La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó una reforma que entró en vigor hace dos años y que establecía que la Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera en el estado de Nuevo León era la única autoridad facultada para inmovilizar cuentas o valores del sistema financiero.
Lo anterior, porque invade facultades que exclusivamente corresponden a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Por mayoría de votos, el Pleno avaló un proyecto de sentencia del ministro Arístides Guerrero García quien planteó que el artículo 33 Bis Ley Orgánica de la Fiscalía General de la mencionada entidad, invadió la facultad exclusiva del Congreso de la Unión de legislar sobre el tema.
El caso fue abordado porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó una acción de inconstitucionalidad impugnando el artículo que entró en vigor el 13 de febrero de 2024.
El presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz explicó que a esta fiscalía se le dio facultades de investigación similares al modelo federal.
“La Unidad de Inteligencia Financiera pues tiene esta facultad de documentar y después solicitar que ejerza la facultad de investigación y en su caso ejercer la acción penal, es la fiscalía. Pero aquí, a esta fiscalía del estado de Nuevo León se le da facultades de investigación que el artículo 21 de la Constitución sólo reserva la a la Fiscalía General (de la República), al Ministerio Público”.
Además, la ministra Loretta Ortiz Ahfl consideró que el segundo y tercer párrafo del artículo 33 Bis, así como sexto transitorio del decreto impugnado, sí vulneran la facultad reglamentaria del ejecutivo del estado.
“Ello porque el segundo párrafo del artículo 33 Bis dispone la Fiscalía Especializada de Inteligencia Financiera será la única autoridad competente del Estado para generar, obtener, analizar, consolidar información financiera, fiscal y patrimonial.
“Esta cláusula de exclusividad desplaza el ámbito administrativo de la inteligencia financiera, impidiendo al ejecutivo, organizar, mantener una unidad administrativa con funciones preventivas y técnicas en la materia”.
La resolución tendrá efectos retroactivos, por tratarse de materia penal, por lo que deberán de dejarse sin efecto los aseguramientos o inmovilizaciones de cuentas de aquellas personas que se han visto afectadas por la norma que entró en vigor el 13 de febrero de 2024.
Es de mencionar que, el ministro ponente propuso declarar la validez de otros artículos del decreto impugnado.
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