¿Es legal el asesinato de 'terroristas designados' por parte de Estados Unidos?

El ataque de Estados Unidos contra un bote que presuntamente transportaba drogas desde Venezuela, con saldo de 11 muertos, revivió el debate sobre el asesinato extrajudicial de “terroristas designados”, una controversia que adquirió alcance global a raíz del  9/11 y más recientemente con la designación de 9 cárteles como grupos terroristas. 

El ataque marcaría la primera implementación conocida de la directiva secreta firmada por el presidente Donald Trump, en la que instruyó al Pentágono a preparar opciones para el uso de la fuerza militar contra las organizaciones criminales transnacionales designadas por el Departamento de Estado como organizaciones terroristas foráneas (FTOs).

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“(El barco) estaba siendo operado por una organización designada como narco-terrorista”, justificó el secretario de Estado Marco Rubio. “El Presidente ha sido muy claro al decir que usará todo el poder de Estados Unidos para combatir y erradicar a estos cárteles de la droga, sin importar desde dónde operen”.

Pero expertos legales coinciden que el estatuto de FTO por sí solo no confiere la autoridad legal para llevar a cabo asesinatos focalizados, por lo que la justificación legal que utiliza Estados Unidos para llevar a cabo operaciones letales (incluyendo ataques con drones) contra narcotraficantes designados como "terroristas"  se basa en una combinación de leyes nacionales y una interpretación particular del derecho internacional.

A nivel doméstico, la  autoridad principal en la que se ampara el gobierno federal para operaciones letales contra terroristas designados sin que el país se encuentre en guerra, emana del Congreso de los Estados Unidos a través de la Autorización para el Uso de la Fuerza Militar (AUMF) de 2001.

Esa ley, aprobada tras los atentados del 11 de septiembre, otorga al Presidente la autoridad para "utilizar toda la fuerza necesaria y apropiada contra aquellas naciones, organizaciones o personas que determine que planificaron, autorizaron, cometieron o ayudaron a los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, o que albergaron a dichas organizaciones o personas".

Así fue el ataque:

Interpretación expansiva

Pero tras las acciones de Estados Unidos en la lucha contra Al-Qaeda, y posteriormente contra ISIS, se ha hecho una interpretación expansiva y designado, entre otros, a 9 carteles como organizaciones terroristas extranjeras y amenazas “globales” por sus operaciones de tráfico de drogas:  el Cártel de Sinaloa, al  Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), a los Carteles Unidos, al Cártel del Noreste, al Cártel del Golfo,  La Nueva Familia Michoacana, MS-13, Tren de Aragua y Cártel del Sol.

La designación official establece que los grupos han cometido o han intentado cometer actos terroristas, representan un riesgo significativo de cometer o han participado en entrenamiento para cometer actos de terrorismo que amenacen la seguridad de los ciudadanos de los Estados Unidos o la seguridad nacional, la política exterior o la economía de los Estados Unidos.

“América Latina tiene muchos cárteles y un gran flujo de drogas. Así que queremos proteger nuestro país. Tenemos que protegerlo. No lo hemos hecho en cuatro años. Y amamos a este país como ellos aman a sus países. Tenemos que proteger nuestro país… Estamos jugando un partido rudo”, sostuvo en su momento el presidente Trump, quien había prometido declararle la guerra a los cárteles desde 2023.

Tras el ataque a la embarcación procedente de Venezuela, el secretario de Defensa Pete Hegseth advirtió este miércoles que el episodio envía un mensaje “muy claro”. A diferencia de Rubio, quien mencionó posibles acciones contra cualquier grupo en cualquier lugar, el funcionario se limitó al caso venezolano.

“El presidente Trump está dispuesto a tomar la ofensiva de maneras que otros no han hecho, y para enviar esa clara señal al Tren de Aragua, al Cártel del Sol y a otros que provienen de Venezuela, no vamos a permitir este tipo de actividad. Están envenenando a nuestra gente. Tenemos activos increíbles, y se están concentrando en la región. ¿Quieren intentar traficar drogas? Es un nuevo día. Es un día diferente”, declaró Hegseth a la cadena Fox News.

