El Tribunal Electoral ordenó a los Comités de Evaluación incluir a 112 aspirantes que de manera injustificada rechazaron pero que sí cumplen con los requisitos de elegibilidad para aspirar a una candidatura en la elección judicial, y rechazó a otro centenar que no pudo acreditar elementos para continuar en el proceso.
En este último bloque de rechazados en definitiva, destaca el ex suplente de Morena ante el INE y actual encargado de la Jefatura de la Unidad de actualización normativa, legalidad y regulación de la Secretaría de Educación Pública, Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, quien no logró acreditar que obtuvo al menos ocho de promedio en la licenciatura y a pesar de ser funcionario público, pidió que sus datos fueran protegidos.
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El morenista pretendía que se considerara que contaba con una maestría, y que en algunas de las materias que coinciden con sus aspiraciones a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sí obtuvo el promedio mínimo, e incluso, acusó que no considerar este hecho podría “constituir discriminación”.
Sin embargo, al igual que a otros aspirantes que pretendían ser considerados sin el promedio mínimo, al actual funcionario de la SEP no se le dio la razón porque la Constitución establece como un requisito básico, una calificación mínima de ocho en la licenciatura.
Las magistraturas dejaron claro que la Constitución habla exclusivamente de ocho en licenciatura y nueve en otros grados académicos, lo que en decenas de casos, como el de Eurípides Flores, no se cumplió.
Por el contrario, acreditaron más errores en la evaluación de los Comités al momento de revisar los requisitos de elegibilidad, pues hubo personas que sí probaron su calificación mínima para obtener una candidatura judicial, otros probaron que sus ensayos eran correctos o que sus documentos sí contaban con firma autógrafa.
A poco más de una semana de que venza el plazo para elegir a los mejores perfiles para definir las candidaturas de los cargos en juego, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revisó más de 300 asuntos que alegaban exclusiones injustificadas.
De este paquete, se determinó ordenar la inclusión de 112 personas de las cuales, 109 corresponden al Comité de Evaluación del Poder Judicial y tres al Ejecutivo.
El resto fue rechazado porque no cumplían los requisitos o porque sus impugnaciones fueron extemporáneas.
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