La Comisión Legislativa de Procuración y Administración de Justicia aprobó la iniciativa del diputade Luisa Esmeralda Navarro Hernández para tipificar el delito de transfemicidio, con una penalidad de 40 a 70 años de prisión y de 700 a 5000 días de multa y la posibilidad de agravar la pena en un tercio cuando la víctima sea menor de edad o la persona agresora sea servidora pública.
El dictamen integrado señala que el delito de transfeminicidio es el que “por razones de identidad o expresión de género prive de la vida una mujer trans o a una persona cuya identidad o expresión de género se identifique como mujer en un contexto de discriminación”.
Se considerará que existen razones de género cuando la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; le hayan infligido lesiones inflamantes, degradantes o mutilaciones previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia; existen antecedentes o datos que establezcan que el sujeto activo ha cometido cualquier tipo de violencia en los ámbitos familiares, institucional o político en la comunidad laboral o escolar.
Además, cuando haya existido entre el sujeto activo y la víctima una relación sentimental afectiva, de subordinación o de confianza, o parentesco por consanguinidad afinidad o civil; cuando el cuerpo de la víctima sea exhibido expuesto, depositado o arrojado en un lugar público; la comisión del delito o el cuerpo de la víctima se exponga, difunda, publique o transmita a través de cualquier tecnología de información, comunicación, transmisión de datos o se comparta por cualquier medio.
También cuando el cuerpo de la víctima presenta señales de enseñamiento, vinculados con su identidad o expresión de género, ya sea de manera directa en su persona o a través de sus objetos personales, que resulten distintivos de dicha identidad o expresión; cuando testigos o la evidencia indique que previo o posterior al delito, el sujeto activó utilizó expresiones verbales que indiquen rechazo u odio a la víctima por motivo de su identidad o expresión de género y cuando el sujeto activo despoje la víctima de los elementos distintivos de su identidad o expresión de género.
En los casos donde exista relación sentimental afectiva, de subordinación, confianza o parentesco, el sujeto activo perderá todos los derechos civiles y familiares, en relación con la víctima, incluidos los de carácter sucesorio.
La discusión
Navarro Hernández, autor de la propuesta explicó que el objetivo es garantizar la justicia, la visibilidad, protección para las mujeres trans y avanzar hacia una sociedad libre de violencia y discriminación; busca proteger a las personas cuya identidad o expresión de género se identifican como mujer para garantizar que estos crímenes no permanezcan en la impunidad.
“Hoy reafirmamos nuestro compromiso con la construcción de un Estado de México más justo, digno, plural, empático e inclusivo para todas las personas, sobre todo para quienes han sido víctimas de violencia motivados por prejuicio y discriminación como lo son las mujeres trans.”
Reconocer y sancionar el transfeminicidio responde a una exigencia social urgente y honra el deber constitucional de proteger la vida, igualdad y la no discriminación, con lo cual en el Estado de México no hay espacios para el odio.
El diputado Octavio Martínez consideró que esta figura estaba ausente en la legislación, por lo cual es un avance reconocer para que la falta no quede impune.
“Esperemos que esta incorporación al Código Penal traiga como resultado que no exista un crimen más de personas trans”.
La panista Emma Laura Álvarez Villavicencio consideró que toda persona debe vivir sin miedo, violencia y sin discriminación, por lo cual rechazó cualquier forma de odio, desigualdad o exclusión, ya sea por sexo, edad, religión, orientación sexual, identidad o cualquier otra.
“De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la seguridad Pública 2025, en México se cometen 33.5 millones de delitos al año, de esos, sólo 31.2 millones no son denunciados, sólo el 6 por ciento son denunciados” aseveró.
Ana Yurixi Leyva acotó que esta reforma no es solo una ampliación normativa, es una señal de dignidad, reconocimiento y esperanza, con ella este Congreso se posiciona a lado de quienes han sido marginadas, estigmatizadas y violentadas.
En tanto, Miriam Silva Mata, dijo que la responsabilidad del Legislativo es que este delito sea lo más simplificado y cuidar que no se caiga en errores judiciales.
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