Este año se cumplen 50 años del golpe de Estado con el que se estableció en la Argentina, el 24 de marzo de 1976, la dictadura cívico-militar. Ante un gobierno que niega o minimiza los crímenes de aquel régimen, en Argentina se resalta una vez más la importancia de la memoria colectiva, indispensable para que jamás se vuelva a permitir algo así. Pero la fecha llama a recordar no sólo el inicio de la dictadura, ni sus crímenes, ni los factores que llevaron a su final, sino su sentencia. El juicio, documental de Ulises de la Orden, muestra cómo la dictadura se llevó ante la justicia y esta, de manera excepcional, garantizó que no fuera absuelta por la historia.
Conocido como Juicio a las Juntas, el proceso judicial al que se sometió en 1985 a nueve de los diez integrantes de las tres primeras Juntas Militares de la dictadura, fue el primer juicio en Argentina en ser grabado. La filmación se realizó por pedido de los jueces, conscientes de la importancia histórica, pero sobre todo, conscientes de que los acusados eran todavía bastante poderosos y podría llegar a estar en peligro el juicio mismo. El resultado, más de 500 horas de grabaciones, que se editaron en 1986 para una serie de 12 horas. Desde entonces, esa serie, no la grabación entera, había sido la fuente de la que se extraía material audiovisual del juicio, hasta la realización de este documental.
El juicio plantea el Juicio a las Juntas no como un proceso, sino como una narrativa. Aprovecha su cualidad dramatúrgica, el conflicto, y hace un relato de lo que fue la dictadura, contado por sus víctimas y victimarios, protagonistas que muestra no a través del dato sino del detalle; existían transcripciones del juicio, pero no transmitían la manera en que las víctimas se quiebran al relatar las torturas, ni cómo es ese mismo dolor del que nace la fuerza para testificar. Revela también la confianza que exhiben los acusados, confianza en la impunidad, y su estrategia de simplemente retrasar lo más posible el juicio, con una defensa que se queja hasta de su ubicación, aunque se le explica una y otra vez que es por falta de espacio.
A través de 18 capítulos construidos exclusivamente con la grabación del juicio, el documental demuestra que la violencia no fue un exceso de la dictadura, sino su maquinaria, que se intentó negar un genocidio planteándolo como una guerra, pero ni siquiera la guerra justifica la crueldad pura. ¿Historia de un juicio, futuro de otros?
Pero si la grabación es excepcional, entre muchos motivos, por ser tan cercana al periodo la dictadura, el montaje de El juicio se enriquece del paso del tiempo. A la distancia, sabe dónde mirar, entrelaza testimonios, hace conexiones, y apenas tres años después del estreno, es el espectador quien puede contribuir con muchas otras: hoy, al ver a Basilio Lami Dozo, integrante de la tercera Junta, sostener que “este juicio, más que un proceso a las juntas militares, tendría que ser un juicio a la veleidosa sociedad argentina, porque primero manda a sus fuerzas armadas a la guerra, y después, cuando disfruta de los beneficios de la victoria, se horroriza por reales o presuntos elementos cometidos”, uno podría reflexionar sobre la actual sociedad argentina, que reitera en elecciones su apoyo a un gobierno que ha declarado como enemigo no a una raza o a una etnia, sino a las ideologías de izquierda, mismo enemigo de aquella dictadura que cometió, como dice el fiscal Julio César Strassera, el mayor genocidio en la historia de su país.
¿El mayor genocidio en la historia de Argentina?
Al escuchar a Strassera calificarlo como “el mayor genocidio” en la historia de su país, quien escribe este texto se preguntó si el abogado habría tenido en cuenta los genocidios cometidos contra las poblaciones indígenas en territorio argentino y qué significado tenía para él la palabra “mayor”.
En 1983, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas creada por Raúl Alfonsín documentó 1299 muertos identificados. Un año después, en 1984, sumando muertes y desapariciones, se publicó un total de 8,961 víctimas en el informe ‘Nunca Más’, utilizado como prueba en el Juicio a las Juntas Militares: esta es la cifra que tendría presente Strassera. En la actualidad, la cantidad se ha actualizado y llega a 30 mil, cifra que sostienen las Madres de Plaza de Mayo, entre otros defensores y especialistas en derechos humanos (Estela de Carlotto, una de las madres, afirma que entre los propios genocidas hay quienes colocan la cifra hasta en 45 mil).
Por otra parte, las numerosas masacres de pueblos originarios cometidas por el Estado argentino constituyen un mismo proceso de genocidio sistemático y constante a lo largo del siglo XIX y (reconocido) hasta mediados del XX (Masacre de Rincón Bomba, en 1947, durante el gobierno de Juan Domingo Perón). Su antigüedad y extensión, así como la falta de registros previos acerca de las poblaciones, dificultan enormemente calcular un número, pero se contemplan decenas de matanzas donde se asesinaba a cientos de personas, así como campañas militares como la Conquista del Desierto, cuyas víctimas eran varios miles.
Hablando estrictamente de números, los datos disponibles permiten inclinarse a calificar al genocidio cometido por la dictadura cívico-militar durante el llamado Proceso de Reorganización Nacional como el mayor genocidio de la historia de Argentina, pero la falta de información sobre el genocidio de los pueblos originarios revela, posiblemente, una deuda de justicia aun mayor.
Sin embargo, es esencial afirmar que todavía existe una considerable población indígena, y que la realidad de este genocidio ha sido utilizada, también, para difundir entre la sociedad argentina la falsa idea de que estas poblaciones no tienen raíces en sus lugares de origen (que provienen de otras partes de Argentina o de Sudamérica), para así despojarlas de los territorios que históricamente han habitado. Este fenómeno es expuesto por Lucrecia Martel en su documental ‘Nuestra Tierra’ (2025), que forma parte de la 79 Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional.
AQ / MCB
