M+.- El 7 de enero de 2012, Felipe Calderón inauguró la Estela de Luz ante miles de personas. Era de noche y durante su discurso dijo que ese monumento nos daría una razón más para sentirnos orgullosos de ser mexicanos. La columna que debía haber sido el símbolo de los festejos del Bicentenario de la Independencia llevaba más de un año de retraso y su costo había pasado de 393 millones de pesos a más de mil 300 millones.
De acuerdo con la investigación de MILENIO, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señalaría que III Servicios, la empresa subsidiaria de Pemex encargada de la obra, no tenía capacidad, infraestructura ni personal para llevarla a cabo, y que aun así Banjército le adjudicó el contrato de forma directa.
Dos años después un tribunal federal giraba órdenes de aprehensión contra 12 ex funcionarios acusados de contratar la obra con sobreprecios y sin licitación. El proceso duró años en los juzgados: nueve de los implicados consiguieron suspender su detención mediante amparos, pagando una fianza de cinco mil pesos cada uno, porque los delitos que se les imputaban no eran considerados graves.
La condena penal que registra el extinto Consejo de la Judicatura —ahora Tribunal de Disciplina Judicial— llegó hasta 2024. Aunque el nombre está testado, entre los sentenciados el titular del Órgano Interno de Control de III Servicios, adscrito a la Secretaría de la Función Pública, que según la prensa sería Ernesto Villaseñor García. Según el fallo, el funcionario estuvo presente como asesor normativo, conoció la posible afectación al patrimonio del fideicomiso y de la paraestatal, y no lo comunicó a sus superiores. La pena: cuatro años y seis meses. Sin inhabilitación.
A través de la revisión de sentencias públicas del Consejo de la Judicatura Federal entre el año 2018 a la fecha, se revela que en ocho años los tribunales federales emitieron 26 condenas contra servidores públicos por delitos cometidos en el ejercicio de su cargo. En promedio, tres sentenciados por año.
La media entre la fecha del hecho y la de la sentencia fue de 8.6 años; para el caso más antiguo la tardanza para emitir una sentencia fue de 16 años. Los delitos con más registros fueron:
- Ejercicio indebido del servicio público
- Falsificación de documentos agravada por calidad de servidor público
- Peculado
- Delitos contra la administración de justicia
Las dependencias que concentran el mayor número de condenados son la entonces Procuraduría General de la República (PGR), el Ejército, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y la Policía Federal, entre otras.
Justicia que puede tardar lustros
La mayoría de los delitos que terminaron en sentencia durante este periodo no ocurrieron ayer. Los datos del Consejo de la Judicatura revelan que los hechos que dieron origen a estas 26 condenas se cometieron entre 2007 y 2019. En una gran cantidad de estos casos los tribunales tardaron más de una década en cerrar el expediente.
En 2007, Marco Antonio Gómez era agente del Ministerio Público Federal en la Agencia Segunda Investigadora de Tejupilco, Estado de México. Según la sentencia, recibió dinero de indiciados para garantizar su libertad provisional bajo caución. El problema fue que el dinero nunca llegó a donde debía: 764 mil 700 pesos correspondientes a cauciones de distintas averiguaciones previas simplemente desaparecieron. Fue condenado por peculado. La sentencia llegó en 2019, es decir 12 años después.
En ese mismo 2007, Francisco Javier Palmas, agente del Ministerio Público Federal de la PGR en Jalisco, practicó un cateo en Villa Hidalgo. Lo que hizo después lo llevaría, algunos años más tarde, a los tribunales: omitió inventariar la mercancía asegurada y asentó falsamente testigos de asistencia en el acta. En 2019, el tribunal federal lo condenó por delitos contra la administración de justicia. La pena fue de 10 años en total.
En 2008, un agente de la Agencia Federal de Investigación en Chihuahua participó con otros elementos en lo que la sentencia describió como un operativo ilegal en una casa de empeño. Según el fallo, entraron al negocio, sometieron a varias personas, saquearon objetos, exigieron dinero y luego simularon pruebas para justificar la actuación. La sentencia se dictó hasta 2024. La pena sería 30 años de prisión porque se les juzgó por otros delitos, la más alta de toda la base de datos. Tardó 16 años en llegar.
