Luego de que el Instituto de Control Vehicular (ICV) inició un operativo de balconeo contra ciudadanos morosos en el pago de sus derechos vehiculares, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) hizo un llamado a detener tales acciones, por considerar que son un escarnio y atentan contra los derechos de las personas.
En entrevista, la presidenta del organismo, Sofía Velasco Becerra, explicó que el instituto está facultado para imponer sanciones a los contribuyentes que no estén al corriente, las cuales oscilan entre 15 y 20 cuotas de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), es decir, entre mil 267 pesos con 35 centavos y mil 689 pesos con 80 centavos.
“Hacemos un llamado a la autoridad, al Instituto de Control Vehicular, para que deje de realizar este tipo de acciones, deje de colocar estas calcomanías, estas leyendas y los colores, porque está exhibiendo a las personas como deudores.
“Nosotros consideramos que se está excediendo en sus atribuciones, porque sí tiene facultades para poder sancionar a las personas que no hayan pagado, sin embargo, no puede exigirlo de esa manera”, manifestó.
La CEDH enviará un oficio al director del instituto, Rubén Zaragoza Buelna, para sugerir que se limite a emprender las acciones que por ley están permitidas.
Hasta el momento la comisión no cuenta con quejas por este operativo de balconeo, pero Sofía Velasco comentó que los ciudadanos agraviados por el ICV pueden acudir a las instalaciones de la CEDH para interponer una queja.
“Es un acto de autoridad, por supuesto que (el ciudadano) puede venir aquí y nosotros iniciaríamos una queja de forma particular para tal persona, y este oficio va en general, para que dejen de hacer este tipo de acciones”, declaró.
Este jueves se dio a conocer que personal del ICV colocó leyendas en los vehículos de automovilistas y servidores públicos, exhibiéndolos como “deudores”o “al corriente” respecto al pago de sus derechos vehiculares.
Dentro del estacionamiento de los funcionarios de estatales, localizado en el centro de Monterrey, fueron observados automóviles con estos papeles impresos en sus ventanillas.
Por otra parte, el dirigente de la organización civil, Fortaleza Ciudadana, Luis Gerardo Treviño, acudió ayer a las instalaciones del Instituto de Control Vehicular (ICV), para solicitar que se suspenda la colocación de tarjetas en parabrisas de automóviles con la leyenda de “deudores”, al detectar coches que no los tienen al corriente en derechos vehiculares, por considerar que afecta la privacidad y la honra de las personas,
El también ex presidente de Vertebra fue recibido en el Pabellón Ciudadano, por el director del organismo, Rubén Zaragoza, quien declaró que solamente se trató de un muestreo que se realizó en algunas partes del centro de la ciudad, sin embargo, al momento que se realizó este encuentro, en el estacionamiento del referido edificio, continuaban con la colocación de tarjetas a deudores, o en su defecto, a quienes sí están al corriente con la respectiva tarjeta de “Al corriente”.
“Le pedimos al ICV que se abstengan de exigir a los contribuyentes poniéndoles tarjetas en sus carros, toda vez que no es un procedimiento que cumpla con lo ordenado de estar debidamente fundado y motivado como un requerimiento de pago, si bien el propio director habla de que no es un requerimiento formal, dejar una tarjeta en el auto, que dice auto con adeudo, sí de alguna manera te exhibe y te pone en mal con la sociedad, y es parte de lo que estamos reclamando.
“El que esté vulnerando uno de los derechos fundamentales o los derechos humanos, que habla de que las personas no pueden ser atacadas en su privacidad, en su honra, ni tampoco en la reputación, y máxime viniendo de una autoridad, entonces si la autoridad viene y me pone una etiqueta diciendo que soy deudor o que soy bandido, pues eso es un acto de molestia que está mal, y eso es parte de lo que estamos reclamando y pidiendo que rectifiquen su proceder y que dejen de hacerlo”, declaró Treviño.
Dijo que en caso de que la autoridad estatal o el ICV no atiendan la petición, tendrían que acudir ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos a poner la queja respectiva.
Reiteró su exigencia de que se tenga un respeto a los contribuyentes del ICV, y que si necesitan cobrar, deben de recurrir a los mecanismos que contempla la ley.
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