Las recientes explosiones de equipos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la zona centro de León no sólo han encendido las alarmas por la seguridad de la infraestructura eléctrica, sino también por los derechos de las posibles víctimas, entre ellas trabajadores que pudieron haber resultado afectados en su salud durante los hechos.
Ángel Arellano Espinoza, abogado laboral y ex delegado federal de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en Guanajuato, explicó que este tipo de incidentes pueden derivar en una responsabilidad patrimonial tanto para la federación como para el municipio, pero principalmente la Federación, a través de la CFE.
“Estamos hablando de la posibilidad de reclamar indemnizaciones por daños materiales y daños inmateriales o morales. Los materiales incluyen todo lo que tenga que ver con gastos de curación, rehabilitación y medicamentos, mientras que el daño moral abarca las afectaciones personales, emocionales y permanentes en la vida de una persona”, detalló.
En el caso específico de los trabajadores, Arellano Espinoza precisó que si alguno de ellos sufrió lesiones mientras se dirigía a su empleo o regresaba a su hogar, podría demandar bajo la figura de riesgo de trabajo en trayecto, además de exigir que la CFE responda por el accidente.
“Si voy a mi trabajo, paso por ahí y me ocurre un riesgo, puedo reclamarlo, pero además queda abierta la acción contra la Comisión Federal de Electricidad por la responsabilidad patrimonial. La carga de la prueba la tiene la CFE; ningún ciudadano está obligado a demostrar, porque la falla ocurrió en su sistema”, señaló.
El abogado también advirtió que la falta de mantenimiento en los equipos de la paraestatal ha sido una constante en la zona centro de León, donde existen antecedentes de explosiones en transformadores y reportes de fallas en el suministro eléctrico.
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“¿Dónde están las bitácoras de mantenimiento? ¿Qué seguimiento se les ha dado a los equipos? Ese es el punto clave: se trata de un acto irregular del Estado que puede dejar daños irreparables, como la pérdida de la vista o del oído de una persona. Y ahí el daño moral puede alcanzar indemnizaciones millonarias, desde uno hasta cinco millones de pesos, dependiendo de la magnitud de la afectación”, agregó.
Arellano recordó un antecedente jurídico en el que se reclamaban 45 millones de pesos por daño moral en un caso médico, y se logró una condena de 20 millones.
“Esto muestra que sí es posible reclamar montos significativos cuando se demuestra que el daño deriva de un acto irregular de su sistema”, apuntó.
Finalmente, enfatizó que las víctimas deben tener garantizada la atención médica, independientemente de si cuentan con seguridad social.
“Es un derecho humano: el derecho a la salud, se les debe brindar la atención porque el daño se origina, probablemente, por una omisión de la Federación a través de su Comisión Federal de Electricidad”, sostuvo.
El especialista hizo un llamado a las autoridades municipales y de Protección Civil para que den seguimiento a los reportes ciudadanos y a la condición de la infraestructura eléctrica, con el fin de evitar nuevos accidentes en una zona donde persisten altos riesgos por la antigüedad de los equipos y que representa una bomba de tiempo.
