Una detención arbitraria, el destrozo de su patrimonio y la privación de la libertad de sus hijos y su yerno tienen a la señora Griselda Sánchez Moreno con angustia y temor constante. Fueron acusados de intento de homicidio, mientras que la jueza del caso se ha negado a revisar las pruebas que acreditan que el arma supuestamente utilizada en la agresión no tiene restos de sangre.
En entrevista para MILENIO, detalló que los tres jóvenes llevan dos meses en prisión. Uno de ellos fue sacado brutalmente de su domicilio, ubicado en la colonia Villas La Merced, sin ninguna orden judicial. Fue acusado de usar un machete que, según pruebas periciales químicas de la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC), no fue utilizado en el presunto ataque.
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Lamentó que la jueza no haya querido aceptar las pruebas presentadas por su abogado, las cuales demuestran que los jóvenes no agredieron a la persona que se identificó como soldado.
El conflicto
"Todo se trató de un problema entre mi hijo y su expareja el 15 de marzo. Ella llegó destrozando puertas y agrediendo a mi hijo, que ya estaba con otra muchacha. Mi hija la sacó de la casa y la subió a un Uber, pero luego ella regresó con su padrastro y otro sujeto, quienes agredieron a mis hijos y a mi yerno. Después, quisieron hacerse pasar por víctimas de unas heridas que no sabemos cómo se hicieron", relató.
Detención arbitraria
La madre de Pavel y Dafne, de 25 y 28 años respectivamente, señaló que el conflicto ocurrió durante la madrugada del 15 de marzo. Ese mismo día fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal de Torreón, quienes ingresaron al domicilio con lujo de violencia, cuando ya habían detenido previamente a su yerno, Israel.
"Usaron un marro, me destrozaron un marco de concreto, una puerta de metal y otra de madera para llevarse a mi hijo. Afuera detuvieron a mi hija, y los retuvieron por cuatro horas antes de llevárselos", contó.
Afirmó que los policías reportaron que la detención se realizó cerca del Palacio de Justicia y que los jóvenes portaban un machete con el que habrían agredido al supuesto militar. Sin embargo, Pavel fue sacado de su casa sin ningún arma.
"Me destrozaron la puerta para llevárselo. Él alcanzó a hacer un video en vivo de cómo estaban por entrar, pero cuando se lo llevaron, ese video desapareció".
Documentos avalados por la FGEC y en poder de MILENIO confirman que el machete presentado como prueba no tiene rastros de sangre, ni fresca ni seca. Esta prueba, no obstante, no ha sido admitida por la jueza del caso.
Sin validar las pruebas
Luis Fernando González Flores, representante legal de Pavel, Dafne e Israel, afirmó que la FGEC ha cumplido su labor, pero que el problema radica en los jueces, quienes han desechado pruebas clave.
Lamentó las múltiples irregularidades, desde la detención sin orden judicial y con violencia, hasta la negativa de validar peritajes elaborados por la propia Fiscalía.
"Las pruebas indican que estos jóvenes no causaron las lesiones a quienes hoy se ostentan como víctimas, y hay peritajes recabados por la Fiscalía que así lo prueban", dijo.
Detalló que se practicó una química sanguínea al arma presuntamente utilizada, concluyendo que el machete no tiene manchas de sangre, ni frescas ni secas.
"Se indicó en el informe que fueron detenidos a un costado del Palacio de Justicia, pero contamos con videograbaciones que muestran que eso es falso. Estuvieron ahí desde una hora antes hasta una hora después de la supuesta detención".
El abogado enfatizó que en el informe se asegura que fueron capturados con el arma en la mano, lo cual, dijo, nunca ocurrió. "No sabemos de dónde proviene ese machete que dicen fue usado".
También se presentó una prueba criminalística de campo, ratificada ante el juez de control, que busca demostrar que los jóvenes fueron víctimas de la irrupción de estas personas, entre ellas un cabo activo del Ejército, y que hubo daños materiales en el domicilio.
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Pese a todo esto, las pruebas no han sido suficientes para que sus representados puedan enfrentar el proceso en libertad.
"Los juzgadores se han negado a estudiar el caso a fondo. No han querido analizar si deben seguir el proceso en prisión o no", concluyó.
Finalmente, la señora Griselda Sánchez Moreno pidió justicia, con base en los hechos reales: el daño a su patrimonio, la detención de sus hijos y su yerno, y la pérdida de su tranquilidad familiar.
edaa
