El gobierno de Tamaulipas quiere reformar obstaculizar actividades delictivas como el uso de ponchallantas, por parte del crimen organizado, así como la compra sin documentación de cobre que incentiva el robo.
En el marco de la entrega de la Medalla al Mérito “Luis García de Arellano” a la bailarina Cecilia Imelda Lugo Cruz, el gobernador Américo Villarreal Anaya, adelantó que su administración presentará nuevas iniciativas en materia de seguridad para fortalecer el marco jurídico vigente.
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Explicó que este acercamiento permitirá revisar avances, ajustar estrategias y ubicar áreas donde la legislación estatal requiere actualización.
Como parte de las medidas impulsadas desde la mesa de seguridad, mencionó la reciente reforma que establece como delito la simple portación de “ponchallantas”, incluso sin acreditar intención de uso, así como la prohibición de comprar cobre en recicladoras, con el propósito de cerrar el paso al mercado ilegal proveniente del saqueo de instalaciones públicas y privadas.
“Entre las propuestas para fortalecer el entorno están entre otras, tipificar como delito grave la sola portación de ponchallantas, sin necesidad de probar su uso y prohibir la compra-venta de cobre de procedencia ilícita en chatarrerías, cortando de tajo el mercado negro que alimenta robos a infraestructura pública y privada”.
Explicó que, de forma paralela a estas reformas, el Gobierno del Estado incrementará la inversión en inteligencia e investigación policial para ser cada vez más precisos y efectivos en el combate a la delincuencia.
“Hoy los grandes flujos migratorios desordenados, el huachicol fiscal y otros fenómenos que antes nos golpeaban están acotados gracias al trabajo coordinado”, explicó
Villarreal Anaya subrayó que estas acciones surgieron de observaciones realizadas durante las sesiones diarias de la mesa de seguridad, y que ya se analizan nuevas propuestas legales para inhibir conductas delictivas.
“Queremos que las y los diputados conozcan de primera mano el trabajo que realizamos. En la mesa de seguridad detectamos situaciones que requieren ajustes legislativos, y por eso impulsamos nuevas leyes para limitar prácticas que favorecen hechos delictivos y promover mejores comportamientos sociales”.
SJHN
