M+.- En la orden de aprehensión librada contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y 24 personas más, se menciona que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó una compleja red de transferencias entre Ingemar, Servicios Portuarios, Dragados y Puertos y Crismon Hidrocarburos y Derivados, sociedades que, según la Fiscalía General de la República (FGR), eran controladas por los principales integrantes de la organización.
De acuerdo con el mandamiento judicial al que MILENIO tuvo acceso, los registros financieros muestran que Ingemar concentró la mayor parte de los recursos.
Los datos aportados por la UIF especifican que Servicios Portuarios realizó 42 transferencias por 253 millones 293 mil 263 pesos y otras 12 por 98 millones 602 mil 349 pesos hacia cuentas de Ingemar, para un total de 351 millones 895 mil 613 pesos.
A esos recursos se suman depósitos provenientes de Crismon Hidrocarburos y Derivados por 53 millones 419 mil pesos y otros 36 millones 260 mil pesos, además de movimientos entre cuentas de la propia Ingemar por 26 millones 335 mil pesos, con lo que el flujo identificado hacia esa empresa asciende a 467 millones 910 mil 224 pesos.
La FGR también documenta operaciones internacionales. Dragados y Puertos retiró 7 millones 506 mil 100 dólares hacia cuentas propias en Banco Monex; además, transfirió 290 mil dólares a Servicios Portuarios, 50 mil dólares a Ricardo Thompson Navarro, 80 mil dólares a Ricardo Thompson Ramírez y realizó otra transferencia por 10 mil dólares a este último, así como una operación por 10 mil euros a una cuenta en Alemania.
Asimismo, la UIF detectó movimientos en una cuenta bancaria que recibió un millón 349 mil 842 dólares provenientes de Dragados y Puertos, además de depósitos por 12 millones 956 mil pesos, otros 6 millones de pesos y 466 mil 368 pesos provenientes de Servicios Portuarios y de la propia Dragados y Puertos.
Posteriormente, desde esa misma cuenta se realizaron transferencias por 150 mil dólares a Servicios Portuarios y 200 mil dólares a una cuenta de Ricardo Thompson Navarro en Estados Unidos.
Ruffo Appel, el controlador de la empresa
En el caso del exgobernador de Baja California, la orden judicial refiere que recibió transferencias por 18 millones de pesos provenientes de Ingemar, dato que la fiscalía utiliza para sostener que era uno de los beneficiarios del esquema financiero y “beneficiario controlador” de esa empresa.
De igual manera, menciona que la UIF identificó en una cuenta de fondos de inversión operaciones por 10 millones 181 mil pesos en compras y 9 millones 465 mil pesos en ventas durante julio de 2025, aunque estas últimas se presentan como movimientos financieros detectados y no como producto directo de la actividad ilícita investigada.
No obstante, la resolución no individualiza montos específicos para la mayoría de los otros 24 imputados.
El papel de los otros involucrados
En el caso de José Merino Valdés Cuervo, Guadalupe Hernández Hinojosa, José Luis Rangel Martínez, Gustavo Sánchez Jiménez y el resto de los involucrados, la FGR centra su imputación en el control corporativo que ejercían sobre las empresas, los poderes notariales, la representación legal y la administración de las sociedades, más que en depósitos personales concretos.
Según el Ministerio Público Federal, José Merino Valdés Cuervo habría mantenido el control accionario de Ingemar como presidente del Consejo de Administración y accionista mayoritario; Ernesto Ruffo Appel fungía como secretario del Consejo; Ricardo Thompson Ramírez era secretario del órgano de administración y Ricardo Thompson Navarro, vocal, mientras que otros imputados recibieron poderes para representar legalmente a las empresas durante el periodo investigado.
El análisis financiero incorporado a la orden de aprehensión documenta operaciones por al menos 498.2 millones de pesos, 8.29 millones de dólares y 10 mil euros.
La FGR sostiene que esos movimientos forman parte del esquema mediante el cual se habrían introducido combustibles al país, triangulado recursos y omitido el pago de impuestos por 166 millones 466 mil 735 pesos entre IEPS e IVA, monto que constituye el presunto daño al erario atribuido a Ingemar y Servicios Aduanales JR.
ksh
