base, en el departamento de Junín.
Los soldados que partieron esa tarde no vestían uniforme. Llevaban ropa de civil, pasamontañas negros guardados en los bolsillos, ametralladoras HK 21 de nueve milímetros con silenciadores, fusiles FAL calibre 7.62, linternas al cuello y visores nocturnos.
Eran parte del Batallón Antisubversivo Inclán, una unidad de refuerzo temporal que reunía a efectivos de diferentes divisiones del Ejército peruano bajo el mando del teniente coronel Marco Antonio Ramos Cruz.
Habían sido convocados a una Operación Especial de Inteligencia en contra de Sendero Luminoso, la guerrilla maoísta que había declarado la guerra al Estado y aterrorizaba por igual a poblados a base de matanzas como a ciudades con atentados y bombas.
Habría cerca de 30 hombres, entre oficiales, informantes, técnicos y suboficiales, incluido el subcomandante de Infantería Luis Miguel Fernández Gaviola, quien más tarde sería vital para conocer a fondo esta historia.
Cerca de las 21:00 horas, los vehículos llegaron a Pucará. Los pobladores se dieron cuenta muy rápido de la presencia militar, pues era un pueblo tranquilo donde todos se conocían, un lugar de casas humildes con techos de lámina, calles de tierra y una plaza donde ocasionalmente los niños jugaban futbol.
Tiempo después. el subcomandante Fernández Gaviola revelaría que unos informantes les habían dicho que en ese lugar vivían personas que pertenecían a la organización terrorista, así que antes de llegar ya sabían qué puerta tocar.
Entre las 2:00 y las 3:00 horas del 4 de noviembre de ese 1989 comenzó el operativo. Los soldados, ya con pasamontañas que cubrían sus rostros, empezaron a golpear puertas.
Jesús Beltrán Poma Vila, uno de los testigos que sobrevivió, dijo que cuando llegaron a su casa preguntaron por el local donde se reunían los subversivos. Él no entendía qué pasaba, pero ese día en su casa estaban un joven de apellido Pérez Ureta, Gladis Poma Vila y Madeleine Poma Vila. Los dispararon a quemarropa y los dejaron tendidos sobre el suelo.
La señora Justa Laurente declaró que entraron a su casa y se llevaron a su marido, Leoncio Orihuela Medrano. Julián Fortunato Castillón Romero vio cómo capturaban a su padre, Nilo Cayo Castillón Laveriano. Dionisia Cueva González presenció el momento en que arrestaron a su esposo, Paulino Cabezas Cóndor, y a su hijo Raúl Cabezas Cueva.
Todos fueron sacados de sus casas en medio de la noche, en pijama o ropa de dormir, descalzos. Las familias escucharon cómo los asesinaban a tiros a la distancia.
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Emigró, obtuvo ciudadanía y ahora lo van a echar
Hoy se sabe que en 1992, tras esos hechos, el capitán Fernández Gaviola emigró a Estados Unidos, pero por supuesto jamás mencionó que había sido parte de una ejecución extrajudicial. Unos años después obtuvo su residencia temporal y más tarde la ciudadanía norteamericana.
Sin embargo, ahora, debido a que desde julio de 2025 el gobierno de Donald Trump ha ordenado una campaña para “desnaturalizar”, es decir, revocar la ciudadanía estadunidense de un inmigrante naturalizado, el capitán Fernández se ha convertido en uno de los primeros casos donde el gobierno ya inició un juicio civil para retirarle este beneficio y expulsarlo del país.
Este es un movimiento que casi no se aplicaba en Estados Unidos y realmente existían contadísimos casos donde las personas eran despojadas de su ciudadanía estadunidense.