Justificación

El paso crucial para justificar legalmente una acción letal es la designación formal de un individuo o grupo como objetivo terrorista. Esto se hace principalmente a través de dos procesos:

• La Designación de Organización Terrorista Extranjera (FTO), la cual Implica sanciones económicas y restricciones de viaje, y sirve como base para argumentar que el grupo es un enemigo bajo la AUMF.
• La Lista de Objetivos de Alto Valor (High-Value Target List), gestionada por la CIA y el Comando Conjunto de Operaciones Especiales (JSOC). Incluye individuos específicos que han sido identificados como amenazas inminentes para la seguridad de Estados Unidos y que son susceptibles de ser capturados o eliminados.

Una vez que un narcotraficante o su organización son designados como "terroristas" o "fuerzas asociadas" a un grupo terrorista, el gobierno puede argumentar que caen bajo el ámbito de la AUMF y, por lo tanto, son blancos legítimos en el conflicto armado global contra el terrorismo (Global War on Terror - GWOT).

Controversia

Pero la interpretación de Estados Unidos es controvertida y ha sido criticada por académicos legales, organizaciones de derechos humanos y otros países. Las críticas principales son que la expansión de la AUMF de 2001 contra cárteles de la droga es una expansión que van más allá  de la autorización original del Congreso, que no intentó cubrir el narcotráfico.

“La designación de FTO no otorga autoridad adicional para usar la fuerza militar. Si una FTO proporcionara más herramientas militares, los talibanes afganos sin duda se habrían ganado esta etiqueta durante la guerra. Pero nunca fue designada como FTO. Políticamente, etiquetar a un grupo como "terrorista" puede ayudar a justificar una acción militar y apaciguar al público estadunidense, pero la designación de FTO por sí sola es insuficiente”, sostienen los abogados Tricia Bacon y Daniel Byman, de la American University in Washington.

“Los cárteles son, sin duda, amenazas a la seguridad nacional, pero confundirlos con el terrorismo es un enfoque erróneo. La administración Trump habría obtenido mejores resultados si hubiera reforzado las autoridades asociadas con la designación de FTO, por ejemplo, ampliando las sanciones por apoyo (a estos grupos)”, indican.

Otros juristas argumentan que la lucha contra el narcotráfico, por sí sola, no constituye un conflicto armado según el  Derecho Internacional Humanitario (DIH), por lo que aplicar las leyes de la guerra fuera de zonas de conflicto activo (como en México, que es un Estado soberano) sería violatorio de la soberanía y del derecho internacional. Bajo esa interpretación, realizar operaciones letales en el territorio de otro estado soberano sin su consentimiento explícito es una violación del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial de otro estado.

Demandas

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Desde el inicio de la guerra contra el terrorismo, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) ha cuestionado las justificaciones de Estados Unidos y ha interpuesto demandas, como Al-Aulaqi contra Panetta. En ese caso impugnó el asesinato de tres ciudadanos estadunidenses: Anwar Al-Aulaqi, su padre y otro estadunidense, argumentando que violaba el debido proceso, el derecho internacional y la prohibición de los proyectos de ley de proscripción.

“La práctica de ejecuciones extrajudiciales de sospechosos de terrorismo extranjeros, especialmente cuando se lleva a cabo sin acusación ni juicio, viola la cláusula del debido proceso de la Quinta Enmienda y la prohibición constitucional de la ley de proscripción….  tales acciones contravienen el derecho internacional, que limita el uso de la fuerza letal a situaciones donde es un último recurso para prevenir amenazas inminentes”, asegura.

La ACLU mantiene que incluir a personas en "listas secretas de asesinatos" durante meses, sin supervisión judicial ni un proceso claro, constituye una violación de los derechos fundamentales, incluso cuando las personas son sospechosas de terrorismo.

“El asesinato selectivo de individuos que se sospecha —pero no se ha probado— que son culpables de crímenes también arriesga de muerte a personas inocentes. En la última década, hemos visto al gobierno de Estados Unidos encarcelar erróneamente a cientos de hombres como terroristas basándose en pruebas débiles, incorrectas o no confiables, solo para liberarlos finalmente. La consecuencia de tales errores es mucho mayor cuando el resultado final es la muerte; no hay recurso posible después de matar a la persona equivocada”, argumentó.

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