En medio de separaciones, divorcios y disputas familiares, los principales afectados suelen ser los hijos, pues, aunque legalmente el interés superior de la niñez debe colocarse por encima de cualquier conflicto entre adultos, en la práctica muchos menores terminan siendo utilizados como “moneda de cambio”, expuestos a violencia emocional y con secuelas psicológicas que pueden marcar su desarrollo.
Elmer Saúl Chavarría Tamayo, delegado de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y Adulto Mayor en Lerdo, Durango, manifiesta que la mayoría de los casos que atienden en esta dependencia tienen como origen conflictos entre padres separados que priorizan sus diferencias personales por encima del bienestar de sus hijos.
Explica que una de las principales problemáticas que enfrentan es el llamado “adultocentrismo”, un sistema en el que los adultos colocan sus intereses por encima de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
“Muchas veces los padres se preocupan más por la controversia familiar que tienen entre ellos que por resolver lo verdaderamente importante, que es la protección de los derechos de los niños”.
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Esta situación se presenta con frecuencia durante procesos de divorcio, separación, disputas por pensión alimenticia o conflictos por guarda y custodia, y mientras papá y mamá concentran su energía en pelear entre sí, los menores quedan atrapados en medio de la confrontación.
Es común que los padres enfoquen el problema en quién se quedará con el niño, quién pagará la pensión o quién tendrá el control sobre las convivencias, dejando de lado las necesidades emocionales y psicológicas del menor.
Señala que tanto jueces como autoridades administrativas tienen la obligación legal de actuar bajo el principio del interés superior de la niñez, el cual obliga a proteger los derechos de los menores por encima incluso de los derechos de los adultos.
Este principio está respaldado por la Constitución, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como por tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño.
“El niño tiene derecho a una pensión alimenticia, pero también tiene derecho a convivir con papá y con mamá. Muchas veces los adultos olvidan eso y los utilizan como herramienta de presión”.
Cuando existe una controversia familiar, indica, la autoridad debe intervenir para garantizar que no se vulneren derechos fundamentales como el derecho a vivir en un entorno libre de violencia, a recibir alimentos, atención emocional y estabilidad familiar.
Niños como moneda de cambio
Uno de los fenómenos más preocupantes, dijo, es cuando alguno de los padres condiciona la convivencia con los hijos al cumplimiento de obligaciones económicas.
Aunque pueda parecer una práctica común, esto representa una grave vulneración a los derechos de los menores, ya que el régimen de convivencia no debe utilizarse como mecanismo de castigo o negociación.
“El derecho no es del papá o de la mamá, el derecho es del niño, y el menor tiene derecho a convivir con ambos padres”.
Incluso cuando ya existe una resolución judicial que establece convivencias, muchos padres siguen utilizando a los hijos como herramienta de presión por orgullo, enojo o venganza.
En todas las controversias familiares, asegura, existen consecuencias emocionales para los menores, pues entre 90 y 95 por ciento de los casos atendidos en la dependencia presentan algún tipo de afectación psicológica en niñas, niños o adolescentes.
“Ellos presencian los pleitos, observan la violencia entre papá y mamá, y eso genera afectaciones emocionales importantes”.
Cuando existe violencia familiar, incluso si no son agredidos directamente, los hijos también son considerados víctimas indirectas, ya que su derecho a vivir en un ambiente sano y libre de violencia queda vulnerado.
Estas consecuencias pueden manifestarse en ansiedad, miedo, tristeza, inseguridad, bajo rendimiento escolar, aislamiento, conductas agresivas o problemas de autoestima.
“La mayoría de los niños necesita atención urgente por parte de un psicólogo especializado”.
Padres también exigen convivencias
Aunque tradicionalmente se visibiliza más la violencia hacia mujeres en procesos familiares, el delegado de la Procuraduría de los Niños, Niñas y Adolescentes reconoció que también existen casos cada vez más frecuentes en los que padres varones denuncian impedimentos para convivir con sus hijos.
El funcionario explica que la ley establece igualdad procesal tanto para hombres como para mujeres, y ambos tienen el mismo derecho de convivir con sus hijos, salvo en casos específicos como la pérdida de la patria potestad.
“La ley es clara: papá y mamá tienen derecho por igual. Aunque exista divorcio, nunca dejan de ser padres”.
Sin embargo, reiteró que estos derechos deben hacerse valer por la vía legal correspondiente y no mediante confrontaciones personales que terminan perjudicando a los menores.
La ley no falla, falla su aplicación
En medio del debate sobre la aplicación de la perspectiva de género en los procesos judiciales familiares y civiles, el problema no radica en las leyes ni en los mecanismos de protección hacia las mujeres, sino en la forma en que estos están siendo interpretados y aplicados por quienes administran justicia, asegura el abogado Jesús Jasso Fraire.
La creación de normas con enfoque de género respondió a una necesidad histórica legítima: brindar a las mujeres herramientas jurídicas para enfrentar la desigualdad, la violencia y los obstáculos que durante décadas limitaron su acceso a la justicia.
“La perspectiva de género nace precisamente por la necesidad de establecer mecanismos de defensa idóneos para la mujer, para colocarlas en un estado de igualdad que históricamente no tenían”.
