Por mayoría de votos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acordó que el Congreso local tiene facultades para crear una Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera (FEIF).
No obstante, el fallo aclara que esta no debe ser la única autoridad para inmovilizar cuentas o valores del sistema financiero, dado que tanto la Federación como el Estado conservan dichas atribuciones.
Durante la sesión de este lunes, al analizar la acción de inconstitucionalidad promovida por la bancada de Movimiento Ciudadano y la CNDH, el ministro ponente, Arístides Guerrero García, propuso declarar procedente la reforma al artículo 33 bis de la Ley Orgánica de la Fiscalía de Nuevo León.
A su vez, declaró la invalidez respecto a que sea la única instancia estatal facultada para el congelamiento de activos.
Debate en el pleno sobre el modelo de investigación
Un intenso debate entre los integrantes del Pleno se desencadenó de esta resolución. El ministro presidente, Hugo Aguilar, votó en contra de que la Fiscalía local cuente con facultades de investigación de este tipo, cuestionando el diseño del modelo.
"Lo que esta enfrente es como se aborda el tema de la inteligencia financiera si es una actividad que debe desarrollarse por actividades administrativas, en este caso las autoridades fiscales por la Fiscalía, en este caso en Nuevo León y creo que nivel nacional tenemos este modelo mixto.
"El proyecto dice que el tema de la inmovilización tiene carácter penal, después dice que puede ser administrativo, en esto descansa mi posición del voto en contra y del diseño de la Fiscalía y en el modelo federal tiene esta facultad de documentar y después solicitar ejercer acción penal, se les da facultades de investigar aunque el artículo 21 de la Constitución solo genera al Ministerio Público, creo que no corresponde a como esta planteado a nivel nacional", mencionó Aguilar.
La ministra Sara Irene Herrerías compartió el sentido del proyecto en cuanto que el Congreso puede crear la Fiscalía, y precisó que las funciones asignadas a la UIF, en cuanto a información financiera deben entenderse únicamente con relación e hechos ilícitos de su competencia.
"Sin embargo, con el propósito de dotar de mayor claridad al proyecto estimo pertinente precisar que las funciones asignadas a la Fiscalía Especializada consistentes en generar, obtener, analizar... deben entenderse únicamente así, y además poder precisar que el sexto transitorio es constitucional", comentó la funcionaria.
Por su parte, la ministra Lenia Batres, indicó que el Congreso vulnera las atribuciones del Ejecutivo al requerirle una transferencia a orden de subordinación.
"Podría implementarse de manera simultanea (con la del Estado) en el ámbito de sus respectivas competencias, por ejemplo, en el caso de la Federación tanto el Poder Ejecutivo como al FGR han desarrollado sus herramientas de inteligencia financiera.
"Considero que no se tendría que validar esta obstrucción que el Ejecutivo local ejerza su función administrativa en esta materia ", apuntó la ministra.
La ministra Loretta Ortiz, votó a favor de la invalidez del segundo párrafo del artículo 33 Bis, y por la invalidez del transitorio sexto, al considerar que se esta vulnerando la división de poderes.
"A mi consideración si vulnera el principio de división de poderes en particular la facultad reglamentaria del titular del Ejecutivo de Nuevo León, las Unidades surgieron como órganos administrativos", subrayó Ortiz.
Con esta resolución habrá efectos retroactivos, por tratarse de materia penal, por lo que deberán de dejarse sin efecto los aseguramientos o inmovilizaciones de cuentas de aquellas personas que se han visto afectadas por la norma que entró en vigor el 13 de febrero de 2024.
rga
