La mayoría de las recomendaciones que emite la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (Codhet) son aceptadas por las autoridades denunciadas más no cumplidas para resarcir los daños de los que se duelen los ciudadanos, según se observa en el reporte publicado por la dependencia defensora de las garantías individuales. De 21 recomendaciones, 13 son aceptadas, 5 cumplidas parcialmente y 3 rechazadas.
Hasta el corte del 21 de agosto de este año, la Codhet ha emitido 21 recomendaciones a diversas dependencias estatales –principalmente pertenecientes al área de educación y cuerpos de seguridad y justicia y algunos ayuntamientos.
El principal regaño es a la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) quien tiene 7 recomendaciones, incluso en el primer trimestre se llevó todos los llamados de atención emitidos por el ombudsman tamaulipeco. De estos llamados de atención, 3 están confirmados como "cumplidos parcialmente" y el resto están en estatus de "aceptada".
Muy de cerca le sigue la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), dependencia que tiene un total de 6 recomendaciones. De éstas, 5 fueron aceptadas y sólo una cumplida parcialmente.
En la lista de los mal portados sigue la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), quien ha recibido 5 recomendaciones, de las cuales 4 están en carácter de "aceptadas" y sólo una subsanada pero de manera parcial.
Por último se encuentran los Ayuntamientos de Tampico, Ciudad Madero y Nuevo Laredo, con una recomendación cada uno.
Los tres municipios rechazaron el llamado de atención de la Comisión de Derechos Humanos de Tamaulipas, pero la administración municipal fronteriza recibió un nuevo documento donde se le pide a la autoridad que "reconsiderara el rechazo de la recomendación de mérito".
La mayoría de las quejas y recomendaciones emitidas en el ámbito educativo se deben al acoso escolar o bullying que sufren estudiantes de parte de sus mismos compañeros de escuela, también por maltrato de los docentes; incluso en uno de los casos expuestos la denunciante señala que una maestra negó a su hija que acudiera al sanitario al tener necesidad de hacerlo, lo que provocó que se hiciera en el salón de clases y ensuciara su uniforme.
En cuanto a las denuncias contra la PGJE destaca la dilación en la procuración de justicia, es decir la tardanza en resolver las quejas de la ciudadanía que acude a las Agencias del Ministerio Público.
Respecto a las quejas y recomendaciones hechas a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la ciudadanía ha manifestado en sus declaraciones que son por allanamiento de morada, detención arbitraria y lesiones contra sus familiares, según consta en los expedientes.
El año pasado, en 2014, la situación de cumplimento de las recomendaciones no fue muy diferente al que se presenta en el año en curso, pues de 57 emitidas, 40 están cumplidas parcialmente y el resto, 17, sólo fueron aceptadas por las dependencias implicadas. El año pasado también la SET acaparó las quejas de los ciudadanos al llevarse 26 recomendaciones.
En la lista negra siguió la PGJE con 21 llamados de atención. En tercer lugar estuvo la Secretaría de Salud con 4 recomendaciones.
En el ranking siguió la SSPE con 2 recomendaciones, y después estuvieron las presidencias municipales de Matamoros y Reynosa, la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) y la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado, con una recomendación cada una.
Tras la reforma hecha en 2013 a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos el artículo 47 fracción XXII marca que es obligación responder las recomendaciones que haga la Codhet y en el supuesto de que se decida no aceptarla o no cumplirla deberá hacer pública su negativa con fundamentos.
Esa misma ley señala que el Congreso Local puede llamar, a petición de la Codhet, a comparecer a los servidores públicos para que expliquen su negativa de aceptar o cumplir la recomendación.
Respecto a las sanciones, no hay una en específico para esta omisión, solo se rigen bajo las normas generales de castigos a servidores públicos por violar las fracciones incluidas en el artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos que abarcan apercibimiento privado o público, suspensión, destitución, multa o inhabilitación temporal.
Fue en este 2015 cuando los legisladores aprobaron reformar la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, para reafirmar la obligatoriedad del presidente del organismo garante de derechos humanos de publicar las recomendaciones y acuerdos que resulten de las investigaciones realizadas, dejando plasmada en la ley esta obligación, sin dejarlo al libre albedrio de publicar o no dichas acciones.
Durante el análisis del Dictamen, los legisladores señalaron que se establecen las bases que garanticen el derecho al acceso a la información pública, relativo al trabajo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas y se otorga mayor divulgación y publicidad a las acciones realizadas al interior de este organismo, protegiendo aquella información que sea de acceso restringido.
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