“Son cuatro años y dos días. Fue víctima de desaparición forzada. Aunque mis abogados me pidieron no decirlo, tengo la vida jodida”, dice Elizabeth Uruchurtu, cuya hermana Claudia está desaparecida desde 2021.
El 26 de marzo de ese año, Claudia Uruchurtu participaba en una manifestación por el arresto arbitrario de un poblador en Nochixtlán, Oaxaca.
Había encontrado en la defensa de los derechos humanos su propósito de vida. Apoyaba a pobladores y dueños de terrenos en Oaxaca contra abusos de autoridades y líderes comunales.
Ese día de marzo de 2021, cuando la situación entre pobladores y autoridades municipales se tornó violenta, la activista decidió retirarse. Así lo muestra un video que, según las investigaciones, es el último registro que se tiene de ella. “Así no”, habría dicho ante el brote de violencia.
“Mi hermana creyó en el proyecto. ‘Ahora sí viene el cambio, este va a ser el de verdad’, decía”, recuerda Elizabeth durante un conversatorio organizado por la Embajada Británica en México.
Las investigaciones, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros casos, permitieron en pocos meses el arresto de cinco personas, entre ellas la alcaldesa de Nochixtlán, Lizbeth Victoria Huerta, quien buscaba la reelección.
Era militante de Morena y, junto con el resto de los acusados, entre ellos su escolta y su asesor jurídico, fue llevada a juicio por desaparición forzada.
“Uno se sienta detrás y aprende cómo se desarrolla un juicio. Te das cuenta de que el actuar de la juez es más que sesgado”, afirma Elizabeth Uruchurtu.
El juicio concluyó con una sentencia histórica para Oaxaca: todos fueron encontrados culpables, aunque la alcaldesa solo por obstrucción de la justicia. Recibieron condenas de entre 40 y 60 años de prisión, excepto la ex alcaldesa, sentenciada a tres años y siete meses, lo que le permite estar hoy en libertad e ilocalizable. Pero lo que parecía justicia, no lo fue.
“Ha expuesto una herida en nuestra sociedad: la falta de justicia y de verdad. Ha sido un camino largo. Ha sido un camino difícil (…) seguimos sin encontrar a Claudia y en casa seguimos sin saber de ella. Y con la vida jodida”, aseguró Elizabeth.
José Juan Julián, de la organización Defensores por la Justicia en Oaxaca, forma parte de quienes acompañan el litigio por la desaparición de Claudia.
“No es suficiente hasta dónde hemos llegado. Sí contamos con sentencias, pero no con justicia (…) seguimos sin encontrar a Claudia”, apuntó.
Además, expone que la sentencia contra la alcaldesa, basada en un cargo por obstrucción de la justicia, evidencia una falta de sentido común, por lo menos. Y es que, el día del secuestro de la activista, se utilizaron vehículos, personal y comunicaciones del municipio.
“Debió haber existido una estructura jerárquica”, señala Julián.
Es decir, los secuestradores no actuaron por voluntad propia ni en secreto.
“Evidencia que en México seguimos teniendo desapariciones por organizaciones criminales (…) pero también seguimos teniendo desapariciones que se apegan al esquema de desaparición forzada”, dijo Santiago Aguirre, director del Centro Pro, que ha encabezado litigios por desaparición, como el Caso Iguala.
Cristina Lozano, de la división de litigio estratégico del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), que ha acompañado a la familia de Claudia Uruchurtu, denunció que “el estado de Oaxaca no cumple con lo mínimo que debería tener para atender casos de desaparición forzada”, como un panteón forense, un centro de identificación humana, una fiscalía especializada y un organismo de atención a víctimas.
MO
