Su cuerpo se ha convertido en su prisión, en su “campo de batalla”. Samara Martínez, una joven de Guadalajara, de 30 años, ha visto cómo su vida se marchita a pesar de conectarse constantemente a una máquina de diálisis.
Su rutina transcurre entre hospitales, tubos y monitores. Ha pasado por dos trasplantes de riñón fallidos: el primero, donado por su hermano, fue rechazado por su cuerpo a los cuatro días; el segundo, proveniente de un donante cadavérico, tampoco funcionó. Hoy, los médicos ya no consideran viable un nuevo intento. Padece enfermedad renal en etapa terminal, agravada por lupus y otras complicaciones que han dejado su organismo.
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A pesar del dolor físico y del deterioro progresivo, Samara subió a las tribunas a exigir dignidad. Esta semana, frente a senadores de todos los grupos parlamentarios, su voz quebrada por el cansancio se transformó en una declaración política y humana: el derecho a morir sin sufrimiento.
“Mi cuerpo ha sido mi campo de batalla, pero mi enfermedad también ha sido mi maestra más grande de vida. He aprendido que la vida no se mide por los días que respiramos, sino por la dignidad con la que vivimos”, dijo al presentar en el Senado de la República la Ley Trasciende, una propuesta ciudadana respaldada por más de 128 mil firmas que busca despenalizar la eutanasia en México.
En el recinto parlamentario, su testimonio rompió el silencio habitual del debate político. “Vengo a pedirles, desde lo más profundo de mi alma y de mi corazón, que hagamos posible una ley que garantice la dignidad hasta el último respiro de la vida”.
Sus palabras firmes no apelaban a la compasión, sino a la justicia: “Ningún mexicano o mexicana tenga que morir sufriendo con dolor, con miedo, pero sobre todo con agonía, o con la angustia de ver a su familia destrozarse mientras el cuerpo se apaga lentamente. Hablamos de eutanasia, sí, pero también hablamos de libertad, de compasión y de justicia, de reconocer que morir con paz también es un derecho”.
Durante su intervención, Samara entregó oficialmente el documento que reforma el artículo 166 de la Ley General de Salud, al que se agrega un octavo TER para legalizar y despenalizar la eutanasia.
“¿Por qué se nos tiene que obligar a vivir con sufrimiento cuando médicamente ya no hay más que hacer? Les pregunto de frente, directamente, pero con amor y respeto: ¿por qué seguimos criminalizando la compasión?”, cuestionó.
A lo largo de más de una década, Samara ha convivido con la cercanía de la muerte y con el sistema de salud que la mantiene viva a costa de su libertad.
Las sesiones de diálisis le impiden trabajar o salir de casa con regularidad. Vive entre medicamentos, revisiones médicas y la constante amenaza de infecciones.
“El sistema de salud nos ha fallado, la medicina nos ha fallado, pero espero que ustedes, senadores, no nos fallen”, dijo mirando de frente a quienes tienen en sus manos la posibilidad de legislar su petición.
Ley Trasciende, puerta a la libertad de decisión
Su propuesta, que lleva el nombre de Ley Trasciende, no busca imponer ideologías religiosas o políticas, sino abrir una puerta a la libertad de decisión para quienes enfrentan enfermedades terminales. “México necesita que su Congreso esté a la altura de su pueblo”, subrayó.
A su lado, legisladores de Movimiento Ciudadano, Morena y el PRI se levantaron de sus curules para manifestar su apoyo y comprometerse a discutir el tema antes de que termine el actual periodo legislativo.
El senador Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, reconoció que el planteamiento de Samara representa una deuda moral del Estado mexicano. “Esta iniciativa no es solo una actualización legislativa, es un proceso de humanización nacional”.
“Lo que nos convoca hoy no es nada más y nada menos que la vida real: la vida de quienes cargan con un dolor que no cede, de las familias que aman y cuidan hasta el cansancio, de los profesionales de la salud que quieren aliviar el sufrimiento, pero se topan con límites que promueven innecesariamente el dolor”, señaló.
