El Congreso de Coahuila aprobó las modificaciones constitucionales en materia de educación, mediante la cual se puntualiza la responsabilidad del estado en la revocación y otorgamiento de Registros de Validez Oficial, que el gobernador Manolo Jiménez envió la semana anterior, en la nueva ley también se reconoce a la educación como un servicio público, incluida la que se otorgue a través de particulares.
Te recomendamos...
MILENIO dio seguimiento a las irregularidades que se presentaban en la materia principalmente en escuelas de nivel superior, que negaban la garantía de otorgar títulos a sus educandos; con la reforma, el Estado puntualiza su responsabilidad en tal tenor.
¿Cuál fue la modificación?
Los legisladores coahuilenses aprobaron por unanimidad de votos el dictamen con Proyecto de Decreto que presentó la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, por el que se reforma la denominación del Capítulo VI del Título Cuarto y los artículos 116, 117 y 118 de la Constitución Política del Estado.
Este último, precisa que las personas particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades, de acuerdo con la normatividad aplicable, y “el Estado otorgará y retirará la autorización y reconocimiento de validez oficial a los estudios que realicen los planteles particulares”.
Además, indica que la impartida por las personas particulares se considerará como un servicio público, y por lo tanto, "le corresponde al Estado la vigilancia del cumplimiento de lo establecido por el artículo 3o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y demás normatividad aplicable en la materia”.
El artículo 117, señala que será el Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Educación, quien propondrá, y en su caso, aplicará los planes y programas de estudio de educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y normal previamente determinados por la federación.
“Por lo que respecta al nivel bachillerato, la autoridad educativa estatal regulará en coordinación con la autoridad educativa federal los planes y programas de estudio, una vez establecido el marco curricular común”.
El 116, señala que corresponde al Estado la rectoría de la educación; y la impartida por este será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica.
“El Estado priorizará el interés superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos”.
Según el artículo 117 la educación será considerada como un proceso integral correlacionado con sus diversos ciclos, de modo que exista una adecuada articulación y continuidad entre todos los niveles, “y estará orientada a lograr el desarrollo armonioso de la personalidad humana, el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la igualdad sustantiva”.
Se garantizará el derecho a que sea de excelencia, entendida como el mejoramiento integral constante que promueve el máximo logro de aprendizaje de los educandos, para el desarrollo de su pensamiento crítico y el fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad.
Se reconoce a los docentes como agentes fundamentales del proceso educativo y su contribución a la trasformación social. Tendrán derecho de acceder a un sistema integral de formación, capacitación y actualización, retroalimentado por evaluaciones diagnósticas, para cumplir los objetivos y propósitos de la educación.
Es el artículo 118 se especifica que el Estado y los municipios garantizarán y prestarán los servicios de educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior; hasta secundaria formarán parte de la educación básica.
“Estas y la media superior serán obligatorias; la superior lo será en los términos que dicte la normatividad aplicable”.
La reforma busca garantizar el derecho a una educación de excelencia, entendida como la mejora continua del aprendizaje, con perspectiva de género, enfoque inclusivo e intercultural y orientada al desarrollo integral de las personas, “consolidando la rectoría del Estado en materia educativa, fortaleciendo la enseñanza pública y promoviendo que todas las personas gocen de los beneficios de la ciencia y la innovación”, en concordancia con la Constitución Federal y los tratados internacionales ratificados por México.
Se dispuso la publicación de esta reforma Constitucional, y su envío a los Ayuntamientos del Estado para que resuelvan sobre su aprobación.
cale