Lo anterior se da luego de que fuera publicado el memorándum del Departamento de Justicia (DOJ, sus siglas en inglés) del 11 de junio de 2025, firmado por el jefe de la División Civil, Brett A. Shumate, dirigido a todo el personal de esa División. Ahí se afirma que el presidente Trump ordenó a esa instancia gubernamental alinear su litigio con los objetivos de la administración y, en ese marco, la quinta prioridad explícita es "priorizar la desnaturalización".
La base legal invocada es el título 8 U.S.C. que permite al gobierno demandar por vía civil la revocación de la ciudadanía cuando la naturalización fue “ilegalmente obtenida” o se consiguió mediante ocultamiento de un hecho material o una tergiversación intencional.
Aunque no hay cifras exactas, hay pocos casos de desnaturalización en Estados Unidos. Por ejemplo, entre 1990 y 2017, el Departamento de Justicia reveló que había llevado a la Corte 305 casos de desnaturalización, alrededor de 11 por año en promedio.
Según organizaciones civiles, durante el primer mandato de Trump el promedio subió a alrededor de 25 casos por año, un poco más del doble respecto del periodo antes registrado.
Este diario encontró que el Departamento de Justicia ha hecho públicas siete demandas civiles para arrebatar la ciudadanía, de las cuales cuatro son personas originarias de un país de Latinoamérica, Guatemala. Otros tres son de Croacia, Bosnia e India.
Lo que pasó en la madrugada de Pucará
Según la Resolución de Nulidad N° 540-2015 de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia del Perú, que obtuvo este diario, esa noche fueron ejecutadas ocho personas con ametralladoras HK 21.
Cuando todo terminó, los soldados de la segunda patrulla detonaron cargas explosivas en la plaza de armas de Pucará y pintaron consignas alusivas al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), el otro grupo armado que operaba en Perú. Incluso izaron una bandera de esta guerrilla en el centro del pueblo para hacer creer que la masacre la habían orquestado otros terroristas.
Pero el pueblo de Pucará sabía la verdad. Jesús Beltrán Poma Vila, Arturo Orihuela Justo, Amelia Ureta Carhuamaca y otros testigos vieron a los militares, escucharon sus voces, reconocieron que no eran del MRTA ni de Sendero Luminoso. Vieron las camionetas del Ejército alejarse en la madrugada.
Al día siguiente, el capitán Luis Miguel Fernández Gaviola y su patrulla regresaron al Cuartel 9 de Diciembre. Según su versión, entregada años después ante un juez militar, su misión había sido dar seguridad perimetral a una operación de captura de presuntos terroristas planificada por la Trigésima Primera División de Infantería, con el objetivo de ubicar a elementos subversivos.
Dijo que estuvo en el lugar junto con sus compañeros y el personal de inteligencia contaba con un guía, quien ya había reconocido el terreno. Señaló además que llegaron 20 o 30 minutos antes del arribo de los otros efectivos del Inclán y el operativo duró aproximadamente dos horas. Y mencionó algo más: no escuchó disparos ni vio al Batallón Inclán detener o asesinar a civiles.
El 6 de octubre de 2014, 25 años después, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema del Perú condenó al capitán Luis Miguel Fernández Gaviola a 20 años de prisión como autor directo del homicidio calificado de las ocho víctimas de Pucará. El problema era que no vivía en Perú sino que tenía una nueva vida en Estados Unidos.
Desde el 2003, Fernández había solicitado la residencia permanente en Estados Unidos. En ese momento, según el Departamento de Justicia, declaró falsamente que no había prestado servicio militar en el extranjero y que nunca había participado en el asesinato de nadie por sus opiniones políticas.
Cuatro años después, al solicitar la naturalización estadunidense, declaró falsamente bajo juramento que nunca había estado involucrado en persecución por opiniones políticas ni había proporcionado información falsa o engañosa a ningún funcionario del gobierno de Estados Unidos al solicitar un beneficio migratorio.
