Para fortalecer la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y garantizarle un presupuesto intocable, la diputada Lilia Urbina propuso reformar la Constitución de la entidad para que su presupuesto sea irreductible y represente al menos 2 por ciento de los ingresos ordinarios del gobierno estatal, como ocurre con el Poder Judicial.
Esto implicaría al menos mil millones de pesos más, pues tan solo este año recibió 5 mil 250.1 millones de pesos, pero con esta fórmula implicaría 6 mil 49.6 millones de pesos, con los cuales tendrían oportunidad de contratar más personal y mejorar diversos renglones para una mejor procuración de justicia.
Buscan reducir impunidad: GPRI
Este, dijo la legisladora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sería el primer paso para que la Fiscalía sea más eficiente y de esa manera se reduzca el nivel de impunidad actual, pues en promedio sólo uno de cada 10 denuncias es judicializado y llega a sentencia condenatoria.
En conferencia de prensa, previo a presentar la iniciativa de ley en el pleno, la legisladora indicó que el objetivo es combatir y erradicar uno de los temas que más lastima a las familias: la impunidad.
“Esta impunidad se explica en buena medida en que la Fiscalía no cuenta con los recursos humanos y presupuestales suficientes ni mucho menos proporcionales a la magnitud y necesidades en nuestro estado” acotó.
Bajo este contexto, agregó, es evidente que, para recibir denuncias, investigar delitos y presentar carpetas de investigación sólidas ante las y los jueces, se requiere más personal y mayores recursos.
“Queremos una reforma para que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México cuente siempre con los recursos necesarios para hacer su trabajo, sin depender de decisiones discrecionales que permitan un recorte presupuestal injustificado” agregó.
Contar con al menos 2 por ciento de los ingresos de la entidad permitirá un crecimiento presupuestal importante y con ello atender las principales necesidades que tienen en una entidad con alta incidencia delictiva.
Sin importar el año o el gobierno en turno, la Fiscalía tendría asegurados los recursos para investigar, contratar más Ministerios Públicos, capacitar mejor a su personal y sobre todo para atender mejor a sus víctimas.
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