No se salvaron agentes, militares y guardias
Casos de extraña omisión hay varios entre distintos niveles de la administración pública. Por ejemplo en 2010, en Tamaulipas, dos funcionarias de un centro penitenciario mediante un memorándum autorizaron la liberación de una persona interna. El problema era que la resolución judicial que recibieron no ordenaba su libertad, sino que mantenía vigentes las penas de prisión previamente impuestas.
La jefa jurídica validó el documento, y la subdirectora lo firmó en ausencia del director, sin aclarar debidamente la situación con el juzgado. La persona que estaba internada en la prisión salió antes de tiempo y las funcionarias fueron condenadas en 2023 por delito contra la administración de justicia. La condena —que llegó 13 años después de cometido el hecho— fue en este caso de tres años y siete meses.
En Oaxaca, durante el mismo 2010, una causa registró la sustracción o pérdida de objetos bajo custodia institucional durante una inspección de embarcación pesquera en la que participaron la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) y elementos de la Secretaría de Marina. El nombre del responsable está testado en la versión pública. La pena sería de dos años y llegó hasta 2019, casi tardó una década.
En 2012, un agente del Ministerio Público Federal de la PGR en Cuautla, Morelos, ordenó devolver un tractocamión con una pipa que contenía aproximadamente 43 mil litros de petróleo crudo asegurado en una averiguación previa. Lo hizo bajo el argumento de que se trataba de residuos o combustóleo, aunque los peritajes lo identificaban como petróleo crudo. La sentencia fue en 2022. La pena fue de cuatro años.
En 2013, en Tamaulipas, el subteniente de infantería César Eleuterio Chávez Soto fue condenado por uno de los casos más graves del conjunto. Durante un operativo privó de la vida a tres personas que se encontraban en el suelo tras un accidente vehicular. Después ordenó a un subordinado recoger los casquillos percutidos de su arma y tirarlos en otro lugar. Fue condenado por homicidio calificado y también delito contra la administración de justicia. La pena fue de apenas siete años. La sentencia le fue dictada con una década de dilación, en 2023.
También en 2013, en Quintana Roo, un servidor de la PGR —cuyo nombre no es visible en la versión pública del expediente— elaboró dictámenes periciales antes de que existiera una solicitud formal, con lo que contribuyó a sostener indebidamente una investigación penal contra un periodista. La condena llegó seis años después, en 2019.
¿Qué dicen las 26 sentencias?
La dependencia con más condenados fue la entonces PGR, con 12 casos, casi la mitad del total. Le siguen el Ejército y Banjército con cuatro, el SAT con tres y la Policía Federal con tres. El IMSS, el Poder Judicial Federal, el sistema penitenciario y Profepa/Conapesca suman un caso.
Por tipo de delito, los que fueron contra la administración de justicia encabezan la lista con 13 casos, seguidos por el ejercicio indebido del servicio público con 11, y el peculado de funcionarios, con dos. La pena promedio varía según la falta cometida: quienes fueron condenados por delitos contra la administración de justicia recibieron en promedio 6.8 años; los de ejercicio indebido del servicio público, tres años; los de peculado, cinco años.
Sin duda, el tiempo transcurrido entre la comisión del delito y la emisión de la sentencia es el dato más revelador: el promedio es de 8.6 años. El caso más rápido tardó dos años. El más lento, 16. La mitad de los casos demoraron en resolverse más de 8.5 años. Sólo dos de los 26 casos que ha hecho públicos el CJF en su buscador de sentencias corresponden a hechos ocurridos en 2019 o después; el resto involucra delitos cometidos entre 2007 y 2018.
En cuanto a la distribución geográfica, Ciudad de México concentra cinco de los 26 casos. Morelos registra tres; Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, Guerrero, Quintana Roo y Baja California Sur tienen dos casos cada uno.
La inhabilitación, es decir la consecuencia que impide al funcionario volver a ocupar un cargo público, estuvo ausente en al menos seis de las 26 sentencias.
Fact checking: JRH
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