Es por esto que este 26 de febrero, el Departamento de Justicia estadunidense y el fiscal para el Distrito Sur de Florida presentaron una demanda de desnaturalización civil en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Miami, Florida, contra Luis Miguel Fernández Gaviola, de origen peruano y acusado de ocho ejecuciones extrajudiciales en su país.
"Nadie que cometa atrocidades como estas tiene derecho al preciado don de la ciudadanía estadunidense", declaró el fiscal Brett A. Shumate, del Departamento de Justicia.
"Le debemos al pueblo estadunidense protegerlo de los violadores de derechos humanos que abusan de posiciones de poder, dondequiera que cometan sus actos ofensivos".
Pero este no fue el único caso de latinos a los que se pretende arrebatarles su ciudadanía.
Abusadores sexuales y criminales de guerra, en la mira
El Departamento de Justicia ha hecho públicas siete demandas civiles para arrebatar la ciudadanía, de las cuales cuatro son personas originarias de un país de Latinoamérica, Guatemala. Otros tres son de Croacia, Bosnia e India.
En el caso de los latinos, además del caso del comandante peruano imputado de la ejecución extrajudicial, las acusaciones son de abuso sexual. En el caso del de Bosnia, es por una acusación de crímenes de guerra, en el de la India es por secuestro y abuso sexual, y en el caso de Croacia se señala tortura y abuso sexual durante la guerra.
Uno de los casos que se ventiló en enero de este 2026 es el de Erwin Galindo, quien cometió varios actos sexuales con menores antes de naturalizarse y, posteriormente, ocultó sus presuntos actos ilegales durante todo su proceso de naturalización.
Entre finales de 1997 y finales de 1998, cuando salía con la madre de una niña de 11 años (a quien se llamó J.R. para proteger su identidad), Galindo abusó sexualmente de la menor entre 30 y 50 veces mientras vivían juntos. Los abusos incluyeron tocamientos sobre la ropa u obligarla a tocar su pene. Después de ese último incidente, Galindo le advirtió que no le dijera nada a su madre porque se pondría triste. La niña guardó silencio durante años.
Más de una década después, en 2009, Galindo cometió nuevos delitos contra otra menor, quien era ni más ni menos su propia hija de 14 años. Llamaron M.G. a la chica para no revictimizarla. Cuando llegó de Guatemala en febrero de aquel año, después de ser detenida en la frontera intentando entrar al país, fue puesta bajo la custodia de su padre. Para su desgracia, durante los meses que vivió con él, Galindo cometió abuso sexual.
Durante semanas el hombre le quitó a la joven su teléfono celular, le prohibió contactar a su madre, la aisló de sus medios hermanos y la amenazó con deportarla si le contaba a alguien lo que había pasado. En noviembre de 2009, M.G. le dijo que quería regresar a Guatemala y Galindo accedió a comprarle un boleto de avión para que volviera con su abuela.
El problema central del caso es que Galindo mintió sistemáticamente durante todo su proceso de naturalización. Cuando solicitó la ciudadanía el 28 de enero de 2014 llenando el formulario N-400, respondió "No" a la pregunta que le pedía revelar si alguna vez había cometido un crimen por el cual no había sido arrestado.
Por todo esto, Estados Unidos le pide a la Corte que revoque su ciudadanía, cancele su certificado de naturalización y le ordene entregar su pasaporte estadunidense y cualquier otro documento que acredite su ciudadanía.
Otro caso de latinoamericanos es el de Héctor Daneri Regalado. A lo largo de aproximadamente dos años abusó sexualmente de su víctima, desde que esta tenía 12 años hasta que cumplió 14. Otro más fue Carlos Noe Gallegos, quien agredió sexualmente a una menor de 14 años.
"La ciudadanía estadunidense es un privilegio que este monstruo abusador de menores nunca debió haber podido obtener", declaró la fiscal general Pamela Bondi.
"Seguiremos garantizando que cualquiera que oculte dicha conducta mientras obtiene la naturalización sea descubierto y despojado de su ciudadanía".
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ksh