Conforme el sistema jurídico ha avanzado en México, también han surgido casos donde esa perspectiva no se está aplicando correctamente, generando desequilibrios que terminan afectando el principio constitucional de igualdad ante la ley.
La perspectiva de género no debe eliminar la prueba
Aclaró que no está en contra de la protección legal hacia las mujeres, sino de una interpretación incorrecta que, en algunos procedimientos, puede generar inclinaciones automáticas sin una adecuada valoración probatoria.
“No significa que la mujer no merezca protección. Definitivamente la necesita y la merece por todo lo que ha pasado históricamente, pero cuando existe una controversia judicial entre un hombre y una mujer, los jueces deben sujetarse a guardar esa igualdad jurídica”.
Señala que el verdadero conflicto está en la capacitación insuficiente de jueces y operadores del sistema judicial, quienes en algunos casos aplican la perspectiva de género como una inclinación automática hacia una de las partes.
“Debiera ser una aplicación pareja; el problema está en quienes administran justicia. Creo que están tomando mal la perspectiva de género porque no han sabido entender cómo debe aplicarse”.
Esta situación puede derivar en resoluciones injustas, particularmente cuando la prueba en contrario no recibe el peso necesario dentro del proceso.
Ley vicaria debe proteger a los menores, no solo a un género
En Coahuila, la Ley Vicaria surge como respuesta a la violencia ejercida contra mujeres a través de los hijos, pero en la práctica también existen casos donde los hombres son víctimas de conductas similares.
Indicó que utilizar a los hijos como mecanismo de presión o castigo dentro de conflictos de pareja no es una conducta exclusiva de un solo género, por lo que la ley debe responder a la realidad actual y no únicamente a su origen histórico.
“El derecho sirve para resolver las cuestiones del mundo real, no del mundo histórico. Si la realidad indica que también hay hombres víctimas, la ley vicaria debe aplicarse en el mismo sentido”.
Más allá del debate entre hombres y mujeres, el abogado Jesús Jasso Fraire señala que el centro de cualquier resolución judicial debe ser siempre el bienestar de niñas, niños y adolescentes.
Aunque la Ley Vicaria tiene un origen relacionado con la protección de las mujeres, quienes verdaderamente reciben el impacto directo de estas decisiones son los menores de edad.
“El interés superior debe ser el de los niños, por encima del del padre o la madre”.
Señala que en estos casos no debe partirse de prejuicios de género, sino de una valoración objetiva de cada situación concreta.
“También hay papás buenos y papás malos; mamás buenas y mamás malas. Eso no es exclusivo de nadie”.
Reiteró que lo que se necesita no es modificar la ley, sino profesionalizar a quienes la aplican, pues una correcta capacitación en perspectiva de género, derechos humanos y protección de menores permitiría evitar resoluciones parciales y garantizar procesos más justos.
Para el abogado, la clave está en encontrar el equilibrio entre proteger a las víctimas históricas de violencia y evitar que esa protección se convierta en una vulneración de derechos para otros sectores.
La verdadera justicia, señala, no debe inclinarse por género, sino por la verdad y por el bienestar de quienes menos voz tienen, que en este caso son los hijos.
Juntos por nuestros hijos, un colectivo que lucha por reunir familias separadas
Lo que comenzó como el dolor individual de padres y madres que no podían ver a sus hijos hoy se ha convertido en un movimiento colectivo que busca transformar la manera en que se atienden los conflictos familiares en los juzgados.
Juntos por Nuestros Hijos es un colectivo integrado por padres, madres, abuelos, tíos, hermanos y familiares que enfrentan procesos legales prolongados por convivencias obstruidas, custodias conflictivas y denuncias que, aseguran, han terminado por alejarlos de sus hijos.
Desde hace aproximadamente un año, el grupo ha comenzado a tomar fuerza en La Laguna con el objetivo de defender el derecho de niñas y niños a convivir con ambos padres y evitar que los menores sean utilizados como herramienta de venganza entre adultos.
Ricardo La Torre, vicepresidente del colectivo, explica que más que una organización de protesta buscan ser una red de apoyo y acompañamiento.
La problemática que enfrentan no solo tiene implicaciones legales, sino consecuencias emocionales tanto para los padres como para los menores.
Dentro del colectivo existen casos de personas que llevan más de diez años luchando en tribunales familiares sin lograr una convivencia plena con sus hijos.
Ricardo La Torre asegura que, en su caso personal, ya suma más de tres años de batalla legal.
“El tiempo que se pierde nadie nos lo va a regresar, ni a nosotros ni a nuestros hijos. Nos estamos perdiendo sus años más importantes”.
Armando Rodríguez, presidente del colectivo, asegura que el mayor daño recae en los menores, quienes terminan atrapados en disputas entre adultos, expuestos a conflictos emocionales que pueden marcar su vida de forma permanente.
“Los niños se quedan en medio y totalmente afectados; aquí nadie gana, ni quien demanda ni quien se defiende”.
Más allá de los expedientes, los juicios y las marchas, la verdadera causa sigue siendo la misma: que ningún niño crezca lejos de mamá y papá.
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