La Fiscalía General del Estado de Guanajuato deberá pagar una compensación de 100 mil 209 pesos a María Teresa Marmolejo López, madre de Dulce Alejandra, por la exhumación de los restos de su hija pese a que su identidad ya había sido confirmada. Así lo determinó el comisionado de Atención a Víctimas de Guanajuato en una resolución emitida el 30 de octubre de 2026.
MILENIO obtuvo el documento emitido por el CEAIV, con la resolución CEAIV-GTO/CIE/RID/010/2026, fechada el 30 de octubre de 2026, la reparación económica contempla 90 mil 209 pesos por concepto de daño moral y 10 mil pesos para cubrir gastos relacionados con transporte, comunicación y alimentación.
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La determinación deriva de las afectaciones ocasionadas a María Teresa por la actuación ministerial que derivó en la exhumación de los restos de su hija en julio de 2025, cuando la Fiscalía le informó que en el féretro podrían encontrarse restos de otras personas.
El documento establece que la compensación busca reparar las afectaciones materiales e inmateriales que enfrentó la madre durante este procedimiento. Sin embargo, la resolución no acredita que el recurso ya haya sido entregado, por lo que está pendiente conocer el proceso para que la víctima pueda recibirlo.
“De un análisis de los precedentes señalados en el presente apartado en relación con la presunción legal a que hace alusión el artículo 1406 del Código Civil para el Estado de Guanajuato; se considera acreditado el daño moral en su vertiente de daño a IOS sentimientos o a la parte afectiva del patrimonio moral de María Teresa Marmolejo López”; se lee en la resolución.
El caso llegó a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG), que resolvió que la Fiscalía no debió ordenar la exhumación, debido a que desde 2020 existían estudios genéticos que permitían tener certeza sobre la identidad de los restos entregados a la familia.
En su resolución, el organismo señaló que la actuación ministerial vulneró el derecho humano a la seguridad jurídica de María Teresa, al generar incertidumbre e inestabilidad emocional innecesaria sobre si los restos que había sepultado correspondían realmente a su hija.
La PRODHEG emitió recomendaciones para que se otorgara una reparación económica a la madre y se iniciara una investigación administrativa para deslindar responsabilidades del agente del Ministerio Público que ordenó la diligencia.
No obstante, el 11 de febrero de 2026, la Fiscalía General del Estado rechazó formalmente las recomendaciones mediante el oficio 224/2026.
En su respuesta, la institución sostuvo que la exhumación se realizó ante la incertidumbre sobre la integración de los restos humanos localizados en 2020 y que los nuevos estudios genéticos permitieron confirmar que la totalidad correspondía a Dulce Alejandra.
Dulce Alejandra Marmolejo López desapareció el 16 de julio de 2020, cuando tenía 27 años, en Irapuato. Cuatro días después, el 20 de julio, fue localizada sin vida.
Tras los procedimientos de identificación, sus restos fueron entregados a su familia y sepultados. Sin embargo, el 15 de julio de 2025, la Fiscalía ordenó exhumarlos ante inconsistencias relacionadas con la integración de los restos humanos.
La diligencia provocó que María Teresa volviera a enfrentar la incertidumbre sobre la identidad de su hija. En ese momento, denunció que le habían informado que en el féretro podrían encontrarse restos de otras cuatro personas.
Los nuevos estudios genéticos realizados por la Fiscalía y un peritaje independiente confirmaron que los restos entregados originalmente sí correspondían a Dulce Alejandra.
El 17 de noviembre de 2025, después de cinco años de haberla sepultado y cuatro meses después de la exhumación, familiares y amigos realizaron una misa de cuerpo presente en Irapuato para despedirla nuevamente.
En aquella ocasión, María Teresa expresó a MILENIO su intención de buscar una reparación del daño para ella y sus nietos, quienes quedaron bajo su cuidado tras la muerte de Dulce.
Ahora, con la resolución emitida por la CEAIV, se estableció una compensación económica de 100 mil 209 pesos, aunque todavía falta conocer cuándo y bajo qué procedimiento se realizará la entrega del recurso.
