El Estado de México es la única entidad del país que cuenta con un Modelo de Gestión de Riesgos de Corrupción (Mogeric), que ya se aplica en seis entes públicos y próximamente estará en tres más, donde se busca reducir y combatir, de manera técnica, cualquier indicio de ilegalidad, dio a conocer el secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, Víctor Romero Maldonado.
En entrevista con MILENIO Estado de México, dio a conocer que el modelo se ha ido mejorando y ya están en la versión 3.0, con la cual no sólo se busca prevenir, sino también detectar riesgos para llevarlos al índice más bajo y de esa manera reducir la incidencia en la entidad más poblada del país, con 550 entes públicos y el mayor presupuesto estatal.
La entidad, subrayó, está a la vanguardia en la lucha anticorrupción. Es la única entidad donde están obligados sus 125 municipios a contar con sistemas anticorrupción, es de los pocos que están interconectados a la Plataforma Nacional Anticorrupción, que tienen funcionando su Sistema Estatal Anticorrupción y cuentan con un modelo de gestión adaptable a cada instancia, con un traje hecho a la medida.
En el Estado de México, indicó, “está toda la maquinaria trabajando” haciendo lo que le corresponde para combatir, pero sobre todo prevenir la corrupción en todos los niveles públicos, donde la voluntad política es indispensable para lograr buenos resultados.
¿Qué es Mogeric?
Mogeric es una herramienta metodológica, desarrollada por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios para prevenir y detectar corrupción en el sector público. Esto a través de la gestión de riesgos, donde el modelo responde a las expectativas establecidas en la política estatal anticorrupción y se alinea con el Plan de Desarrollo de la entidad.
Esta metodología, señala, incorpora estrategias adaptadas a la realidad del sector público, permitiendo identificar y abordar de manera precisa las vulnerabilidades significativas en los entes públicos. Su aplicación garantiza una gestión efectiva de los riesgos mediante la implementación de acciones fundamentadas en buenas prácticas.
Las ventajas de adoptar el modelo es que fortalece la ética pública y la integridad, además de contribuir a la transparencia y la rendición de cuentas, para lo cual recomiendan designar al personal con experiencia en el proceso a gestionar, para conformar un equipo de trabajo eficiente; asegurar el compromiso y la participación activa del enlace responsable; definir un programa realista, con tiempos y responsabilidades claras; revisar previamente los instrumentos para agilizar su aplicación, procurar mantener la comunicación entre las partes y siempre trabajar en equipo.
“Todo esto es parte de una estrategia. No es una ocurrencia. Obedece a una de las líneas de la política estatal anticorrupción y a que debemos tener herramientas para identificar riesgos de corrupción” destacó.
La versión 3.0
Este modelo empieza a construirse a raíz de la necesidad de generar políticas públicas en materia anticorrupción. Para el año 2022 se aprueba y se da el nacimiento formal y se instruye un pilotaje que recomienda la Organización de las Naciones Unidas, el cual se generó durante el 2023.
Se puso en juzgado de Cuautitlán en materia familiar, en un juzgado Colmena de reciente creación en Ecatepec y en los juzgados de línea que acababan de nacer, a raíz del Covid.
Se vuelve fundamental contar con una herramienta para evitar riesgos de corrupción y enfocarse al aspecto preventivo que la Secretaría Técnica pone en manos del Comité Coordinador, colocándose como punta de lanza en el país.
Después viene una evolución, la versión 2.0 y la 3.0 que fue aprobada en diciembre del año pasado y hoy ya tiene una alta demanda.
¿Dónde se usa?
En este año ha tenido ya alta demanda, pero deben de tener cuidado para tener la capacidad de dar acompañamiento técnico especializado a quienes firman convenios para aplicarlo. Actualmente están trabajando con seis entes públicos, el área de Catastro de Atlautla, la dirección de Desarrollo Económico de Chapa de Mota; los juzgados cívicos de Jilotzingo; la Defensoría Electoral en el Tribunal Electoral del Estado de México y con el ayuntamiento de Toluca está en hechos de tránsito ante el juez cívico.
Quien firma y lo aplica decide cuál es el área susceptible de corrupción donde quiere medir el problema y a partir de eso la Secretaría Técnica hace un traje a la medida, con parámetros generales, pero estrategias delimitadas al tamaño del municipio o entidad pública,
En los próximos días van a firmar convenios con Naucalpan, con el DIF municipal que lo quiere usar en dos áreas, así como en Valle de Bravo. Pero tienen otras peticiones que siguen definiéndose, donde non descartan tener pronto al Poder Judicial, en esta nueva etapa que vive.
Con esta versión se tienen acciones preventivas y para detección. Se genera un diagnóstico clave de trámites y servicios con mayor proclividad a actos de corrupción, donde se toma como referencia un estudio de percepción de la corrupción que se hizo en el 2022 en la entidad y con base en ello se determinan los trámites y servicios convenientes.
Este diagnóstico viene a ser como un primer referente para entrar de manera estratégica en esos focos rojos que se deben direccionar y aumentar los esfuerzos en materia anticorrupción.
Duración de 5 meses
En cada caso se define el proceso y el trámite donde se va a estar realizando y se empieza a hacer la gestión de riesgos de corrupción, donde a grandes rasgos se hace un análisis de contexto; factores positivos, negativos, tanto internos como externos que pueden ayudar a la efectiva gestión de los riesgos de corrupción, considerada como la etapa clave para hacer un saco a la medida del ente público.
En una segunda etapa ya se identifican los riesgos de corrupción, los puntos potenciales, cómo se desarrolla el proceso, se analizan los comportamientos o conductas del proceso que se pudieran presentar por parte de las personas servidoras públicas o de los usuarios, se analiza también la relación que se tienen con sus partes interesadas que generalmente son usuarios y finalmente el análisis de la normatividad, donde se observa qué tan correcta se está dando un cumplimiento a las disposiciones normativas de todos estos procesos.
“Obtenemos un inventario de riesgos con los riesgos más sustantivos, pasamos a la evaluación de estos riesgos, que nos indica qué tan potenciales o qué nivel de riesgo, con base en una escala si el riesgo es catastrófico, alto, medio o bajo” acotó Víctor Romero.
Se revisan los controles que se están aplicando actualmente para esos riesgos y la efectividad de esos controles. Con base en ello se define si estos controles tienen que mejorar o si pueden replantearse, porque hay procesos donde ni siquiera tienen control como tal.
Se generan entonces estrategias de tratamiento a estos riesgos de corrupción y por un lado se mejora el proceso y por otro se disminuyen esa incidencia de riesgos de corrupción, a partir de una política preventiva.
Todo esto puede llevar aproximadamente 20 semanas y es entonces cuando se puede empezar a medir los resultados y compararlos con el inicio, si los índices mejoran o si es necesario aplicar más medidas correctivas y preventivas.
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