El aguachicoleo es una problemática cada vez más palpable en Puebla, afecta a las grandes ciudades y hasta los municipios pequeños, en grado tal que la actividad ya busca tipificarse como delito en el estado.
Datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) exhiben que en la entidad poblana existe la sustracción ilegal de agua, la cual en muchas ocasiones se comercializa para alimentar el negocio de piperos, locatarios y vecinos.
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Al corte del tercer trimestre del año en curso, la Conagua ha realizado 55 inspecciones en la entidad poblana, las cuales se han llevado a cabo en diferentes demarcaciones.
De acuerdo con información de la dependencia federal, se hicieron 20 visitas bajo el Programa Nacional de Inspecciones, mientras que otras 33 corresponden a la Atención de Denuncias.
No obstante, el documento expuesto por la Comisión no da mayores detalles sobre si existieron sanciones en contra de personas por algún tipo de ilícito relacionado con la extracción ilegal o mal manejo de las aguas nacionales.
Puebla entra al top 5 de pozos clandestinos
Según información de Conagua, publicada en la Plataforma Nacional de Transparencia, la entidad poblana se colocó como la quinta con más pozos clandestinos durante 2024.
Esto debido a que se registraron 20 casos ante dicho organismo federal, siendo Guanajuato el estado con más casos registrados, al presentar 62; seguido de Chihuahua con 31, mientras que el tercer y cuarto lugar fueron para Morelos y Coahuila, que respectivamente acumularon 24 y 23 perforaciones ilegales.
En lo que toca al territorio poblano, Tehuacán fue la demarcación con más pozos clandestinos al contabilizarse cuatro, mientras que en Puebla, Acatzingo, Los Reyes de Juárez, Quecholac, San Andrés Cholula y San Miguel Xoxtla se encontraron dos en cada uno de los municipios.
La Comisión también contabilizó un caso de sustracción ilegal de agua por cada una de estas alcaldías: Chinantla, San Pedro Cholula, Tepanco de López y Zacapala.
La “28 de Octubre”, protagonista del mayor robo de agua
La Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) “28 de Octubre” no sólo es el grupo con más poder en el comercio informal de Puebla, sino también es la causante de que la ciudad pierda más de 854 millones de litros anuales mediante una red de aguachicol.
MILENIO tuvo acceso a la comparecencia que el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap) presentó ante la Comisión de Hacienda del Congreso local el pasado 20 de octubre, en la que el titular, Gustavo Gaytán Alcaraz, acusó que la agrupación es la responsable de dejar sin agua a por lo menos cinco colonias de la capital.
El documento exhibe que la “28 de Octubre” usa los mercados Hidalgo y Zaragoza como fachada para obtener el recurso hídrico de manera ilegal, pues lejos de conectarse al sistema de la empresa que lo distribuye en la mayor parte del municipio, Agua de Puebla, se lo roba.
En ambos inmuebles, las acciones de la UPVA, liderada por Rubén Sánchez Sarabia “Simitrio”, se traducen en pérdidas de 79 mil litros de agua cada hora, 2.3 millones por día, 71 millones 238 mil litros al mes y 854 millones 856 mil litros al año, casi ocho veces el tamaño de la laguna de San Baltazar, que capta un máximo de hasta 106.8 millones de litros en su interior.
Colonias secas por la extracción ilegal
La extracción ilegal de agua por parte de la UPVA en los mercados Hidalgo y Zaragoza ha provocado un abastecimiento intermitente a las colonias aledañas, donde viviendas y negocios se ven obligados a contratar pipas para contar con el recurso.
El mercado Zaragoza es el punto con más aguachicol, puesto que se extraen 41 millones 439 mil litros de agua al mes, de los cuales 80 por ciento es proveniente de los pozos en las colonias Tepeyac, Adolfo López Mateos y Los Pinos.
Soapap explicó al Congreso de Puebla que, mientras los vecinos de la zona pagan sus recibos mes con mes para obtener el servicio, a unos cuantos metros se apropian ilegalmente de casi 33 millones de litros.
A ello se suma que al interior del propio mercado hay un pozo clandestino que extrae otros 8 millones 514 mil litros de agua, el cual se mantiene en funcionamiento pese a las advertencias giradas a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la única con facultades para aplicar sanciones mediante la Ley de Aguas Nacionales.
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Ordeña en el mercado Hidalgo
Un fenómeno similar ocurre entre las paredes del mercado Hidalgo, un centro de abasto popular donde la “28 de Octubre” tiene su base de operaciones, al que los periodistas no pueden ingresar solos si no se gestiona una visita, para lo cual se debe justificar el interés de los reporteros, quienes de lograr el permiso tendrán que ser custodiados por integrantes de la agrupación en todo momento.
Ahí, cada mes se apropian de más de 6 millones de litros de agua a través de un pozo clandestino.
Aprovechando su lugar de privilegio en esta zona comercial, una de las más importantes de la capital, la UPVA también obtiene otros 21 millones de litros de agua desde el pozo de la colonia La Loma, que se suman a 2.5 millones de litros extras, “auspiciados” por los vecinos de la Santa María La Rivera.
Además, la zona industrial aledaña a La Loma pierde otros 122 mil litros de agua, por lo que el mercado Hidalgo obtiene un total de 28 millones de litros al mes para abastecimiento de los locatarios y renta de pipas que hay alrededor.
Sanciones y una reforma que sigue congelada
De acuerdo con lo establecido en el Código Penal de la entidad, la sustracción, apoderamiento, detentación o posesión de cualquier objeto relacionado con la prestación del servicio de agua potable se sanciona con una pena de cuatro a ocho años de cárcel.
Asimismo, se contempla la aplicación de sanciones económicas, las cuales van desde los 56 mil 570 pesos hasta los 226 mil 280 pesos, esto debido a que las acciones antes mencionadas son catalogadas dentro del delito de robo.
El 13 de febrero, la diputada priista Delfina Pozos Vergara presentó ante el Congreso del estado una iniciativa para modificar el Código Penal de la entidad y crear una nueva sección denominada Delitos Contra el Servicio Público de Agua y su Distribución, en el capítulo cuarto referente a Delitos de Peligro contra la Seguridad Colectiva.
La intención de la priista era mantener las sanciones penales en el rango de cuatro a ocho años de prisión para aquellas personas que sustraigan o se apropien de la infraestructura hidráulica sin tener los permisos correspondientes, además de la posibilidad de aumentar en una mitad si se trata de un funcionario público.
Asimismo, el suministro o distribución de agua en pipas o vehículos con cisterna sin tener el permiso correspondiente se busca penalizar con un mínimo de tres años y un máximo de seis años de cárcel.
A más de 10 meses de que la propuesta se presentó ante el Congreso local, esta continúa sin ser analizada en las comisiones legislativas, manteniéndose en la “congeladora”.
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HCM