Para Colosio, “hablar de la muerte es también hablar de cómo queremos vivir hasta el último día, con autonomía, con compasión y con dignidad. La tarea del Congreso de la Unión es y siempre debe ser escuchar con respeto, reconocer el sufrimiento que existe, darle causa con reglas claras y con humanidad”.
Congreso tiene compromiso ético
La senadora Reyna Celeste Ascencio Ortega, del grupo parlamentario de Morena, coincidió en que el debate sobre la eutanasia exige sensibilidad y compromiso ético. “Legislar el derecho a una muerte digna dentro del marco jurídico nacional es una necesidad impostergable. Estaremos analizando la posibilidad de introducir en la Constitución el derecho de la muerte digna, como acceso a la voluntad anticipada para las personas que estén enfermas con padecimientos incurables o en fase terminal, y por esa razón decidan trascender dignamente”.
El Congreso “no puede ignorar las historias de sufrimiento y de agonía que viven miles de familias”.
Y sostuvo que “debemos asegurar que cada persona tenga la libertad de decisión sobre su cuerpo y sobre su vida, especialmente cuando enfrenta una enfermedad incurable y con un dolor insoportable. Vivir con dignidad implica también tener el derecho a no ser obligado a sufrir”.
Desde la presidencia de la Comisión de Gobernación, la senadora Margarita Valdez Martínez, también de Morena, recordó que la lucha por el derecho a morir con dignidad es parte de una causa histórica de derechos humanos.
“Esta lucha por los derechos humanos no empezó ayer ni antier. Esta lucha ya tiene mucho entre las corrientes progresistas aquí en México, pero siempre, por una razón o por otra, aun en las legislaturas recientes, ha habido intereses mezquinos, vengan de donde vengan, pero son mezquinos que se oponen por una cosa o por otra. Porque nos sentimos dueños de la vida de los demás”.
Valdez señaló que no hacen falta más foros para entender la urgencia del tema. “Difiero un poquito de quienes quieren hacer mesas de expertos: aquí están los expertos, aquí están los que saben. No necesito más, que me lo avale el experto rimbombante de la asociación interamericana. No. Soy médica de formación y me ha tocado ver la vida y la muerte de las y los mexicanos”.
“No es promoción para la muerte”
La senadora Claudia Anaya, del PRI, coincidió en la necesidad de garantizar un marco jurídico que proteja a los médicos que participen en los procedimientos. “Estamos a un paso de la despenalización de los médicos que participen en los procedimientos, que deben ser avalados por un comité de bioética médica sobre expediente. No es que una persona llegue a un hospital y se forme y diga quiero que me apliquen la eutanasia y diga ‘ya no quiero vivir’. No funciona así”.
“La carga penal ha sido el mayor obstáculo, porque, como pasaba con el tema del aborto, si una mujer se practicaba el aborto o criminalizabas a la mujer o al médico y les fincabas una responsabilidad penal. Hoy en día pasa eso en algunas entidades federativas respecto a los médicos que practiquen la eutanasia activa”, agregó.
“Esto no es una promoción para la muerte. Es simplemente una alternativa para las personas que la ciencia médica ya no puede ayudarles en diagnósticos para una enfermedad terminal y, para la cual, ya no hay un tratamiento posible”.
Durante la presentación, el activista Aurélien Guilabert, integrante de una coalición ciudadana por la muerte digna, denunció que “todos los días se practica la ayuda para morir en México, pero ¿quiénes tienen acceso a ella? Personas con dinero o con contactos. La desigualdad ante la muerte es una realidad”.
Recordó que solo el cinco por ciento de los pacientes que requieren cuidados paliativos en México los reciben, “lo que prolonga innecesariamente el dolor”.
De aprobarse, la Ley Trasciende colocaría a México entre los países que reconocen el derecho a morir con dignidad, como Países Bajos, Bélgica, España, Canadá y Colombia. Al cerrar su discurso, Samara miró a los legisladores y dijo con serenidad: “Legislar sobre la vida y la muerte no es un acto político, es un acto de amor, de ética y de responsabilidad histórica”.
LP
