La revisión legislativa al primer año de gobierno de Jalisco acumuló reclamos por crisis financieras, irregularidades administrativas y prácticas laborales desiguales. Tres dependencias comparecieron este jueves ante el Congreso: el Instituto de Pensiones del Estado (Ipejal), la Secretaría del Trabajo y la Contraloría estatal.
El saldo fue una larga lista de pendientes que van desde el uso del dinero de los trabajadores hasta un desvío de 150 millones de pesos en gasolina dentro de la Secretaría de Seguridad.
El primero en ser cuestionado fue Juan Partida Morales, director del Ipejal, quien enfrentó críticas por la situación económica del instituto, la falta de entrega de medicamentos y un presunto intento por aumentarse el salario al inicio de la administración.
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El diputado sin partido Alejandro Puerto lo acusó de privilegiarse en medio de una institución en crisis: “Usted cuando tomó posesión del Ipejal, una de sus primeras acciones fue subirse el salario… mientras los trabajadores están a punto de perder derechos, usted utilizó los recursos para salvarse a sí mismo”.
“No fue un tema que se hubiera discutido en el Consejo… nunca se aprobó, nunca se dio y yo sigo ganando lo mismo que el director anterior”, respondió.
Los legisladores insistieron en la mala administración de los recursos de los trabajadores, la falta de avance en la reforma para limitar las pensiones doradas y la compra de un edificio en el Centro de Guadalajara sin un plan que demuestre rentabilidad para la institución.
El secretario del Trabajo, Ricardo Barbosa Ascencio, reconoció durante su intervención que las condiciones laborales en México siguen marcadas por desigualdad de género y discriminación: “Son machistas, clasistas y misóginas”, dijo, comprometiéndose a reducir las brechas en Jalisco.
Destacó los avances rumbo a la entrada en vigor de la llamada ley silla este 16 de diciembre, para la cual aseguró que se han dado capacitaciones semanales a cámaras empresariales y visitas de cortesía a las compañías interesadas en cumplir: “Yo seré el principal promotor del cumplimiento”.
Barbosa presentó además los indicadores de su primer año: 30 mil 722 nuevos empleos formales, 105 mil 120 patrones registrados ante el IMSS, 2 mil 56 trabajadores dados de alta y 1 mil 877 inspecciones derivadas de 641 denuncias por violación de derechos laborales.
El momento más tenso llegó con la participación de la contralora estatal, María Teresa Brito, quien confirmó que continúa la investigación por el desvío de 150 millones de pesos en combustible para vehículos inservibles dentro de la Secretaría de Seguridad en la administración pasada.
“Vehículos sin motor eran surtidos de gasolina y posiblemente hay contubernio de varias áreas”, afirmó. Señaló que verificarán en campo que la dependencia haya tomado medidas para evitar que esta práctica vuelva a ocurrir.
Brito también fue cuestionada por el caso del SIAPA y la contratación de personal sin perfil técnico, entre ellos la conductora de televisión Eli Castro. La contralora informó que la investigación incluye a cuatro presuntos responsables y constituye una falta administrativa grave que ya está en manos del Tribunal de Justicia Administrativa.
La funcionaria añadió que la Contraloría exigirá a todas las dependencias contar con un manual de puestos para asegurar que las contrataciones cumplan con los perfiles mínimos: “De las 20 dependencias, ocho no cuentan con manual; y de los 52 organismos descentralizados, 25 tampoco lo tienen”.
¿Qué pasará con el personal del ITEI?
Ante la extinción del Instituto de Transparencia (ITEI), la coordinadora priista María del Refugio Camarena preguntó por el futuro del personal: “Espero que sean respetados sus derechos ganados… y que su experiencia sea aprovechada”.
Brito aseguró que se hará responsable del proceso: buscarán reubicar a 18 trabajadores con experiencia y ya existe un acuerdo de cierre administrativo para la liquidación de los otros 82 empleados.
MC
