La Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Víctimas de la Ciudad de México, que aplica un modelo de atención integral y se garantiza las previsiones presupuestarias para la aplicación de un modelo preventivo.
La diputada del PRD, Elizabeth Mateos, presentó el dictamen elaborado en conjunto con la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, e indicó que el documento a discusión genera un amplio catálogo de los derechos de las víctimas, los cuales deberán favorecer el trato digno, sensibilidad, respeto a la privacidad y dignidad, evitando en todo momento la re-victimización.
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"El derecho a la información se ha garantizado, también el efectivo acceso a la justicia, atendiendo necesidades específicas de las víctimas, como grado de alfabetización, limitaciones visuales, auditivas o cualquier otra que requiera de traductores o interpretes", dijo.
En el dictamen aprobado también se procura que la víctima goce en todo momento de asistencia psicosocial adecuada, así como seguridad y dignidad, con la finalidad de no ser objeto de nuevas agresiones. "Por ello habrá confidencialidad y secrecía en los procedimientos en los que interviene la víctima", dijo.
Con la aprobación unánime de la Ley de Víctimas para la Ciudad de México que presentó el jefe de Gobierno, y la modificación a otros ordenamientos complementarios, se garantizará una política integral de protección a víctimas del delito, mediante un modelo reactivo y transformador, señaló.
Dijo que el nuevo ordenamiento protegerá los derechos de las víctimas de delitos, mediante un esquema que acentuará el trato digno, sensible, digno y para impedir violaciones a sus derechos humanos en los procesos judiciales hasta la afectiva reparación del daño.
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Expuso que habrá un acceso efectivo a la justicia con la atención a necesidades específicas de las víctimas, como su grado de alfabetización, limitaciones visuales, auditivas o cualquiera otra que requiera traductores o intérpretes.
La víctima gozará, en todo momento, de salud y una asistencia social adecuada, además de condiciones de seguridad y dignidad para no ser objeto de nuevas agresiones, intimidaciones o amenazas; se garantizará también el principio de confidencialidad y la secrecía de los procedimientos.