El Comité de Participación Ciudadana aprobó dos recomendaciones no vinculantes para prevenir el abuso de autoridad en el servicio público y el cohecho en las y los particulares, pues en el último año se registraron 3 mil 139 carpetas informativas por hechos vinculados con la corrupción, de los cuales 2003 se debieron a posibles excesos en el servicio público y tres casos de cohecho.
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Tienen asegurado uno de los siete votos para la propuesta
Las cifras que tiene el CPC corresponden al periodo de agosto del 2024 a julio del 2025, indicó Karla Isabel Colín Maya, integrante del CPC, quien propuso estas recomendaciones que fueron avaladas por unanimidad y serán presentadas ante el Comité de Coordinación del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de México, donde ya tienen asegurado uno de los siete votos que necesitan para que estos acuerdos sean un hecho.
Detalló que en este periodo se dictaron 85 sentencias, de las cuales 78 fueron por actos de abuso de autoridad que fueron comprobados, lo cual amerita a trabajar en este rubro, pues las cifras dicen que prácticamente 64 de cada 100 carpetas son iniciadas por estos delitos y prácticamente 92 de cada 100 sentencias fueron por abuso de autoridad.
“Nos damos cuenta que éste, de manera particular es el hecho de corrupción que debería tener más atención en nuestra entidad, no porque los otros no sean importantes o no estemos atendiendo todos los hechos de corrupción, sino porque la misma estadística nos demuestran que es el de mayor incidencia” indicó.
Del análisis de información, agregó, se revela que en el Estado de México 63.8 por ciento de las carpetas de investigación iniciadas por hechos de corrupción sobre delitos cometidos por servidores públicos son por abuso de autoridad y 91.7 por ciento de las sentencias son en contra de servidores públicos.
Es urgente identificar cuáles son los entes públicos con presencia de personas servidoras públicas denunciadas y sentenciadas por la comisión de este delito, para que implementen una política integral de prevención social, aunado a que el Comité Coordinador instruya a la Secretaría Técnica que diseñe una política integral para la prevención social del abuso de autoridad, donde intervenga ciudadanía, sector gobierno y sector privado.
Sentencias por cohecho
La otra recomendación es para combatir el delito de cohecho porque se dictaron ocho sentencias por esta razón y consideraron necesario mejorar los mecanismos de combate a la corrupción en la entidad, generando acciones que visibilicen la existencia de delitos por hechos de corrupción, cometidos por particulares, se difundan sus implicaciones para promover la cultura en contra de las dádivas y el servidor público se anime a denunciar.
La preocupación es que, en el Estado de México las y los particulares no ofrecen, ni prometen o entregan dinero o alguna dádiva a algún servidor público para que realice u omita un acto o lleve a cabo actos ilícitos, relacionados con sus funciones; o bien que en la entidad no se están denunciando a los particulares que incurren en estas acciones.
La realidad, acotó Karla Colín, es que de acuerdo con las Naciones Unidas se tiene como objetivo reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas, porque según datos de 138 países, donde está incluido México, entre 2015 y 2022 uno de cada cinco personas declaró haber pagado un soborno a algún funcionario público en los últimos 12 meses, para que hiciera algo indebido.
En este caso, consideró que los esfuerzos se deben dirigir a los entes públicos, pero vincular a la sociedad civil porque de nada sirve que el servidor público blinde su quehacer si va a llegar el público a poner en su escritorio una dádiva.
Se busca instruir de forma inmediata el secretario técnico para que diseñe una política integral de cultura de la denuncia en materia de cohecho, donde los testigos de un hecho de corrupción y las mismas personas servidoras públicas se animen a denunciar.
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